“Si no hay solución, no rodará el balón.” Con esa consigna, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancó el 1 de junio un supuesto paro nacional indefinido y amenaza con extender sus protestas a la inauguración del Mundial, dentro de apenas unos cuantos días.

El cálculo político es claro: usar el escaparate global del torneo —del que la Ciudad de México es una de las sedes— para forzar una negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero detrás del pulso mediático hay un muro que ninguna marcha puede mover: el de los recursos fiscales.

La tercera mesa de diálogo en Gobernación cerró el pasado 4 de junio sin acuerdos, igual que las dos anteriores. La frase con la que la dependencia explicó el estancamiento es la mejor síntesis del problema de fondo: las demandas que no se pueden atender, dijo, lo son “por falta de presupuesto y no de voluntad”.

El magisterio rechazó el aumento salarial de 9% que la SEP ofreció el 15 de mayo —exige 100%— y mantiene en su pliego de 79 puntos dos banderas históricas: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, para regresar a un sistema de reparto sin Afores, y la cancelación de la reforma educativa. El gobierno derivó esos dos temas a “mesas de trabajo específicas”, el lenguaje con el que suele aplazarse lo que no se piensa conceder.

No se aceptó en principio (lo están consultando con las bases) la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado.

La promesa de campaña de regresar al esquema previo a 2007 chocó desde el inicio con la aritmética. En el documento entregado a la CNTE en mayo de 2025, firmado por las secretarías de Gobernación, Educación Pública y el propio ISSSTE, el Ejecutivo fue inusualmente franco: la abrogación de aquella reforma “tendría un impacto financiero muy grande” que “resulta insostenible para el Estado”. Morena llegó a la misma conclusión: revertir el régimen tendría “repercusiones económicas muy grandes”.

El argumento técnico es contundente. Cuando se aprobó la reforma calderonista, alrededor de 90% de los trabajadores en activo eligió permanecer en el régimen de reparto del Décimo Transitorio; el resto migró a cuentas individuales. Para esos últimos, el dinero ya no está en las arcas públicas: está en cuentas personales administradas por Afores. Revertir el modelo no es derogar un artículo, sino reconstruir un pasivo que el Estado dejó de fondear hace casi dos décadas. La factura es tan grande que se cuenta en puntos del PIB, más que en miles de millones.

Negada la abrogación, el gobierno optó en 2025 por una concesión dentro del régimen de reparto. El decreto publicado en el Diario Oficial el 24 de junio de 2025 detuvo el aumento escalonado de la edad de retiro que imponía la reforma de 2007 y lo revirtió: la edad mínima de jubilación bajará de forma gradual entre 2028 y 2034, hasta quedar en 53 años para las mujeres y 55 para los hombres. El beneficio aplica solo a quienes siguen en el Décimo Transitorio, acrediten 28 o 30 años de cotización respectivamente y no hayan tomado el bono de pensión. Alcanza a unos 947 mil trabajadores del Estado.

El costo lo reconoció la propia administración: más de 36 mil millones de pesos anuales durante este sexenio y alrededor de 80 mil millones hacia 2034, según las cifras de la SEP. A ello se sumaron el aumento salarial, una semana extra de vacaciones y la desaparición de la unidad que monitoreaba la carrera magisterial (Usicamm). Es un paquete caro, pero acotado y previsible. La diferencia con la abrogación total es de orden de magnitud: el decreto cuesta decenas de miles de millones; revertir el sistema costaría billones. Esa brecha explica por qué, un año después, el gobierno sigue en la misma línea.

Aquí está el nudo que toda lectura financiera debe subrayar. Tras el decreto, un docente que haya elegido el retiro por el Décimo Transitorio podrá retirarse, en el horizonte de 2034, a los 53 o 55 años, con una pensión de reparto, es decir, de beneficio definido, financiada por el erario.

El resto de los trabajadores mexicanos —los afiliados al IMSS y quienes cotizan en cuentas individuales— se jubilarán a los 65 años y con una pensión que depende casi por completo del saldo acumulado en su Afore. La brecha llega a doce años de vida laboral.

La distancia se ensancha en el monto. Desde un fallo de la Suprema Corte de 2021, las pensiones del Décimo Transitorio se topan en diez UMA, hoy unos 34 mil pesos mensuales; aun así, son prestaciones de beneficio definido que el Estado garantiza. El trabajador promedio de Afore enfrenta tasas de reemplazo que rara vez superan la mitad de su último salario, pese al Fondo de Pensiones para el Bienestar que busca completar al 100% a quienes ganan hasta el salario medio cotizado. Conviven dos sistemas de retiro con lógicas opuestas, y el sector público sigue en el lado privilegiado de la línea.

El telón de fondo es demográfico y no perdona. El gasto en pensiones del sector público presupuestario sumó casi 560 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2026, un alza real de 6.8% anual, según Hacienda, aunque en este monto también están las pensiones pagadas a los afiliados del IMSS bajo el régimen derivado de la Ley de 1973.

Las proyecciones del ISSSTE ubican el pico de jubilaciones con el régimen de reparto entre 2030 y 2040, justo cuando madure el decreto de retiro anticipado: se adelantó la salida de casi un millón de trabajadores en vísperas de la década de mayor presión.

El gobierno hizo bien en no abrir la caja de pandora de la abrogación, que habría comprometido programas sociales hoy elevados a rango constitucional.

Pero la concesión que sí otorgó empuja gasto hacia los años en que el envejecimiento ya hará lo suyo. Se evitó la bomba mayor y se encendió un explosivo menor.

El paro terminará como lo ha hecho en otras ocasiones —con o sin Mundial de por medio— pero el sistema dual de pensiones y la bomba demográfica seguirán ahí.

La pregunta no es si el arreglo provisional de 2025 es equitativo —no lo es—, sino cuántos años más podrá sostenerse sin una reforma pensionaria de fondo que esta vez nadie parece dispuesto a empujar pues tendría que ir en sentido contrario a la propuesta de la CNTE.