La velocidad con la que se aprobaron las reformas constitucionales para aplazar la elección judicial y establecer la intervención extranjera como causal de nulidad electoral debería encender todas las alarmas en una democracia.

Por el contenido en sí mismo y por la prisa inusual con la que Morena y sus aliados decidieron modificar las reglas del juego político.

En menos de 48 horas, 22 congresos estatales dieron su aval a la reforma que pospone para 2028 la siguiente elección judicial, mientras que 21 legislaturas hicieron lo propio con la nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera.

El trámite fue tan expedito que este lunes el Congreso de la Unión realizará la declaratoria de constitucionalidad para enviar ambas reformas al Diario Oficial de la Federación. Se trata de un proceso legislativo que difícilmente encuentra precedentes en la historia reciente del país.

La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta urgencia?

La reforma sobre intervención extranjera establece que podrán anularse elecciones federales y locales cuando se acredite que hubo financiamiento ilícito, propaganda, manipulación digital o acciones de gobiernos extranjeros que influyan en los resultados.

El problema es que nadie sabe todavía cómo se acreditará dicha intervención, qué autoridad la determinará, cuáles serán los estándares probatorios ni cuáles serán los límites de interpretación. Las leyes secundarias ni siquiera han sido aprobadas.

De hecho, especialistas han advertido que la reglamentación fue retirada del proceso legislativo precisamente porque no existía consenso sobre sus alcances.

En otras palabras, primero se creó la sanción y después se discutirán las reglas para aplicarla.

La ambigüedad resulta particularmente delicada cuando el oficialismo controla amplios espacios de decisión institucional. Morena no solamente cuenta con mayoría en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos estatales; también ha consolidado una influencia determinante en los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones.

Por eso llama la atención que, paralelamente, el mismo paquete de reformas incluya beneficios para magistrados electorales cuya actuación ha sido ampliamente cuestionada por la oposición.

La modificación aprobada permitirá que magistrados como Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes puedan competir para permanecer en el Tribunal Electoral más allá de los plazos originalmente previstos.

Diversas estimaciones señalan que algunos de ellos podrían extender su permanencia hasta 2033 o incluso 2034, acumulando más de una década en posiciones clave para la vida democrática nacional.

Estos mismos magistrados participaron en resoluciones fundamentales para el oficialismo, entre ellas la validación de la sobrerrepresentación legislativa que permitió a Morena y sus aliados construir una mayoría constitucional en el Congreso.

Una mayoría que, según especialistas y partidos de oposición, no reflejaba de manera exacta la proporción de votos obtenida en las urnas.

La coincidencia política resulta demasiado evidente para ignorarla.

Mientras tanto, la elección judicial originalmente programada para 2027 fue trasladada a 2028 bajo el argumento de corregir errores operativos y mejorar los mecanismos de selección de candidatos.

Las democracias sólidas construyen instituciones imparciales para garantizar la competencia política. Los gobiernos con vocación hegemónica modifican las reglas cuando perciben riesgos para su permanencia.

La velocidad con la que se aprobaron estas reformas revela una preocupación evidente dentro del oficialismo. A pesar de controlar la Presidencia, la mayoría de los gobiernos estatales, ambas cámaras del Congreso y buena parte de los organismos electorales, Morena parece actuar como si enfrentara una amenaza inminente.

Quizá porque las elecciones intermedias de 2027 comienzan a asomarse en el horizonte.

Quizá porque las acusaciones de presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales han deteriorado la narrativa gubernamental.

O quizá porque, después de años de concentración de poder, el oficialismo entiende que ninguna hegemonía es eterna.

Lo cierto es que cuando un gobierno acelera reformas electorales sin reglas claras, amplía las facultades para anular elecciones y premia a quienes le han sido políticamente útiles, la sospecha deja de ser una exageración opositora para convertirse en una preocupación legítima de cualquier demócrata.