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La caja china y la impunidad
Raymundo Riva Palacio · 2026-06-03 · via El Financiero

Desde que Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República, la dependencia, como dijo uno de los voceros del régimen, se avispó. Mostró reflejos rápidos, como dijo otro de los panegiristas, para atraer la investigación de la explosión de un vehículo en Michoacán, perseguir inmediatamente a políticos del PRI y del PAN a los que acusa de corruptos, y elevar la presión fiscal y penal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego. Las acciones se dispararon, ciertamente, pero si uno se detiene a ver con detenimiento lo que está pasando, se verá una estrategia de ocultamiento y encubrimiento.

La estrategia es vieja y no es un producto Hecho en México, pero ha sido muy útil para varios gobiernos en el mundo –de manera sobresaliente el de Estados Unidos desde hace décadas–, el sobrecargar la agenda informativa con el propósito de mantener ocupados a los medios procesando todo lo que va apareciendo, y abrumar al receptor con datos, hasta que pierden ambos, la capacidad humana de investigar los primeros, y la capacidad de filtrar de ambos a la velocidad con la que surgen nuevas revelaciones-señuelo, con lo cual la autoridad controla la narrativa, un claro ejercicio de propaganda, y que la información crucial se pierda en el ruido.

Se fue Gertz Manero y llegó Ernestina Godoy, saltando de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y del círculo más cercano de amigas de la presidenta Claudia Sheinbaum. De inmediato se pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala autorización para emprender nuevas acciones penales en contra de los exgobernadores César Duarte, de Chihuahua, y Javier Duarte, de Veracruz, debido a que habían sido extraditados por delitos específicos. Consiguieron el permiso de los dos países para juzgarlos por otros delitos y actuaron: metieron al primero al Altiplano, y al segundo le notificaron la nueva causa en el penal.

Para acompañar el paquete, dos morenistas denunciaron al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando de combustible. De la nada, ¡voilà!, los ojos se fueron al PRI y al PAN. En el olvido quedó el caso del contrabando de combustible de los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, y las investigaciones por el mismo delito y otros de delincuencia organizada en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

El ruido opacó el cálido abrazo de la presidenta Sheinbaum al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por Ismael El Mayo Zambada, que fue jefe del Cártel de Sinaloa, de ser cómplice de la organización. La explosión del vehículo en Michoacán escondió los informes que recibió la presidenta sobre los vínculos criminales del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Todo se plancha en beneficio del régimen. Una revelación puntual de Reforma ayer sobre los conflictos de interés de Altagracia Gómez, su amiga íntima –va casi todos los días a Palacio Nacional–, enlace con los empresarios y a quien le ha dado poderes plenipotenciarios para hablar con funcionarios estadounidenses sobre comercio e inversiones, que recibió contratos a favor de su empresa de maíz, Minsa, en lo que va del sexenio por 346 millones de pesos –contra 369 millones en todo el sexenio pasado–, fue minimizado por la presidenta y declarada inocente de todo.

Como se apuntaba ayer en este espacio, lo que antes fue escándalo, hoy es rutina; lo que antes provocaba renuncias y procesos penales, hoy son aplausos mañaneros y sonrisas cómplices. En este régimen, la honestidad estorba, pero cada vez es más difícil tapar el sol con un dedo. Pero no hay esfuerzo pequeño. Dos meses antes de que saliera Gertz Manero, la presidenta le pidió que cancelara las investigaciones sobre el contrabando fiscal, que involucraban además de los marinos al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, y al director de Infonavit –antes de Pemex–, Octavio Romero Oropeza. Se mantuvo activa hasta su salida. Ya no.

Cualquier paso en firme que conecte la corrupción con el régimen y su cabeza, Andrés Manuel López Obrador, es terreno prohibido. El expresidente, siguiendo consejos de sus asesores cubanos, corrompió a las Fuerzas Armadas y las hizo cómplices de la corrupción, por lo que seleccionó como titulares de la Defensa y la Marina a quienes menos relaciones internas tenían y menos adoctrinamiento sobre la institucionalidad. El huachicol fiscal en la Marina y el uso de combustible robado en el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles son consecuencia de ello, como el blanqueo de dinero que los militares hicieron a través de una de las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos.

Pero no todo es cosa del pasado. Brincó lo de Gómez, y ayer mismo Carlos Loret deslizó en El Universal el nombre de J. L. como persona de interés del gobierno de Estados Unidos. L, ligado a Julio Scherer, exconsejero jurídico de López Obrador y recaudador de fondos para la campaña de Sheinbaum, tiene una vieja relación con la secretaria de Energía, Luz Elena González, que goza de la confianza presidencial, es uno de los principales distribuidores de medicinas, favorecido por otro de los cercanos a Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Los hijos mayores de López Obrador siguen en sus negocios, con más bajo perfil, pero con intensa actividad.

Pareciera que donde se apriete en la cuatro té, sale un acto, una anécdota de corrupción. De ahí la recurrencia a la vieja práctica de la caja china, que en política significa una estrategia de distracción mediática con un escándalo secundario. Gertz Manero lo intentó con el caso Colosio, inventando un segundo asesino. Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunciando exenciones de tenencias. Se recurrió a Raúl Rocha Cantú, co-propietario de Miss Universo, pero después de una embestida, se frenaron las filtraciones ante el riesgo de que escalaran hasta Palenque.

El régimen está en una carrera para producir escándalos que no los afecten y que ayuden para dejar a buen resguardo a sus personajes más conspicuos manchados por la corrupción. El circo distractor que hemos visto en los últimos días continuará hasta que el sol sea demasiado grande para ocultar la vida ilegal de algunos personeros insignes del régimen.