En México tenemos una extraña habilidad para convertir las fechas límite en simples recomendaciones. Ocurrió con la factura electrónica, con diversos trámites fiscales y ahora sucede con el registro obligatorio de líneas celulares. Cuando parecía que el reloj finalmente obligaría a millones de usuarios a regularizar su información, llegó la prórroga: seis meses más.

Desde el inicio, especialistas en telecomunicaciones advirtieron que esta medida tenía fallas en su redacción y tiempos, lo que, sumado a la resistencia de millones a registrarse, por miedo a la seguridad de dejar su información en manos de terceros, (si es cierto, muchos bajan aplicaciones y ya comprometieron datos más sensibles), pero al ser una medida gubernamental la desconfianza está presente.

La medida que está a cargo de la (CRT), que es un órgano desconcentrado que depende directamente de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones que lleva José Antonio Peña Merino, tendrá ahora seis meses más para ponerse en marcha, o se irán desconectando las líneas; todo concluirá en diciembre.

Pero la pregunta inevitable es si las autoridades no están cayendo, otra vez, en la historia del “ahí viene el lobo”. Porque cuando un plazo se mueve, el mensaje para los ciudadanos es claro: no hay prisa, al final siempre habrá otra oportunidad. Y eso termina debilitando cualquier política pública, por más buenas intenciones que tenga.

Lo preocupante es que detrás del registro no está un simple trámite administrativo, al menos eso se han cansado de repetir: que el objetivo es combatir uno de los delitos que más lastima a las familias y a las empresas que es la extorsión. Un crimen que no disminuye, que se ha sofisticado y que utiliza precisamente líneas telefónicas difíciles de rastrear por operar desde cárceles o desde grupos criminales.

El tema para la banca ha sido muy importante, porque desde el anuncio han trabajado en que los clientes se registren, para que no pierdan acceso a la banca móvil si su número deja de estar plenamente identificado. Algunos bancos incluso contemplan campañas de acompañamiento para facilitar el registro, conscientes de que millones de operaciones dependen hoy de un teléfono celular.

Otros están menos preocupados y explican que, mientras exista conexión a Internet vía WiFi y el dispositivo ya esté autenticado, muchas operaciones podrán seguir realizándose sin mayor problema. La realidad es que el problema ya dejó de ser tecnológico para convertirse en uno de confianza institucional. Si las reglas cambian constantemente, el incentivo para cumplir desaparece.

A la par del tema de extorsión, y que va de la mano de registrar las líneas telefónicas, la Asociación de Bancos de México (ABM) que lleva Emilio Romano, sigue trabajando de cerca con las autoridades financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva Ángel Cabrera y la UIF en el tema del reporte y cierre de cuentas bancarias utilizadas para recibir recursos provenientes de las extorsiones; se busca cortar el incentivo económico de este delito siguiendo el dinero, más que perseguir únicamente a los delincuentes.

Esa ruta parece mucho más efectiva. Porque la delincuencia organizada entiende perfectamente los costos financieros. Si el registro de celulares es realmente una pieza clave para reducir la extorsión, las autoridades tendrán que demostrar que esta extensión es la última y si va de la mano del cierre de cuentas de extorsión o fraudes, entonces sí será un combo ganador.

De lo contrario, el mensaje será el mismo de siempre: el lobo vuelve a anunciarse, pero nunca llega. Y mientras tanto, quienes sí llegan puntualmente son las llamadas de extorsión.

Municipios: la aduana de la formalidad

Cada administración promete combatir la informalidad, pero el problema nunca ha sido únicamente fiscal. El reto está en facilitarle la vida a quien quiere emprender. Mientras abrir un pequeño negocio siga dependiendo de ventanillas dispersas, requisitos distintos en cada municipio y tiempos inciertos, la formalidad seguirá siendo un privilegio y no una opción viable.

Por eso cobra relevancia la estrategia impulsada por Octavio de la Torre de Stéffano, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), quien decidió llevar la discusión al terreno donde realmente se toman las decisiones cotidianas: los ayuntamientos.

La entrega de mil 974 oficios a presidentes municipales para invitarlos a incorporarse a la Ventanilla Única de Establecimientos Mercantiles representa un intento por homologar procesos y reducir la discrecionalidad.

El mensaje es claro: digitalizar trámites no sólo beneficia al empresario; también fortalece las finanzas municipales. Si los recursos ingresan directamente a las tesorerías, disminuyen los espacios para cobros irregulares y aumenta la capacidad de los municipios para invertir en servicios básicos que hoy escasean en muchas comunidades.

Y es que no hay que olvidar, que el 95 por ciento de las unidades económicas del país pertenecen a pequeños negocios que generan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB). Paradójicamente, es el segmento que menos atención ha recibido en las políticas públicas.

Mientras el debate suele concentrarse en atraer grandes inversiones, la verdadera transformación económica podría estar en facilitar que millones de comercios familiares crucen el umbral de la formalidad.

Si los municipios entienden que simplificar trámites también significa generar desarrollo, la Ventanilla Única dejará de ser un programa administrativo para convertirse en una herramienta de crecimiento económico. La formalidad no se impone con sanciones; se construye eliminando obstáculos.

Sabadell México en la BMV

El campanazo de Banco Sabadell México en la Bolsa Mexicana de Valores, no solo marcó el cierre de una exitosa colocación de deuda por 4 mil millones de pesos, también envió un mensaje que el mercado necesitaba escuchar: aún hay apetito por financiar proyectos bancarios sólidos en México, pese a todo el ruido que tuvo durante un año, en la matriz con la oferta de BBVA que no se concretó.

Hoy, en México, el panorama es diferente, la sobredemanda de 2.3 veces confirma que, cuando una institución presenta resultados consistentes, baja morosidad y una estrategia clara, el dinero aparece. No es casualidad que inversionistas respaldaran una emisión que fortalecerá el crédito empresarial, en un momento en que muchas compañías buscan crecer aprovechando el fenómeno de relocalización y la reconfiguración de cadenas productivas. Como ya nos habían dicho los directivos, crecer en el país es clave.

Mientras algunos participantes siguen esperando mejores condiciones para salir al mercado, Sabadell que en México lleva José Iragorri, decidió adelantarse y diversificar sus fuentes de financiamiento. La señal también beneficia a la Bolsa Mexicana de Valores, que necesita más historias de éxito para recuperar dinamismo en un mercado donde las colocaciones han sido escasas.

Ahora viene la parte más importante: demostrar que esos recursos se traducirán en mayor financiamiento para empresas, particularmente aquellas con proyectos de expansión. Porque tocar la campana siempre genera reflectores; mantener la confianza de los inversionistas es el verdadero reto. Y en banca, la credibilidad vale mucho más que cualquier ceremonia bursátil.

¿Mala comunicación?

Los resultados en materia de seguridad también se construyen con confianza institucional. Cuando un decomiso histórico deja de comunicarse como un logro conjunto y cada dependencia marca su propio territorio, el mensaje va más allá del aseguramiento.

La pausa en las conferencias de la SSPC y la desaparición de los comunicados conjuntos entre militares y seguridad pública alimentan una pregunta inevitable: si los éxitos ya no son compartidos, ¿también las responsabilidades comenzarán a repartirse por separado? En seguridad, la percepción también cuenta.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.