La semana pasada se realizaron los cómputos de las elecciones que en Coahuila permitieron la renovación del Congreso local, integrado con 25 diputaciones: 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Los resultados indican un triunfo contundente del PRI que, en alianza con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), ganó en los 16 distritos, más la probable asignación de otras dos diputaciones por representación proporcional, que le dará la mayoría calificada y el control del Congreso.
Las elecciones y los cómputos ocurrieron en un ambiente eclipsado por la Copa Mundial de Futbol y por las expresiones sociales de diversos grupos que reflejaron su descontento frente al gobierno, pero que no impidieron la ceremonia de inauguración y, menos aún, los multitudinarios festejos en el Ángel de la Independencia. Queda para la historia el contraste de las dolorosas imágenes de madres buscadoras y sus reclamos sin respuesta oficial frente a cientos de policías, mientras otras multitudes festinaron el inicio del campeonato.
En ese escenario y pese al embate del pesado aparato del gobierno federal y su partido, el PRI y la UDC consolidaron el dominio político que tienen en la entidad; volvieron a frenar al morenismo en un estado donde ni el oficialismo de López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum han conseguido desplazar, ya no digo a sus adversarios, si no a sus enemigos políticos que todos los días son fustigados desde la mañanera.
Morena exhibió su nula aceptación al contundente descalabro y se comportó como cualquier otro partido en la derrota. No reconoció que esta vez el electorado no los favoreció. Al contrario, denunciaron trampas y una elección de Estado; en voz de Ariadna Montiel, desde las 6 de la tarde del domingo pasado, acusó que los votos fueron pagados a través de un sofisticado sistema de códigos QR y que irían a los tribunales.
También Ricardo Monreal refirió un presunto secuestro de legisladores morenistas que no ha sido demostrado. Lo cierto es que en el partido guinda no existe la autocrítica ni la aceptabilidad de la derrota que se originó en la ineficacia de Andy López Beltrán y de Luisa María Alcalde, además de la incapacidad de sus candidaturas para contrarrestar la premisa política usada por el PRI como estrategia de acción electoral, consistente en contrastar las condiciones de seguridad que prevalecen en Coahuila frente a lo que ocurre en muchas otras entidades del país.
Luego de la euforia por los resultados, en la antesala de los procesos electorales 2026-2027, los partidos opositores enfrentan la obligación de aquilatar lo sucedido y demostrar si tienen capacidad para aprovechar la lección en el diseño de las estrategias nacionales. PAN, MC y hasta el PVEM, que compitieron solos en Coahuila, casi desaparecieron en esa entidad; al menos, perdieron acceso a prerrogativas locales, ¿será que reconsiderarán el tema de las alianzas? O volverán a ir por su cuenta en un camino que, sin alianzas, resulta incierto.
El oficialismo enfrentará el desgaste que los ejercicios demoscópicos ya evidencian, sobre todo por la defensa a ultranza de Rocha Moya y demás implicados en el caso Sinaloa, a la par del descontento que desborda en las calles con los reclamos de los maestros, familiares y madres buscadoras, transportistas, productores del campo y jóvenes estudiantes; aunque debemos alertar a la sociedad desde ahora: los morenistas tienen bajo la manga sus nuevas armas electorales, la Comisión de Integridad de Candidaturas y la causal de anulación de elecciones por intervención extranjera. Veremos cómo las usan.