¿Quién en su sano juicio –y que no sea un “vendepatrias”, que sí los hay– estaría de acuerdo en la injerencia extranjera en las decisiones que solo competen a los mexicanos? Pero establecer, de manera ambigua e indefinida, la nulidad de una elección en caso de que ese supuesto ocurra es sospechoso y peligroso.

La Cámara de Diputados aprobó en modo exprés la iniciativa del líder morenista Ricardo Monreal que plantea que a las tres causales de anulación actualmente previstas en la Constitución y en la legislación electoral (exceso de gastos de campaña; compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión y uso de recursos públicos o de procedencia ilícita en campaña), se agregue una cuarta: cuando “exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.

Las críticas a la iniciativa no se hicieron esperar, comenzando por la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. De “patriotera” y “trasnochada” no la bajaron, y consideraron que el verdadero objetivo es “blindarse” de la opinión internacional frente a vínculos político-criminales.

‘Es que es la oposición del No a todo’, ‘Es que son entreguistas y anhelan la imposición desde fuera’... dirán en la ‘4T’. ¿Sí? A ver, díganle eso a las voces que, en el propio oficialismo, se opusieron. Y son opiniones de peso, nada menos que la del vicecoordinador de la diputación guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, y de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quienes votaron en abstención por no estar de acuerdo.

Como jurista, Sánchez Cordero advirtió que “estamos frente a una norma abierta, y esa norma abierta no establece con precisión su contenido y alcance, y como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos; voy a votar en abstención porque atenta contra el principio de certeza”. ¿Así o más claro?

Los cuestionamientos también vinieron de expertos electorales y juristas. Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, planteó varias interrogantes, entre ellas, que “si el INE ha sido incapaz de detectar grandes porciones de financiamiento ilegal en campañas dentro del país, ¿cómo va a detectar financiamiento del extranjero? ¿Cómo identificará el origen de campañas en redes sociales o ciberataques? (...) ¿qué criterios se usarán para definir si una expresión, un posteo en X o una declaración tiene la ‘intención’ de influir en las preferencias electorales y, más aún, si fue determinante para el resultado?”.

Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes cuestionó que “la redacción es tan amplia como peligrosa”, pues “bastaría acreditar que hubo ‘intención’ de influir en las elecciones para anularlas”, y consideró el proyecto como “cheque en blanco para la arbitrariedad judicial”.

Pero además, las causales que pretende fijar Monreal de alguna manera ya están establecidas en la legislación actual. Por ejemplo, está la Ley General de Partidos Políticos, que en su artículo 54 precisa: “No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

(...)

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

(...)

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero”.

Una intervención podría ser una “aportación en especie”, y bastaría entonces con aplicar esa legislación vigente.

Más allá de sus vicios o debilidades, el plan oficialista se enmarca en ese discurso oficial de defensa de la soberanía con el que se estaría pretendiendo desviar la atención de los escándalos domésticos.

Ahora bien, para que la nulidad proceda, tanto por las causales ya existentes como por las añadidas por Monreal, debe acreditarse que las irregularidades son graves, generalizadas, sistemáticas y, sobre todo, determinantes. ¿Qué tan viable realmente es demostrar que dichas conductas afectaron de forma directa y determinante el resultado de la votación?, ¿quién va a decidirlo y bajo qué criterios?, ¿cómo se va a resolver qué sí y qué no es injerencia y hasta qué punto influyó en un resultado?

Mientras no se aclare eso, todo lo demás es narrativa, es envolverse en la bandera y es una defensa de la soberanía que se queda en el papel, en el discurso del mitin o en el flamígero post.

Mas no hay que ser ingenuos, no se trata tampoco de taparse los ojos y no reconocer que efectivamente Estados Unidos ha tenido siempre, y ahora mucho más con Trump, afanes intervencionistas. Hemos visto la clara injerencia de Washington en procesos electorales tanto en Latinoamérica –Argentina y Honduras– como en Europa –Hungría y Polonia–. Pero qué decir de los rusos, ¿acaso no han tenido intentos por inmiscuirse? Y de parte de los españoles, Díaz Ayuso, de la derecha, o Pablo Iglesias, de la izquierda, ¿no podríamos decir que buscan influir políticamente en México?

Es necesario, sí, cerrar la puerta a la injerencia extranjera, pero ¿es eso lo que busca la iniciativa de Monreal o es más un artilugio demagógico para apelar al nacionalismo y tener más elementos para poder anular un resultado adverso?

Y no, cuestionar la iniciativa no significa estar a favor de la injerencia ni ser ‘vendepatrias’, solo es poner las cosas en su justa dimensión.