La SCJN declaró la constitucionalidad de los artículos 22 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que establece el periodo de prescripción de un año para reclamar al Estado algún daño material y dos años para un daño físico o psicológico.
La decisión se tomó al negar un amparo en revisión interpuesto por un paciente del IMSS, cuya operación se complicó y le dejó secuelas permanentes porque los médicos olvidaron gasas dentro de su cuerpo.
La SCJN dejó en manos de un Tribunal la determinación sobre la reclamación en tiempo, esto a partir de establecer si hubo afectaciones físicas o psíquicas.
En otro tema, la SCJN confirmó que las escuelas privadas sí están sujetas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que pueden tener el carácter de proveedoras cuando ofrecen habitualmente servicios educativos a cambio de una contraprestación.
Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puede conocer de reclamaciones en su contra.
El asunto tuvo origen en la reclamación de padre de familia ante la Profeco, quien exigió a una institución educativa privada el reembolso de diversas cantidades pagadas por útiles escolares y gastos generales, después de informar que sus hijos ya no cursarían el ciclo escolar en dicha institución.
Además, ministras y ministros reafirmaron la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, al resolver un asunto cuyo origen es un conflicto interno entre dos comunidades indígenas de Oaxaca.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a quien el Órgano de Administración Judicial (OAJ) le exige el pago de 26 millones de pesos más intereses, por incumplimiento de contrato de construcción firmado en 2013 y el cual no se pudo conciliar en más de una década.
Las y los ministros de la SCJN determinaron que los argumentos de la Defensa, quien pedía que el caso se resolviera en el Tribunal de Justicia Administrativa y no en la Suprema Corte, es inoperante e infundado.