El oficialismo ha decidido meter al país en una vorágine electoral permanente. Aún falta tiempo para que inicie formalmente el proceso electoral que desembocará en las elecciones intermedias del próximo año, pero Morena y sus aliados ya arrancaron la competencia interna para definir candidaturas a gubernaturas, alcaldías, congresos locales y la renovación de la Cámara de Diputados.

La carrera sucesoria adelantada no es una novedad en la llamada Cuarta Transformación. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, la prioridad política ha sido la conservación del poder antes que el ejercicio eficiente del gobierno. La lógica electoral ha desplazado a la lógica gubernamental. Se gobierna pensando en la siguiente elección y no en la siguiente generación.

La prueba más evidente es la oleada de licencias que comienza a registrarse en el Congreso de la Unión. Diputados y senadores abandonan sus responsabilidades para lanzarse a la búsqueda de candidaturas.

Algunos de ellos tienen legítimas aspiraciones políticas; otros simplemente obedecen la instrucción de incorporarse a una competencia que en realidad ya tiene corcholatas definidas desde las altas esferas del movimiento, léase, Palenque y Palacio Nacional.

Las ausencias legislativas aceleran la improductividad que caracteriza al Congreso federal. No porque quienes solicitan licencia hayan destacado precisamente por su brillante desempeño parlamentario, sino porque los trabajos legislativos terminan subordinados a las disputas electorales internas.

Las comisiones dejan de sesionar con regularidad, los acuerdos políticos se congelan y la atención se concentra en la construcción de candidaturas.

La realidad es que, desde hace varios años, el Poder Legislativo dejó de ser un auténtico contrapeso. Morena convirtió al Congreso en una oficialía de partes de Palacio Nacional. Salvo que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe alguna iniciativa prioritaria, difícilmente veremos debates relevantes o reformas de fondo durante los próximos meses. La agenda legislativa se mueve únicamente al ritmo de las necesidades del Ejecutivo.

Mientras tanto, los problemas nacionales siguen acumulándose.

La economía enfrenta signos evidentes de desaceleración, aunque en estos momentos se dieron señales de un incipiente crecimiento. Pemex atraviesa una de las crisis financieras más delicadas de su historia. La inseguridad continúa golpeando amplias regiones del país.

El sistema de salud no logra recuperarse del desastre provocado por la desaparición del Seguro Popular. Las finanzas públicas operan bajo una creciente presión y la relación con Estados Unidos atraviesa momentos particularmente complejos en materia comercial, de seguridad y de persecución de narcopolíticos mexicanos.

Sin embargo, nada de eso parece ocupar el centro de las preocupaciones del oficialismo.

La prioridad es ganar elecciones.

Por ello resulta preocupante que México entre nuevamente en una dinámica de campaña permanente. Si de por sí desde Palacio Nacional se gobierna principalmente para los simpatizantes del régimen, que representan apenas una fracción del padrón electoral, ahora el país corre el riesgo de observar a una presidenta que también entra de lleno en modo electoral.

Las conferencias mañaneras se han convertido en una poderosa herramienta de propaganda política que, en teoría, debería servir para informar sobre las acciones de gobierno.

En la práctica, cada vez con mayor frecuencia se utilizan para descalificar adversarios, responder críticas, fijar narrativas electorales y construir una ficticia realidad paralela donde prácticamente todos los indicadores marchan de manera extraordinaria.

Desde esa tribuna se insiste en presentar un México que pocas veces coincide con el que observan los ciudadanos cuando salen a las calles, utilizan los servicios públicos, buscan atención médica o enfrentan la inseguridad cotidiana o buscan en sus bolsillos algunas monedas para comer.

La polarización continúa siendo una herramienta útil para la movilización política del oficialismo. Dividir entre buenos y malos, pueblo y adversarios, conservadores y transformadores, sigue siendo parte fundamental de la estrategia.

El problema es que esa narrativa puede ser efectiva para ganar elecciones, pero resulta profundamente ineficaz para gobernar una nación tan compleja como México.

En los próximos meses veremos desfilar a gobernadores, legisladores, alcaldes, funcionarios federales y dirigentes partidistas por los pasillos de Morena y del Partido Verde.

Las fotografías de unidad abundarán. También las encuestas a modo, los actos multitudinarios disfrazados de reuniones informativas y los posicionamientos que bordean peligrosamente los actos anticipados de campaña.

La pregunta de fondo es si México puede darse el lujo de vivir otra vez en campaña permanente cuando enfrenta desafíos de enorme magnitud tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Para el oficialismo, la prioridad no es gobernar mejor. La prioridad es conservar el poder. Y cuando una fuerza política coloca la competencia electoral por encima de las responsabilidades de gobierno, el riesgo es que termine ganando elecciones mientras pierde la capacidad de resolver los problemas reales de la nación.

Esa es la verdadera disyuntiva que enfrenta hoy el país. No se trata de quién ganará la próxima elección, sino de quién está gobernando mientras la próxima ya comenzó.