Tamas Sipos, responsable global de estrategia regulatoria y prevención del comercio Ilícito de Phillip Morris, reportó que México enfrenta una fuga fiscal de 800 millones de dólares anuales, equivalentes a 13 mil 500 millones de pesos, debido al mercado negro de cigarros.

“En México, el comercio ilícito ronda el 20 por ciento, una cifra superior al promedio global. Con 15 millones de fumadores, esto significa que unos 3 millones consumen productos ilegales. Esto representa una fuga de 800 millones de dólares en impuestos, unos 13 mil 500 millones de pesos que podrían destinarse a programas sociales”, dijo en un reunión con prensa.

Esta problemática afecta directamente la recaudación que podría destinarse a programas sociales, en un contexto donde el país registra un nivel de ilegalidad en la venta de cigarros del 20 por ciento, cifra que supera el promedio mundial de 15 por ciento y evidencia la fragilidad de los controles fronterizos y regulatorios actuales ante redes de contrabando internacional.

Explicó que la estructura de este mercado delictivo se divide principalmente en tres categorías: falsificación, contrabando clásico y los denominados blancos ilícitos, que son cigarros producidos en países como Paraguay, Corea del Sur o China con el propósito exclusivo de ser comercializados ilegalmente en el mercado sin registro de marca ni pago de aranceles.

“En México, los datos indican que entre el 75 por ciento y el 90 por ciento de los cigarrillos ilegales corresponden a estos blancos ilícitos provenientes de (cigarros que se producen en) Paraguay, Corea del Sur, China y Vietnam”, afirmó.

Añadió que la prohibición de nuevas categorías como vapeadores y bolsas de nicotina ha agravado la situación al fomentar un mercado gris que ya alcanza a 7 millones de personas en territorio mexicano.

Según el directivo, estas políticas prohibitivas no eliminan el consumo, sino que lo desplazan fuera del radar oficial, beneficiando económicamente a organizaciones delictivas.

Subrayó que la venta de estos productos en redes expone a los jóvenes a extorsiones por parte de grupos criminales que utilizan la ilegalidad del acto para amenazar a los menores.

“La prohibición solo entrega el mercado a las pandillas. El dinero que ganan los vapeadores financia el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas; es una economía circular delictiva. Además, la venta en línea a través de Facebook e Instagram expone a los jóvenes (...) Comprar en línea parece inofensivo, pero es financiar directamente al crimen organizado”, sentenció Tamas Sipos durante una presentación a periodistas e investigadores.

En contraste con México, países como Suecia demuestran que el acceso a alternativas reguladas reduce el tabaquismo de manera eficiente.

“Necesitamos que toda la industria trabaje bajo un marco legal claro que ordene el mercado. Lo que sucede en Suecia o Nueva Zelanda demuestra que el acceso a alternativas reguladas reduce el tabaquismo. En México, la prohibición solo ha generado un mercado negro descontrolado y una pérdida de oportunidad para la salud pública”, dijo.

Sipos concluyó que resulta urgente transitar de la prohibición a un marco legal claro que ordene el mercado, asegure la recaudación fiscal y proteja la integridad de los consumidores frente a la informalidad.

Un tercio de los cigarros en América con de contrabando

Casi un tercio de los cigarrillos consumidos en América son de contrabando, lo que supuso mermas de 8 mil 500 millones de dólares en ingresos fiscales el año pasado, siendo Brasil, Canadá y México los países con mayores pérdidas, según un informe de KPMG presentado en un encuentro de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en Washington.

El director asociado de KPMG, David Bird, presentó hace una semana el estudio ‘Consumo ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá 2025’, en el que se señala que la región es un foco mundial de consumo ilícito de tabaco.

En el encuentro se analizaron también las condiciones que permiten que en el continente americano se desarrollen estas actividades ilícitas y se apuntó a las cadenas de suministro transfronterizas establecidas, vacíos regulatorios y la capacidad desigual de aplicar la ley de los distintos territorios.

“El comercio ilícito suele malinterpretarse como un problema secundario o aislado. En realidad, se sitúa en la intersección de algunos de los problemas más acuciantes que enfrenta nuestra región hoy en día”, afirmó Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de AS/COA.

“El contrabando socava la seguridad de nuestras comunidades y la solidez de nuestras economías”, declaró por su parte el director del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, Iván Arvelo.