En México deberíamos festejar hoy a nuestras niñeces y adolescencias. Sin embargo, la tragedia de Teotihuacán nos obliga a mirar una realidad incómoda: la violencia que se manifiesta a temprana edad no aparece sin señales.

El caso de Julio César Jasso, el llamado tirador de Teotihuacán, nos revela una cadena de omisiones colectivas que comienza mucho antes de que se detone un arma.

Durante años él tuvo conductas antisociales, así como inclinación hacia la misoginia, la homofobia, el clasismo y el racismo. Rasgos que suelen anticipar formas más graves de violencia.

También sabemos que Jasso estaba inmerso en la red digital global “True Crime Community”, que glorifica a asesinos y perpetradores de tiroteos masivos.

Para muchos adolescentes, estos espacios ofrecen una narrativa de pertenencia distorsionada: convierten el dolor, el rechazo o el bullying en identidad, y la violencia en validación.

Patrón agravado en varones, no por una condición biológica, sino por la forma en la que se construyen ciertas masculinidades.

Como indica Michael Kauffman, la violencia masculina puede entenderse a partir de una “tríada”: violencia contra las mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos.

Como elemento adicional, el entorno digital en el que se forman hoy niñas, niños y adolescentes también suma a esta problemática ya que éste no solo refleja sus intereses, sino que los moldea activamente.

Un estudio reciente de Cultivando Género y El Poder del Consumidor, al monitorear siete perfiles ficticios de niños en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest y Roblox, documentó que el 98.8 por ciento del contenido recibido en un mes era publicidad.

No publicidad evidente, sino integrada y disfrazada, tomada a partir de sus datos personales, para influir en sus decisiones.

La experiencia digital de millones de niñeces no es neutra: a las niñas se les empuja desde edades tempranas hacia contenidos que refuerzan inseguridades sobre su imagen; a los niños, hacia el consumo intensivo de videojuegos violentos y dinámicas adictivas.

En ambos casos, se consolidan estereotipos y se normaliza una lógica de consumo que muchas veces pasa desapercibida.

En un país donde el 76.4 por ciento de las infancias ya usa un teléfono inteligente, no estamos hablando de un fenómeno periférico, sino de su entorno identitario.

Por eso, reducir el debate a la responsabilidad de los padres es insuficiente.

La salud mental infantil es un problema estructural que requiere construir políticas preventivas que atiendan causas como la exclusión, la desigualdad y el abandono emocional.

En esto, la iniciativa de salud mental juvenil impulsada por Sheinbaum abre una oportunidad relevante; sin embargo, apunta a ser insuficiente.

A nivel internacional, diversos países señalan que los entornos digitales constituyen espacios amplificadores de riesgos, y por ello han impulsado medidas para regular el contenido al que acceden niñas, niños y adolescentes, como exigir mayor transparencia en los algoritmos —especialmente aquellos que promueven violencia—, implementar verificaciones de edad más rigurosas y diseñar plataformas más seguras por defecto.

En conjunto, estas acciones buscan no sólo limitar la exposición a narrativas que glorifican la violencia, sino también promover entornos digitales que favorezcan el bienestar, la empatía y el pensamiento crítico.

El caso de Teotihuacán no puede explicarse únicamente por las redes sociales, pero tampoco se entiende sin ellas.

Entornos digitales, plataformas adictivas, contenidos riesgosos y edades vulnerables es una combinación explosiva que, sin atención, seguirá disparando.

Tal vez no se requieran leyes adicionales, sino la implementación de políticas institucionales desde las facultades que tiene ya el Estado en telecomunicaciones.

Y sí, se deberá lograr un punto de encuentro que permita la regulación sin censura y la protección de derechos, sin limitar el acceso a internet que nuestra Constitución protege para todos.