En México, hablar de litigio fiscal no debería remitirnos únicamente a tribunales, amparos o estrategias de última hora.

El litigio no se improvisa: se construye desde el primer contacto con la autoridad. Es, en esencia, una historia que comienza mucho antes de que exista una controversia formal.

El contexto es revelador.

Con cerca de 90 millones de personas físicas y alrededor de 2 millones de personas morales registradas, el universo de contribuyentes supera por mucho la capacidad operativa tradicional del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Frente a ello, la autoridad ha evolucionado hacia un modelo de fiscalización estratégica, donde la tecnología, el análisis de datos y la inteligencia artificial permiten detectar patrones de riesgo con alta precisión.

Esto explica por qué las auditorías no son aleatorias. Aunque las visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, las llamadas auditorías “tradicionales”, rondan las 34 mil al año, las auditorías electrónicas pueden superar las 150 mil.

La diferencia no solo es cuantitativa, sino cualitativa: la autoridad ya no llega a “ver qué encuentra”, sino a confirmar hipótesis previamente construidas con información del propio contribuyente.

En ese sentido, uno de los principales errores empresariales es responder de inmediato a requerimientos sin una estrategia clara.

El impulso de “entregar todo” para evitar conflictos puede derivar en escenarios más complejos, especialmente si no existe una narrativa consistente que respalde la información proporcionada.

Aquí es donde la figura del abogado fiscal cobra relevancia desde etapas tempranas, no como un actor de emergencia, sino como parte del diseño integral del caso.

La experiencia demuestra que cuando la asesoría legal se incorpora tarde —cuando el crédito fiscal ya ha sido determinado— los costos se multiplican.

No solo en términos de honorarios, sino en la necesidad de garantizar el interés fiscal mediante instrumentos como fianzas o cartas de crédito, que pueden representar entre el 3 y el 5 por ciento del monto en disputa, además de comprometer activos de la empresa.

Por el contrario, una intervención oportuna permite “preconstituir” el expediente: ordenar la información, anticipar cuestionamientos y, en muchos casos, abrir la puerta a mecanismos alternativos como los acuerdos conclusivos ante PRODECON, que ofrecen salidas más ágiles y menos confrontativas.

Otro punto clave es desmitificar el litigio fiscal en México.

A pesar de los cambios derivados de la reforma judicial, las primeras dos instancias —recurso de revocación y juicio contencioso administrativo— permanecen sin alteraciones estructurales.

Particularmente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha mantenido una tendencia favorable para los contribuyentes en más del 50 por ciento de los casos, lo que evidencia que sí existen condiciones reales para defenderse con éxito.

Esto no implica que litigar sea sencillo. Requiere disciplina, estrategia y un conocimiento profundo tanto del marco legal como de la operación fiscal del contribuyente.

Pero tampoco debe asumirse como un terreno perdido de antemano. Al contrario, es un espacio donde una defensa bien estructurada puede marcar la diferencia.

En un entorno donde la autoridad cuenta con más información que nunca, la transparencia y la coherencia se vuelven activos estratégicos. La relación con el SAT debe ser profesional: sin temor, pero también sin ingenuidad.

Entender que existe un interés contrapuesto es fundamental para actuar con inteligencia.

El litigio fiscal no empieza cuando llega la resolución, sino desde el momento en que se construye la historia que la autoridad va a revisar.

Y en esa historia, cada decisión cuenta.