En medio de tanto ruido que hay en México, poca atención se le dio a la extradición de Alex Saab, un empresario muy cercano al expresidente Nicolás Maduro, a Estados Unidos. Saab fue acusado por el Departamento de Justicia en 2019 por haber tejido una red de corrupción donde algunos de sus colaboradores, familiares y socios en sus negocios ganaron millones de dólares que se debían haber destinado a los programas sociales para alimentar a los venezolanos. Un empresario mexicano participó en la venta de esos alimentos y fue, hasta finales del año pasado, uno de los empresarios favoritos de la ‘4T’.

Él ha minimizado este caso. Incluso, en una conversación informal por teléfono en enero pasado, dijo, con ironía y sobrada confianza, que él no tenía nada que ver, porque esos negocios habían estado dentro de lo que marca la ley. El empresario, gran amigo de algunos de los tecnócratas priistas más sobresalientes de los últimos 20 años, también lo fue de Saab, con quien estableció una relación cercana con el empresario de origen colombiano que esta semana llegó al final de un ciclo en el que, por años, protegido por Maduro, pudo escapar de la justicia estadounidense y burlarse de algunas de sus agencias.

Saab había estado ganando tiempo desde la acusación en 2019. Su entonces abogado, Abelardo de la Espriella –actual candidato de la oposición a la Presidencia de Colombia–, le recomendó acercarse a los estadounidenses y ofrecer información del esquema de corrupción del que lo imputaban, a cambio de beneficios legales. Saab, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, comenzó a hablar con la DEA, “pero solo le daba largas”, por lo que Washington decidió una medida radical. Los estadounidenses se cansaron de él.

La CIA infiltró a su piloto, quien le informó que viajaría a Irán, con escala en la Isla de Sal, donde está el aeropuerto de Cabo Verde, un archipiélago en el Atlántico africano. Ahí lo detuvo Interpol en 2020 por el delito de lavar dinero para Maduro, y fue extraditado a Estados Unidos. Saab estuvo preso por dos años, acusado de lavado de dinero, y regresó a Venezuela cuando Maduro negoció su libertad con el presidente Joe Biden, en intercambio por 10 estadounidenses presos en Caracas.

La caída de Maduro cambió su suerte. Días después de su extracción, Estados Unidos pidió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que lo destituyera como ministro de Industrias, lo que fue el preámbulo para su extradición el sábado pasado. Saab será juzgado por operar, de acuerdo con funcionarios estadounidenses que hablaron con la prensa en aquel entonces, “una red de corrupción a gran escala, que usaron sin escrúpulos empresas fantasma y contratos sin licitación para desviar a su favor recursos del gobierno, sobre todo del programa estatal de alimentos”.

Ese programa fue creado en 2016 por Maduro, que se conoció como CLAP, el acrónimo de Comités Locales para el Abastecimiento y Producción, que distribuía cajas de comida a precios subsidiados. El grupo mexicano fue parte de las empresas que participaron en la venta de alimentos para ese programa. El responsable directo del corporativo que supervisó con los venezolanos los temas administrativos y financieros del programa aseguró que todo estuvo conforme a la ley. Nadie en esa empresa le dio el peso a lo que venía luego que Saab fue destituido, a principios de este año.

Como se señaló en este espacio en enero, el empresario estaba en la mira de los gobiernos de México y Estados Unidos. Aquí, desde los últimos meses de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General, se abrió una investigación sobre los CLAP.

El grupo empresarial monopolizó durante años la distribución de alimentos en las cárceles mexicanas, pero en los últimos años, a través de sus contactos con el régimen obradorista, expandió sus negocios. Gertz Manero, de acuerdo con funcionarios consultados, nunca detalló en Palacio Nacional los alcances de la investigación, que produjo una denuncia contra al menos un secretario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La denuncia contra Saab se enmarcará en la clasificación de los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas internacionales. Maduro, sobre el que había una orden de captura internacional desde 2020 por delitos de narcotráfico y terrorismo, no fue detenido hasta el 2 de enero de este año, unas cinco semanas después de declarar al Cártel de los Soles organización terrorista, y a Maduro su jefe. En ese momento, el expresidente venezolano quedó expuesto a la justicia extraterritorial de Estados Unidos, como hubiera sucedido con Saab de no haber colaborado Rodríguez con el proceso.

Bajo los mismos supuestos, el gobierno de Estados Unidos investiga actualmente al empresario, que suele pasar buen tiempo en Miami –su familia vive en Nueva York–, por su relación con el régimen de Maduro a través de Saab. El vínculo con Saab comenzó en el nivel empresarial y terminó siendo personal. No tuvieron una sociedad directa formalmente establecida, pero aparecen mencionados en la misma investigación sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos del programa CLAP. Otras empresas mexicanas también vendieron alimentos a Venezuela dentro de las cadenas de suministro que organizó Saab a través de intermediarios offshore, pero no hay información de que estén sujetas de investigación en México o Estados Unidos.

El empresario ha negado, cada vez que su nombre resurge en el tema de los CLAP, tener una relación con Saab o estar en negocios ilícitos. Pero la imputación en su contra es resultado de la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista, por lo cual, como señala, cualquier persona o empresa que haya tenido o tenga una relación de cualquier tipo con una entidad clasificada como tal también es sujeto de investigación y proceso. El regreso de Saab a Venezuela, en los tiempos de Maduro, hizo que se olvidara la red criminal de la que lo acusaron.