Integrantes del colectivo Lupita Rodríguez reclamaron el incremento de las desapariciones forzadas en México, y mencionaron que de 1952 a 2019 hubo 63 mil casos, y para este año ya suman 125 mil.

El dirigente del Colectivo, David Molina Rodríguez refirió que sólo en Guerrero existe el registro de 4 mil 500 personas desaparecidas, y agregó que en el país cada dos horas desaparecen 3 personas, situación que calificó como grave y desesperante para las familias que enfrentan esa violencia, “pero lo peor es la falta de resultados en las investigaciones y la apatía de las autoridades de la Fiscalía General tanto del Estado como de la República”.

Molina Rodríguez criticó de manera directa a la Fiscalía estatal, a la que acusó de mantener una postura distante frente a los colectivos de búsqueda, además de incumplir acuerdos como la realización de reuniones periódicas para dar seguimiento a los casos.

Asimismo, denunció la falta de avances en las investigaciones, señalando que en diversas carpetas no se realizan acciones clave como geolocalizaciones o análisis de datos, lo que retrasa la localización de las víctimas.

Otro de los problemas expuestos fue el rezago en los servicios forenses, los cuales —afirmó— se encuentran rebasados, con instalaciones saturadas y miles de restos humanos sin identificar, lo que agrava la crisis humanitaria.

El colectivo reiteró su exigencia de fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda de personas, garantizar su autonomía y avanzar en la aprobación de una legislación local que atienda de manera efectiva esta problemática, subrayando que la atención a la niñez no puede desvincularse del contexto de violencia que atraviesa el país.

Informó que en el marco del festejo del día del niño, el colectivo, con el apoyo de otras organizaciones realizaron una jornada en la que entregaron ropa, juguetes, útiles escolares y alimentos a menores, hijos de personas desaparecidas.

Exigen que el Semefo no pase a manos de la Fiscalía

David Molina exigió que el Servicio Médico Forense (Semefo) no pase a manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que dicha institución ha mostrado una actitud apática y distante frente a las familias de personas desaparecidas.

El vocero del colectivo “Lupita Rodríguez” recordó que el titular de la FGE, Zipagná Torres Ojeda, se comprometió a duplicar la plantilla de la Fiscalía Especializada en desaparición de personas, sin que hasta ahora se haya cumplido dicho ofrecimiento.

“Tenemos un fiscal que no atiende a los colectivos, hay una apatía total con el movimiento social y con la búsqueda de las familias”, acusó.

Advirtió que transferir el control del Semefo —actualmente bajo la Secretaría de Salud Guerrero (SSG)— a la FGE representaría un retroceso, debido a la falta de confianza hacia esa institución.

Destacó que continúan los trabajos para la creación de la Ley para Erradicar la Desaparición Forzada en Guerrero, proceso en el que se han realizado al menos 24 reuniones con el Congreso local y autoridades estatales.

Indicó que, a petición de los colectivos, ya se logró la construcción de un Centro de Identificación Humana, aunque aún falta equiparlo. Para ello, el Gobierno estatal ha planteado destinar 45 millones de pesos, además de 25 millones para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Molina Rodríguez subrayó la urgencia de concretar estos recursos, ya que el Centro de Resguardo o Panteón Ministerial se encuentra prácticamente saturado: tiene capacidad para mil 167 cuerpos y actualmente alberga más de mil 100.

“Ya no queremos que se sigan almacenando cadáveres, queremos que sean identificados y entregados a sus familias”, enfatizó, al respecto, reconoció que este año “Servicios Periciales lleva más de 100 personas identificadas y con entrega digna a sus fmiliares, eso también debemos reconocerlo, que lo han hecho con poco presupuesto y poco personal, antes se entregaban unos 27 cuerpos en un año nada más, es un salto muy grande pero creemos que se puede mejorar”.

Adelantó que dentro de la nueva legislación se busca fortalecer la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda, actualmente adscrita a la Secretaría General de Gobierno, lo que limita su operación. Asimismo, los colectivos impulsan la creación de un Instituto de Ciencias Forenses que permita avanzar en la identificación de personas y reducir el rezago existente.