Movimiento Ciudadano (MC) dio el primer paso para dejar sin fuero a Rubén Rocha Moya. El partido presentó ante el Congreso de la Unión una solicitud de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, junto con otros nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que los funcionarios acusados deben enfrentar las investigaciones sin protección constitucional.

“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, señaló.

La denuncia también apunta contra el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Villamil, quienes son funcionarios activos. En el documento, el partido solicita el inicio de un juicio de procedencia, bajo el argumento de que existen señalamientos por conspiración para el tráfico ilícito de sustancias ilícitas hacia EU, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Por esta razón, MC advirtió que las acusaciones hechas por el Departamento de Estado han generado una “severa crisis” en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y asegura que los presuntos nexos con el grupo criminal se remontan a 2021.

¿Cómo se quedaría sin fuero Rubén Rocha Moya?

Javier Martín Reyes, abogado, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el proceso para retirar el fuero, también conocido como juicio de procedencia, es indispensable para poder iniciar acciones penales contra funcionarios en activo.

En el caso de servidores públicos locales, como el gobernador Rubén Rocha, el primer paso es que la Cámara de Diputados federal apruebe la declaratoria de procedencia. Sin esta decisión, no se puede avanzar penalmente, ya que el fuero actúa como una protección frente a delitos de carácter federal.

Sin embargo, dijo, el procedimiento no necesariamente termina ahí, ya que existe un debate jurídico sobre si también se requiere la intervención del Congreso local.

Este punto, añadió el abogado, ya fue motivo de controversia en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando la Suprema Corte sostuvo que se necesitaban ambas declaratorias: la federal y la estatal.

Hasta ahora, Martín Reyes añadió que no se tiene registro de solicitudes de este tipo contra un gobernador o un senador en funciones, precisamente por la protección que les otorga el fuero.

Si la Fiscalía buscara la detención provisional con fines de extradición, podría enfrentarse a un primer obstáculo: un juez federal podría negar la solicitud al considerar que el funcionario aún cuenta con el fuero.

Además, sostuvo, los tratados de extradición establecen que la persona debe ser procesada por delitos que también estén tipificados en el país requerido.

En este caso, los señalamientos por asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos sí constituyen un delito federal en México. Aun así, para proceder legalmente, primero es necesario retirar el fuero.