Llamó la atención que la nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, diera a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum le instruyera de inmediato, para que “de forma prioritaria” analice la viabilidad de realizar la elección del Poder Judicial en 2027, o bien, aplazarla un año, lo cual abre las puertas para que se rectifique un proceso espinoso y controversial.

Recordemos que la mandataria ha reiterado que lo ideal es que las elecciones para el Poder Judicial también sean en 2027, conforme a la ley, aunque también abarataría costos. Eso incluía la revocación de mandato, pero los intereses partidistas se impusieron y revirtieron los deseos de la presidenta después de que el PT decidiera detener el llamado Plan B. Ahora toca turno de analizar qué pasará con meter en el mismo proceso electoral la elección judicial o bien es más conveniente aislarla hacia 2028.

Las elecciones del próximo año siguen bajo el escrutinio público y jurídico para definir el mejor camino hacia una elección exitosa. Hasta el día de hoy, las dudas permean sobre su mecanismo, principalmente sobre cómo enfrentará la ciudadanía el hecho de llegar a la urna inundada de papeletas, lo que generaría confusión e imprecisiones. No hay democracia cara si garantiza certeza electoral, por eso es conveniente que la elección al Poder Judicial se celebre en 2028.

Al parecer hacia ese rumbo irán las decisiones. No solo porque ya definieron en Palacio Nacional que se revise el caso, lo cual tiene lógica a pesar de que para muchos expertos ha sido inconstitucional la ampliación de los periodos para elegir nuevos magistrados de la Sala Superior. El mal precedente se asentó en los años 2016 y 2024 a través de transitorios, incluso ante la molestia de López Obrador, ya que fueron esos ajustes los que permitieron la prolongación de varios magistrados y magistradas en el puesto politizando sobremanera la esencia del Poder Judicial.

Pero todos esos ajustes chocan nuevamente con la realidad actual a pesar de que está en la ley, ya que estamos hablando de que una magna elección en 2027 perjudicaría los resultados acorde a lo que se quiere en México: una democracia robusta y transparente, pues reitero, la ciudadanía, en lugar de votar concienzudamente, se adentraría involuntariamente en laberintos infructuosos después de recibir hasta 15 boletas, en algunos estados, con decenas de nombres a puestos que, muchos, ni siquiera saben de qué se trata.

Por ello cobra relevancia lo que apuntó el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, en un encuentro con líderes de la comunidad mexicana en San Diego el pasado fin de semana. Alertó de la “complejidad” del año electoral del próximo 2027, por lo que es necesario, dijo, “separar la elección judicial de los comicios intermedios”, ya que la “elección judicial tiene una naturaleza distinta”, es decir, tiene “su propio cauce”.

Días después, insistió en el tema, y planteó una pregunta clave, “¿El modelo que desarrollamos en el 2025 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones, o debemos de configurar estas nuevas reglas, también con base en una experiencia, no solo como candidatos, sino también como instituciones?”.

Seguramente esos mensajes ya los toma en cuenta Luisa María Alcalde, y si no, lo debería hacer, ya que no hay como desarrollar estrategias comunes y lógicas para el bienestar de los procesos e instituciones democráticas del país.

Es inimaginable, inapropiado y contraproducente que en 2027 se elijan gubernaturas, diputados federales y locales, así como a presidentes municipales, además de magistrados de Sala Superior, magistrados colegiados en distintas materias (civil, penal, laboral, mercantil, telecomunicaciones), magistrados unitarios y jueces de distrito (igual en distintas materias).

En lugar de ello, se debe comenzar a trazar un mapa para la gente que explique: ¿qué hace cada quien dentro del Poder Judicial? ¿Qué impacto hay en la ciudadanía? ¿Qué y para qué se van a elegir los múltiples puestos? Aún hay mucho por hacer, antes de comprometer un proceso en 2027 cuestionado en su origen. Es obligado trabajar distinto y separar las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto a las judiciales.

El debate crece, porque paralelamente, mientras Luisa María Alclade sentenció la urgencia de revisar los periodos electorales, más tarde, el senador Ricardo Monreal, alertó que se podría convocar a un periodo extraordinario antes de que concluya mayo, para dar oportunidad a revisar la ley en materia electoral y poder reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la elección de jueces y magistrados del PJF. Con estas señales, queda claro que, desde Palacio Nacional, corre la encomienda que, aunque se gaste más, son mejores las elecciones con certezas.

Que no quepa duda, siempre será mejor apostar por elecciones claras que fortalezcan a nuestras instituciones, a unas entrampadas en los deseos fácticos o políticos, que la debiliten y encaminen hacia un modelo indefinido que altere nuestra vida democrática.