Un grupo de diputados federales de Morena presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para cambiar al 2028 la elección del segundo paquete de juzgadores del Poder Judicial.

Propone también que sea un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres poderes de la Unión, el que concentre la evaluación de los aspirantes y que se apliquen exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas.

La propuesta incluye cambios a 10 artículo de la Carta Magna, el 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122, y la firma el vicecoordinador de los diputados federales, Alfonso Ramírez Cuéllar, y a la que se sumó la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, entre otros diputados, y hasta algunas senadoras y senadores morenistas, como Javier Corral y Susana Harp.

La propuesta del diputado Ramírez Cuéllar plantea que la nueva elección judicial sea hasta el primer domingo de junio de 2028, y no en junio del 2027, junto a la elección federal, como está en la ley.

Expone que la elección de las personas juzgadoras requiere de un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial, y advierte que la simultaneidad con contiendas partidistas puede desdibujar esa frontera.

Lo anterior, señala, afectará la legitimidad del modelo, por lo que es importante que la elección de personas juzgadoras posea un proceso electoral propio, subraya en su exposición de motivos.

También advierte que se debe evitar la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales políticos, a fin de garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.

La iniciativa destaca que, para fortalecer la calidad técnica de la función de los nuevos juzgadores, se incorpora como requisito constitucional la acreditación de una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Además, establecer criterios objetivos y homogéneos de evaluación, eliminando requisitos formales que no necesariamente reflejan competencias sustantivas, tales como promedios académicos específicos o documentación subjetiva, y sustituyéndolos por mecanismos de evaluación técnica estandarizada.

También, sugiere, aprovechar el papel de la Escuela Nacional de Formación Judicial como instancia especializada en formación, evaluación y certificación del personal judicial, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 100 constitucional y despolitizar la elección judicial.

Propone, además, que sea el INE no el Senado de la República, el que emita la convocatoria y lleve a cabo la integración del listado de candidaturas, y que la integración del Comité Único de Evaluación sea de tres personas reconocidas en la actividad jurídica, designados por los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Precisa que al representante del Ejecutivo lo proponga el presidente o presidenta de la República; al del Poder Judicial lo haga el pleno de la Suprema Corte; y al del Legislativo lo hagan las comisiones de Justicia de cada Cámara y se aprueben por la mayoría del pleno de cada Cámara.