De las campañas a la nómina del ‘narco’. En los últimos 30 años, al menos cuatro exgobernadores han sido señalados, investigados o vinculados por autoridades de México y de Estados Unidos con organizaciones criminales como Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Juárez.

Los casos involucran acusaciones por presuntos sobornos, lavado de dinero, protección a grupos del narcotráfico y delincuencia organizada. Dos de estos exmandatarios ya fueron extraditados y condenados en cortes estadounidenses, uno más ya fue liberado y el cuarto exgobernador de esta lista incluso es prófugo de la justicia pese a tener órdenes de aprehensión y extradición en su contra.

Los casos de políticos mexicanos señalados de corrupción y nexos con el ‘narco’ distan de ser un fenómeno nuevo. La reciente acusación de una Corte federal en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más de este estado, son prueba de ello.

De acuerdo con la imputación del Departamento de Justicia estadounidense, varios altos funcionarios de la administración sinaloense habrían colaborado con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, permitiéndole operar con libertad en la entidad a cambio de pagos que presuntamente alcanzaban los 300 mil pesos mensuales.

Aunque la oposición actual acusa la existencia de un “narcogobierno”, la colusión entre políticos y grupos del narcotráfico no es exclusiva de un partido e incluso se remonta a administraciones pasadas. Estos son los casos de exgobernadores señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

Mario Villanueva y los sobornos del Cártel de Juárez

El primero en la lista es el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid (1993-1999), miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Autoridades de México y Estados Unidos lo acusaron de colaborar con el Cártel de Juárez, encabezado entonces por Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Señor de los Cielos’.

Según las investigaciones, mientras fue gobernador, Villanueva habría recibido entre 400 mil y 500 mil dólares por cada cargamento de cocaína que transitaba por Quintana Roo, además de lavar más de 11 millones de dólares en sobornos a través del sistema financiero de Estados Unidos.

Al concluir su mandato, y mientras era investigado por autoridades mexicanas, Villanueva Madrid escapó y permaneció prófugo hasta mayo de 2001, año en que fue capturado por el Ejército mexicano después de ser acusado formalmente en Nueva York.

Después de una larga batalla diplomática entre México y Estados Unidos, el exgobernador fue extraditado en 2010 y condenado por conspirar para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico. Debido a problemas de salud, fue repatriado a México en 2016.

En junio de 2020, se le concedió la prisión domiciliaria durante la pandemia de COVID-19. No obstante, el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México estableció que ante el fin de la emergencia sanitaria, Villanueva Madrid debía ser reingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos.

Finalmente, en abril de este año, el exgobernador de Quintana Roo obtuvo un amparo federal que dejó sin efecto la orden de reingresarlo a la cárcel, por lo que cumple su pena en su casa de Chetumal.

Eugenio Hernández Flores, acusado de recibir sobornos de Los Zetas

El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores (2005-2010), fue acusado por fiscales de Estados Unidos de recibir presuntos sobornos de Los Zetas a cambio de permitir que la organización operara con impunidad en el estado fronterizo.

En 2015, las autoridades estadounidenses también lo señalaron formalmente por presunto lavado de dinero en Texas mediante inversiones inmobiliarias y movimientos financieros realizados a través de bancos estadounidenses.

Hernández fue detenido en Ciudad Victoria en octubre de 2017. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó la extradición de Eugenio Hernández a Estados Unidos en marzo de 2018.

El exgobernador interpuso diversos recursos para frenar su traslado hasta que, en diciembre de 2025, obtuvo un amparo definitivo contra su extradición. Finalmente, el 25 de agosto de 2023 los cargos en su contra fueron retirados, por lo que fue liberado del penal de Tenango del Valle tras permanecer recluido durante casi seis años.

En 2024, Hernández Flores volvió a la vida pública al participar como candidato al Senado de Tamaulipas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque no logró los votos suficientes. Posteriormente, el 2 de septiembre de ese mismo año fue nombrado Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM.

Tomás Yarrington: del gobierno de Tamaulipas a una condena en Estados Unidos

El antecesor de Eugenio Hernández, Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999 y 2005), también estuvo en la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses por sus nexos con dos de los cárteles más violentos de aquellos años.

De acuerdo con una acusación del Distrito Sur de Texas, el exmandatario recibió millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas. A cambio, presuntamente facilitó operaciones de tráfico de drogas a través del puerto del Golfo de Veracruz y otorgó protección a integrantes de ambas organizaciones criminales.

Tras permanecer prófugo durante varios años, fue detenido en Italia en abril de 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En 2021 se declaró culpable de aceptar 3.5 millones de dólares en sobornos y de utilizar esos recursos para adquirir propiedades mediante operaciones fraudulentas.

Aunque recuperó su libertad en Estados Unidos en 2024, Yarrington Ruvalcaba fue deportado a México en abril de 2025 para enfrentar nuevos procesos relacionados con lavado de dinero y delitos contra la salud. Actualmente está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca y los señalamientos por delincuencia organizada

El último en esta lista es otro exgobernador de Tamaulipas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022), quien actualmente enfrenta diversas investigaciones por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En mayo de 2021, un año antes de que concluyera su mandato, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión en contra del exmandatario panista, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alegara que también desvió recursos y facilitó la importación y el contrabando ilegal de combustible, práctica conocida como huachicol fiscal.

De acuerdo con el sitio especializado en narcotráfico InSight Crime, antes de ser electo como gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca fue acusado de tener nexos con el Cartel del Golfo y de usar ganancias ilícitas de ese grupo para financiar su campaña a la alcaldía de Reynosa.

Aunque el panista ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que es víctima de persecución política, en febrero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó un amparo que lo beneficiaba, reactivando una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Actualmente reside en Estados Unidos, donde vive desde 2022.

En las elecciones de 2024, Cabeza de Vaca intentó contender por una diputación plurinominal, aún cuando no se encontraba en el país; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló su candidatura.