A unas horas de que el Instituto Nacional Electoral, o para algunos malpensados Palenque y Palacio Nacional, resuelvan sobre las nuevas franquicias políticas que buscan incorporarse al sistema de partidos, la oposición mexicana enfrenta una decisión que puede definir su supervivencia rumbo a las elecciones intermedias.

De las cuatro organizaciones que llegaron a la etapa final del proceso de registro, todo indica que dos lograrán convertirse en partidos políticos nacionales: Somos México y Que Siga la Democracia. Su eventual incorporación modificará el tablero electoral y obligará a los partidos tradicionales a replantear estrategias, alianzas y liderazgos.

En este contexto, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se encuentran deshojando la margarita. La pregunta es simple, pero trascendental: ¿competir juntos o hacerlo por separado en los comicios del próximo año?

Las encuestas más serias coinciden en un dato preocupante para la oposición. Si estos partidos acuden divididos a las urnas, podrían sufrir derrotas contundentes en varias entidades del país, perder competitividad en otras y, en algunos casos, comprometer incluso su viabilidad electoral regional.

Por ello, la lógica política apunta hacia una gran coalición opositora. Sin embargo, antes de hablar de alianzas, plataformas comunes o candidaturas compartidas, existe un obstáculo que los propios partidos deberán resolver puertas adentro: sus dirigencias nacionales.

Tanto el PRI como el PAN cargan con liderazgos que generan más negativos que positivos entre el electorado. En el caso del tricolor, el nombre es inevitable: Alejandro Moreno Cárdenas.

Alito posee una marca política profundamente desgastada. Durante su dirigencia, el PRI ha registrado los peores resultados electorales de su historia moderna. Ha perdido en la elección presidencial, gubernaturas, congresos locales, alcaldías y espacios de representación que durante décadas formaron parte de la estructura territorial priista. Su permanencia al frente del partido se explica más por el control interno que ejerce sobre los órganos partidistas que por resultados electorales favorables.

Por eso sería un error atribuirle el reciente triunfo del PRI en Coahuila. La victoria tricolor en esa entidad tiene nombre y apellido: los priistas coahuilenses encabezados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Fue una elección construida desde lo local, basada en resultados de gobierno, seguridad pública y operación política territorial. Quienes pretenden presentar ese resultado como un tanque de oxígeno para Alito simplemente ignoran la realidad.

En el PAN tampoco soplan vientos favorables. Su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, ha impulsado diversos procesos de reorganización interna y refundación partidista que hasta ahora no han logrado traducirse en crecimiento electoral. Por el contrario, Acción Nacional continúa enfrentando problemas para reconectarse con amplios sectores de la sociedad.

A ello se suma el desgaste derivado de los señalamientos políticos relacionados con el llamado “cártel inmobiliario”, una narrativa impulsada desde el oficialismo que, independientemente de su sustento jurídico, ha tenido impacto en la percepción pública de algunos liderazgos panistas y ha complicado los esfuerzos de posicionamiento del partido.

Así las cosas, si realmente existe voluntad para construir una alternativa competitiva frente a Morena y sus aliados, el primer paso debería ser una renovación de liderazgos. La oposición necesita dirigentes capaces de sumar, no de polarizar; de construir puentes, no de profundizar divisiones; de atraer a ciudadanos apartidistas, no de movilizar únicamente a las estructuras tradicionales.

Porque una eventual coalición opositora no puede edificarse sobre figuras que generan rechazo entre amplios sectores del electorado. Antes de pensar en candidaturas comunes, programas de gobierno o estrategias legislativas, PRI y PAN tendrían que resolver el problema de representación que enfrentan sus dirigencias nacionales.

La elección intermedia que se aproxima será una de las más importantes de las últimas décadas. Estarán en disputa 17 gubernaturas, la renovación total de la Cámara de Diputad, congresos locales y cientos de ayuntamientos. Para Morena será la oportunidad de consolidar su hegemonía política; para la oposición, posiblemente la última oportunidad de evitar convertirse en una fuerza testimonial.

Pero para competir con posibilidades reales se requiere algo más que una alianza electoral. Se necesita credibilidad, liderazgo y capacidad de convocatoria. Y en esa ecuación, tanto Alejandro Moreno como Jorge Romero parecen haberse convertido en parte del problema y no de la solución.

La oposición tiene frente a sí una decisión histórica: construir una coalición capaz de competir o resignarse a una nueva derrota. Lo que parece cada vez más evidente es que el camino hacia una alianza viable difícilmente pasará por las actuales dirigencias del PRI y del PAN.

Contra lo que pudiera pensarse, se están alineando los astros para la oposición con las acusaciones en contra de narcopolíticos del oficialismo provenientes de diversas cortes de Estados Unidos, que provocarán una catástrofe en el partido en el poder de la que difícilmente podrá reponerse en los comicios del próximo año.