La semana pasada, S&P Global Ratings bajó de estable a negativa la perspectiva de calificación soberana de México.

Los nubarrones tienen que ver con el pobre desempeño económico, los débiles resultados fiscales, así como con el riesgo de que la deuda pública y el peso de sus intereses aumenten más de lo previsto.

Pero no estamos ante una maldición bíblica, sino ante la consecuencia de una política económica que se desentendió del imperativo de crecer. Veamos cinco puntos.

Primero: el bajo crecimiento. En el primer trimestre de 2026, la actividad económica general sufrió una contracción de (-)0.8 por ciento respecto al trimestre previo.

Esto se suma al pobre desempeño del PIB en 2025, cuando apenas se creció 0.8 puntos, menos de una tercera parte de lo que previeron las autoridades.

Ahora, en 2026, las expectativas de los especialistas del sector privado consultados por el Banco de México estiman la dinámica del PIB en 1.35 por ciento, menos de la mitad de lo que maneja el gobierno.

Los cálculos de Hacienda se evidencian cada vez menos realistas: la economía se desacelera sin que las autoridades tomen debida nota.

Segundo: la atonía de la inversión. Una causa directa de la frágil expansión del producto es el deterioro de la formación bruta de capital fijo que, de acuerdo con INEGI, tuvo una disminución anual de (-) 3.6 puntos en febrero pasado.

Eso quiere decir que acumulamos ya un año y medio, 18 meses seguidos, registrando contracciones en la inversión.

Especial atención merece la inversión pública: en 2025 sufrió una disminución real de casi una quinta parte respecto a 2024 (-18.9 por ciento), lo que impactó en la formación bruta de capital total, que se contrajo en (-) 6.7 puntos. Si a ello se suma la reducción de (-) 4.4 puntos de la inversión privada en 2025, más una contracción anual de 5 puntos en febrero, se completa un panorama más que negativo.

La reducción de la inversión privada va de la mano no solo de la incertidumbre externa, sino de la inseguridad que disparó la reforma judicial: el autoritarismo pasa factura a la economía.

Tercero: la esquiva consolidación fiscal. En 2025, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), incluyendo los apoyos a Pemex, fueron 4.8 puntos del PIB, cuando el compromiso de los criterios de política económica era alcanzar un déficit de 3.9 por ciento.

Aquí volvemos al principio: una economía con tan bajo crecimiento genera desequilibrios en las finanzas públicas.

Cuarto: la deuda pública distrae cada vez más recursos fiscales. Si bien la deuda pública de México como porcentaje del PIB (52.6 por ciento al cierre de 2025) se sitúa muy por debajo de la que tiene el promedio de la OCDE (83 por ciento), en nuestro país el pago de intereses implica alrededor de 4.1 puntos del PIB y en la OCDE solo 3.3 por ciento.

En México, el pago de la deuda consume hoy más recursos que los destinados a salud y educación, al tiempo que supera el 15 por ciento del gasto público.

Más que lo que significa como porcentaje del PIB, la deuda es un problema por el costo que cada año implica para las finanzas.

La única manera de reducir ese peso es aumentar el denominador, esto es, acelerar el crecimiento del PIB.

Cinco: el lastre de Petróleos Mexicanos. 2026 es el primer año en que la inyección de recursos hacendarios a Pemex es superior a su aportación a las arcas públicas.

Estamos en un momento histórico de quiebre, en el que la paraestatal pasa a representar un costo neto para los contribuyentes.

Las pérdidas de la empresa están, sobre todo, en Pemex Transformación Industrial, en refinación.

En 2024, cada barril de crudo procesado provocó una pérdida de 42 dólares.

Eso demuestra que la petrolera debería concentrarse en extracción y producción, donde sí se obtienen niveles de renta importantes.

Ante este panorama, ¿no hay opciones? Por supuesto que las hay: es necesario ampliar los recursos fiscales para incrementar de manera significativa la inversión pública, para que sirva como foco de atracción a la privada.

¿Cómo aumentar la carga tributaria? Nuestro principal diferencial con los países de la OCDE en recaudación está en la baja tasa de impuestos directos a las personas físicas de mayores ingresos, no en el gravamen a las empresas.

La salida está en emprender una reforma fiscal recaudatoria y redistributiva.

Resignarse al bajo crecimiento es una grave irresponsabilidad social y, ahora, también lo es para los equilibrios macroeconómicos.