La reciente visita a México de Volker Türk no pasó desapercibida, ni por su investidura ni por la contundencia de su diagnóstico. Sus palabras no admiten matices ni eufemismos: “Las desapariciones, un reto doloroso y una herida abierta”.

La frase sintetiza una de las crisis más profundas y persistentes que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

No es un tema nuevo, pero sí uno que se resiste a desaparecer de la agenda pública por la crudeza de sus cifras y, sobre todo, por el sufrimiento que arrastra. Las desapariciones en México siguen siendo uno de los desafíos más graves y lacerantes.

No solo por el número creciente de casos, sino por el impacto devastador en miles de familias que viven en una incertidumbre permanente, atrapadas entre la esperanza y la desesperación.

La visita del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas cobra relevancia precisamente por el momento que atraviesa el país. A escasos meses de un nuevo ciclo político —elecciones intermedias, 2027— y en medio de un discurso oficial que insiste en avances en seguridad, la presencia de un observador internacional con autoridad moral e institucional de carácter internacional introduce un contraste incómodo, pero necesario.

Türk no solo se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su agenda incluyó encuentros con colectivos de madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos, actores que, en muchos sentidos, han suplido la ausencia del Estado en la búsqueda de desaparecidos.

Esa decisión no es menor: escuchar a quienes buscan con sus propias manos en fosas clandestinas implica reconocer que el problema no está resuelto y que las respuestas institucionales han sido insuficientes.

El señalamiento central del alto comisionado apunta a una herida estructural: la impunidad. No se trata únicamente de la desaparición en sí misma, sino de la incapacidad del sistema para investigar, sancionar y reparar. La impunidad, dijo, es el mayor reclamo social.

Esa afirmación refleja una realidad más amplia: los feminicidios, los abusos de autoridad y el uso común de la prisión preventiva son parte de un mismo conjunto de problemas en las instituciones.

El uso abusivo de la prisión preventiva refleja una paradoja inquietante. Mientras miles de casos graves permanecen sin resolver, el sistema penal recurre a medidas que, en teoría, deberían ser excepcionales.

Es decir, se castiga sin sentencia a algunos, mientras otros delitos de alto impacto quedan en la sombra de la impunidad. Un desequilibrio que erosiona la confianza en la justicia.

No basta con reconocer el problema; es imprescindible traducir ese reconocimiento en acciones concretas. Reformas legales, fortalecimiento de fiscalías, mecanismos de búsqueda eficaces y, sobre todo, voluntad política para enfrentar redes de complicidad que, en muchos casos, involucran a autoridades locales.

La exigencia de Türk sobre procesos efectivos de rendición de cuentas y garantías de no repetición coloca el debate en un nivel más profundo. No se trata solo de atender el pasado, sino de evitar que el fenómeno continúe reproduciéndose. Y para ello, la prevención es tan importante como la sanción.

La administración de Claudia Sheinbaum recibe este mensaje en un momento clave. La transición de gobierno ha estado marcada por la promesa de continuidad con cambio, una fórmula que ahora enfrenta su prueba más compleja en el terreno de los derechos humanos.

La continuidad de políticas sin resultados distintos podría perpetuar el problema; el cambio, en este caso, implica decisiones complejas y, probablemente, costos políticos.

La relevancia de la visita también radica en su capacidad de mantener el tema en la agenda pública. En un país donde la coyuntura política y mediática suele desplazar rápidamente los asuntos incómodos, la intervención de un actor internacional ayuda a evitar que las desapariciones queden relegadas al olvido, precisamente por darle un escaparate internacional al problema en México. Y ese es, en sí mismo, un aporte significativo.

Porque detrás de cada cifra hay una historia. Un nombre, una familia, una ausencia que no se llena con estadísticas ni discursos. Las madres buscadoras lo han dejado claro una y otra vez: su lucha no es ideológica, es profundamente humana.

Buscan a sus hijos, a sus hijas, a sus seres queridos. Y en ese proceso, han construido una red de resistencia que interpela directamente al Estado.

México no parte de cero. Existen leyes, instituciones y mecanismos diseñados para enfrentar este flagelo. Sin embargo, la brecha entre el diseño institucional y su implementación sigue siendo abismal. Ahí es donde radica el verdadero desafío.

Ya no hay margen para simulaciones. Las desapariciones no son solo una estadística: son, como bien lo dijo el alto comisionado, una herida abierta que México no ha logrado sanar.