En México, enfermarse y atenderse en el sector privado se ha vuelto una operación financiera de alto riesgo. El seguro privado de gastos médicos mayores es una respuesta social, laboral y patrimonial frente a fallas reales -y también percibidas- de acceso, oportunidad, calidad, disponibilidad de medicamentos y protección financiera del sistema público.

Hoy en día no basta con tener una póliza de gastos médicos mayores para enfrentar un problema de salud en el sector privado. Hay que entender deducibles, coaseguros, tabuladores, exclusiones, redes hospitalarias, autorizaciones, reembolsos y diferencias de honorarios. Y aun así, el paciente puede salir del hospital con una cuenta que nadie le explicó del todo.

El problema es real y multifactorial. Las aseguradoras enfrentan una inflación médica que crece por encima de la inflación general, además de cambios fiscales asociados al IVA. Los hospitales concentran buena parte del costo en medicamentos, insumos, estudios y cargos administrativos. Los médicos, por su parte, reclaman tabuladores bajos y fijan honorarios que muchas veces quedan fuera de lo reconocido por las aseguradoras. Mientras, el usuario queda atrapado entre tres lenguajes: el médico, el financiero y el legal.

Por eso la reforma que tuvo como antecedente la iniciativa del diputado Jericó Abramo Masso y que después escaló a una propuesta para modificar disposiciones de siete leyes no era menor. Buscaba ordenar un mercado que acumula quejas: pólizas cada vez más caras, adultos mayores expulsados por incrementos impagables, poca portabilidad, facturación hospitalaria opaca y pacientes que descubren tarde que “estar cubierto” no significa que el seguro pagará todo.

La iniciativa planteaba mayor transparencia en pólizas, redes de médicos, tabuladores y condiciones de renovación. Buscaba que los hospitales entregaran cuentas claras y cortes diarios desglosados. Pretendía fortalecer la protección del usuario ante Condusef y Profeco. Y abría la puerta a una portabilidad real para no perder antigüedad al cambiar de aseguradora. No prohibía el mercado ni estatizaba la medicina. Atacaba algo más incómodo: la opacidad.

Si la iniciativa ya había sido discutida en foros, si ya se habían escuchado observaciones de aseguradoras, hospitales y otros actores, si ya se habían hecho ajustes y si el dictamen estaba listo para votarse, ¿por qué se postergó su discusión y eventual aprobación de último minuto en la Comisión de Hacienda?

La explicación pública fue que se necesitaba ‘más tiempo’ para analizarla. Pero, después de foros, observaciones y ajustes, esa respuesta resulta insuficiente. Menos cuando se trata de una reforma con impacto directo sobre millones de usuarios y sobre un mercado donde la información asimétrica es precisamente parte del problema.

La postergación no prueba corrupción. Tampoco permite afirmar jurídicamente que hubo un veto ilegal de actores privados. Pero sí revela algo políticamente grave: los sectores que iban a ser regulados tuvieron suficiente capacidad para detener el reloj legislativo en el momento decisivo. Eso se llama, por lo menos, captura regulatoria blanda. ¿Qué significa? Que hay un proceso público que termina acomodándose a los tiempos, temores y prioridades de quienes poseen mayor poder económico. El usuario, otra vez, queda esperando.

Lo que está en juego es si México permitirá que el mercado privado de salud siga operando con baja transparencia o si construirá una regulación moderna que combine competencia, solvencia financiera y protección efectiva del paciente.

Esto no se trata de una “guerra de villanos”. No se trata de satanizar al seguro privado, que cumple una función de protección patrimonial ante un sistema público que no siempre responde con oportunidad. Tampoco se trata de culpar sólo a los médicos ni de usar a los legisladores como únicos responsables; eso sería funcional para aseguradoras, hospitales y para el propio círculo político. El problema es un ecosistema que se acostumbró a que el paciente firme, pague y después pregunte.

Lo que ocurrió en el Legislativo es claro: cuando la reforma pasó de la retórica a los dientes regulatorios, apareció el freno. Mientras se hablaba de proteger usuarios, todos podían estar de acuerdo. Pero cuando se tocó la facturación hospitalaria, la portabilidad de pólizas y la posibilidad de sanciones, la reforma dejó de ser cómoda.

Mientras los actores poderosos ganan tiempo, el usuario sigue perdiendo dinero. La siguiente renovación de las pólizas llegará con aumentos, las cuentas hospitalarias seguirán siendo difíciles de auditar y el paciente seguirá descubriendo que su seguro no siempre lo protege del golpe financiero de enfermarse.

Cuando una reforma diseñada para transparentar seguros y hospitales se detiene sin explicar públicamente quién pidió qué y por qué, la sospecha deja de ser conspiración y se vuelve una pregunta democrática legítima.

Por ahora, el único hecho incontrovertible es éste: no perdió la aseguradora, no perdió el hospital, no perdió el médico y no perdió el legislador. Perdió el usuario.