De ceder el gobierno de México a las presiones de Donald Trump para que acceda a su intervención militar en contra de los cárteles identificados como terroristas, habría que pagar un costo inmenso. No sería gratuito.

Trump no hace negocios desde el gobierno; ha convertido a su gobierno en un negocio. De suma cero, además: lo que uno gana solo puede ser a costa del otro.

A esa perspectiva le viene muy bien el cambio de enfoque del narcotráfico para relacionarlo con la seguridad nacional y considerarlo como un mal que debe ser combatido por pura la fuerza.

En la ONU e internamente, Trump se ha rehusado a considerar las adicciones de sus 48.4 millones de adictos a sustancias —de doce años de edad en adelante— como un problema de salud pública; canceló lo que la administración de Barack Obama había avanzado en esa dirección.

En una ocasión, hace como un año, la presidenta Sheinbaum le hizo ver a Trump que en México se mantenían campañas contra las adicciones por medios masivos; cuando Trump narró esa conversación a la prensa, dijo, en tono burlón, que no se le había ocurrido resolver así el problema.

La afirmación de que los cárteles de la droga son organizaciones terroristas extranjeras le permite a la política nacional-imperialista que sigue Trump pasar por encima de las leyes internacionales, invocar las propias e intervenir en una “guerra contra las drogas” en cualquier otra nación, para después pasar la cuenta.

Cobra en metálico, o petróleo como en Venezuela, o asentando bases militares como en Colombia, y buscaría su beneficio personal con concesiones para abrir campos de golf como el que ha querido construir en Cozumel, pero sobre todo, se cobra con la anulación de cualquier vestigio de soberanía en política económica e internacional del país intervenido.

México pagaría muy caro los “servicios” de las fuerzas militares estadounidenses; lo haría cerrando los márgenes de acción del proyecto político de gobierno que se propone transformar la función distributiva del ingreso del Estado; las corporaciones estadounidenses tendrían que recibir trato como empresas nacionales en las compras de gobierno, pero no en materia fiscal; la política internacional sería de pleno alineamiento en la confrontación EU-China, que se irá profundizando.

Habrá quien considere que vale la pena renunciar a cualquier rastro de soberanía si el ejército estadounidense nos libra del crimen organizado y recuperamos la paz y la tranquilidad pública en México.

Nadie que esté leyendo esto es ingenuo; sabe que lo que mueve a EU a intervenir son exclusiva y únicamente sus intereses geopolíticos, los negocios de las corporaciones, asegurar acceso a recursos naturales y orquestar el acceso al poder de un gobierno del que Washington se pueda aprovechar con facilidad.

Esa es, con toda puntualidad, la experiencia de las intervenciones que ha practicado Estados Unidos en once países de América Latina entre 1950 y la actualidad (por limitarnos a ese lapso). En todos los casos se trató de frenar proyectos nacionalistas o progresistas.

Estados Unidos ha intervenido con invasiones militares directas, golpes de Estado orquestados por la CIA, operaciones encubiertas, bloqueos económicos, apoyo a fuerzas de oposición, secuestros y magnicidios.

Ha dejado tras de sus intervenciones guerras civiles en Guatemala y El Salvador; en Cuba fracasó en el intento de derrocar a Fidel Castro con la invasión de Bahía de Cochinos (1962), pero en la República Dominicana desembarcó 20 mil soldados en 1965 para restablecer el régimen que le era afín y que estaba a punto de caer.

La CIA orquestó el golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende (1973), presidente democráticamente electo, para instalar una dictadura que convirtió al país en el laboratorio del neoliberalismo.

Ahí se originó buena parte de las condiciones de un orden económico-político que prevalece en la Latinoamérica actual: predominio financiero sobre actividades productivas, privatización de recursos públicos, dependencia de exportaciones y debilitamiento del Estado desarrollista.

Centroamérica y el Caribe fueron el escenario de las intervenciones estadounidenses durante la década de 1980. Las sufrieron Nicaragua, El Salvador, Granada, Panamá y dos veces Haití.

Hasta ese entonces, las intervenciones se justificaban como ataques al comunismo soviético, con el que se identificaba a gobiernos nacionalistas o progresistas, y el discurso se adornaba con alusiones a la defensa de la democracia y los valores occidentales.

Al mismo tiempo, EU apoyaba regímenes totalitarios; mantuvo apoyo político, militar y de inteligencia a los regímenes dictatoriales que se habían impuesto mediante golpes de Estado en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay durante la década de 1970 y parte de la siguiente.

Desaparecida la URSS, Nixon le declaró en los años 80 la “guerra a los cárteles del narcotráfico”. La retórica defensiva de la democracia o alusiones a las libertades y bienestar de los pueblos dejó de adornar las intervenciones.

Colombia ya experimentó la intervención colaborativa de Estados Unidos para combatir narcotraficantes y guerrillas con el Plan Colombia, que estuvo vigente del 2000 al 2016. Durante ese lapso sufrió el gobierno autocrático de Álvaro Uribe como hombre fuerte y se convirtió en el primer productor mundial de cocaína. La paz no llegó a la población; 86% de los colombianos declaraba el año pasado que vive con miedo por la inseguridad.

Con Trump ya no es el narcotráfico el problema, sino los cárteles terroristas que, conforme a su propio derecho, puede combatir en cualquier otra nación; Venezuela, por cierto, ya la considera Trump el estado 51 de la Unión Americana.

En conclusión, dejar entrar fuerzas militares o agentes estadounidenses a combatir el flagelo del narcotráfico en nuestro territorio anularía todo vestigio de soberanía nacional y nada resolvería —muy probablemente agravaría— nuestro problema de inseguridad pública.