El artículo siete del capítulo 34 del TMEC indica que este primero de julio el ministro Dominic LeBlanc, el embajador Jamieson Greer y el secretario Ebrard, que conforman la Comisión del tratado, informarán por escrito a sus contrapartes si desean, a nombre del gobierno que representan, prorrogar la vigencia del tratado por otros 16 años. En caso de que alguno de los tres no confirmara su deseo de prorrogar la vigencia del tratado, la Comisión se reunirá anualmente para realizar una revisión hasta el 2035 y, a menos que se acordara otra cosa, el pacto quedaría disuelto el 30 de junio del 2036. También existe la posibilidad de que cualquiera de los socios notifique por escrito su salida del acuerdo, conforme al artículo seis del capítulo 34, lo que ocurriría en seis meses a partir de la fecha de dicha notificación.
Ni el texto del tratado ni la ley que aprobó el congreso de Estados Unidos para implementarlo en ese país establecen una fecha límite para concluir la revisión. Sin embargo, la ley pública 116-113, que es como está registrada la ley de implementación del TMEC, indica que el Representante Comercial (USTR) deberá informar a los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Procedimientos de la cámara baja, que son los responsables del comercio internacional en el Capitolio, si Estados Unidos pretende seguir siendo parte, o no, del tratado, las razones que soporten dicha decisión y los esfuerzos que haya realizado para corregir cualquier problema que hubiera surgido para su cumplimiento. Y esto deberá suceder a más tardar 30 días antes de la reunión ministerial de julio.
Greer ha dicho en numerosas ocasiones que Trump no está de acuerdo en endosar la extensión del TMEC sin cambios. Autoridades estadounidenses han comentado que esta posición se deriva en parte de una evaluación que el presidente solicitó coordinar al USTR, el 25 de enero del año pasado, de los efectos del tratado sobre la economía, las empresas y los trabajadores de la Unión Americana en la que participaron, entre otros, los departamentos de Comercio y del Tesoro, el Asistente Presidencial para Políticas Económicas Kevin Hassett y el Consejero para Comercio y Manufacturas Peter Navarro, y que se ha manejado como confidencial.
Además, Greer ha dicho que busca transformar el tratado en dos bilaterales por las diferencias que existen entre Estados Unidos con México y Canadá en el nivel de cumplimiento del tratado, en la agenda económica y sobre todo en la agenda de seguridad nacional, en particular a partir de la publicación en noviembre de la Estrategia de Seguridad Nacional. Hasta la fecha, ni Trump ni Greer han respondido a las numerosas peticiones tanto de varios grupos de legisladores de ambas cámaras como de las principales organizaciones del sector privado estadounidense que abogan por mantener el TMEC como un instrumento trilateral. Por su parte, la animadversión de Trump hacia Canadá ha propiciado un creciente distanciamiento entre la Casa Blanca y Ottawa en el que Sheinbaum no ha querido participar, abriendo un nuevo frente de negociación para México.
El tratado especifica que cada Parte podrá proporcionar a partir de este primero de junio recomendaciones para que la Comisión tome medidas, lo que abre la posibilidad de que México y Estados Unidos presenten propuestas conjuntas que pudieran acordar a lo largo de esta semana, lo que podría ser un elemento que presionara a Canadá. Por su parte, Ottawa se ha mantenido firme en que todo aspecto relacionado con el tratado se debe negociar en un marco trilateral, como lo relacionado con minerales críticos, a diferencia de México que anunció en febrero el inicio de un programa conjunto con Estados Unidos.
Negociar bilateralmente con Estados Unidos tiene sentido para Sheinbaum debido a que el 83% de nuestras exportaciones y el 60% de nuestro comercio total es con la Unión Americana. Sin embargo, el estancamiento de la economía y la ausencia de inversión privada nos colocan en una posición de mayor vulnerabilidad donde el gobierno mexicano se ve en la necesidad de sacar adelante el acuerdo, lo que puede implicar un alto costo político. Y Trump y Carney lo saben.
Mientras Sheinbaum siga sin solucionar las barreras no arancelarias de las que el USTR se ha quejado y que alejan a los inversionistas, cualquier acuerdo resulta insuficiente y el Plan México sigue siendo letra muerta. Además, seguir protegiendo a Rocha Moya desacredita a su gobierno y a su imagen e incrementa el costo político de la negociación.