La elección judicial de 2025 en México fue un evento político inédito y una prueba de resistencia institucional. Organizar en unos meses la elección de cientos de jueces, magistrados y ministros implicó rediseñar reglas, crear nuevos procedimientos y someter al Poder Legislativo y a las instituciones electorales a una fuerte presión.

El proceso funcionó en lo operativo, pero reveló contradicciones y dejó abiertas dudas sobre su viabilidad futura y sobre la legitimidad misma de la reforma al Poder Judicial.

La obra Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México¹, compilada por Benjamín Hill, Carolina Muñoz y por mí, y publicada por el Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, ofrece un mapa, desde diversas ópticas, de estas tensiones.

Con autores de distintas especialidades, el libro permite entender que el desafío no fue la votación, sino el diseño institucional de la elección: desde la selección de candidatos hasta las campañas y el diseño de las boletas.

Carolina Muñoz describe un sistema normativo que terminó por sofocar la competencia. Las campañas se desarrollaron bajo condiciones altamente restrictivas: topes de gasto mínimos, ausencia de financiamiento público, amplias prohibiciones en materia de comunicación y reglas cambiantes a lo largo del proceso.

Estas condiciones limitaron la posibilidad de que los candidatos se dieran a conocer. El resultado fue una elección donde competir era difícil y diferenciarse, aún más.

Benjamín Hill plantea que la legitimidad democrática no se agota en el voto. Si bien la elección puede validar el acceso a un cargo, no sustituye elementos como la independencia judicial, la capacidad técnica ni los sistemas de rendición de cuentas. La elección judicial no resolvió del todo el problema de legitimidad; lo transformó en otro que aún debe atenderse.

El libro sugiere que la elección de 2025 no debe evaluarse de manera aislada, sino como parte de un proceso más amplio. Gisela Rubach ofrece una mirada prospectiva hacia 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial federal.

Su conclusión es clara: el éxito del modelo dependerá de su capacidad de corregirse. No basta con repetir el ejercicio; es necesario rediseñarlo estratégicamente, ajustando reglas, tiempos y mecanismos de comunicación.

En la misma línea, Roberto Trad describe la elección como una transición incompleta. El sistema anterior, basado en nombramientos meritocráticos, ha dejado de existir, pero el nuevo aún no se consolida.

Esta “zona gris” genera incertidumbre: ni las reglas ni las expectativas están plenamente definidas, lo que dificulta la participación ciudadana y la operación institucional. La elección no cerró un ciclo; abrió uno nuevo.

José Manuel Urquijo analiza el papel de la tecnología. Las restricciones legales y los costos de los medios tradicionales trasladaron gran parte de la contienda al entorno digital.

Esto modificó la comunicación y la visibilidad de los candidatos, pero también introdujo riesgos: desinformación, manipulación algorítmica y desigualdad en el acceso a herramientas digitales. La tecnología se convirtió así en un nuevo terreno de competencia.

La elección puso a prueba la capacidad del Estado para organizar procesos complejos. El INE y los órganos electorales cumplieron en términos operativos, pese a la presión normativa, de tiempo y presupuestal. Sin embargo, ese éxito operativo no se tradujo en éxito político.

César Castillejos Rangel sostiene que la reforma judicial era necesaria, pero su implementación, limitada.

El diseño electoral colocó a perfiles jurídicos sin experiencia política en campañas altamente restrictivas, con topes simbólicos y escasas posibilidades de comunicación. Las reglas no incentivaron la participación; la inhibieron.

El dilema es repetir el modelo o ajustarlo. Las contribuciones del libro coinciden en la necesidad de cambios profundos. No se trata de cancelar la elección judicial, sino de mejorar su diseño con reglas claras, condiciones de competencia y apertura comunicacional. Sin estos ajustes, el riesgo es que la elección se convierta en un ejercicio formal sin legitimidad.

La elección de 2025 fue un experimento. Funcionó como prueba y como diagnóstico, evidenciando las limitaciones de una reforma de gran calado sin el tiempo ni las condiciones adecuadas.

El 21 de abril, legisladores de Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional para ajustar la elección judicial. La propuesta plantea certificaciones obligatorias para candidatos, un comité único de evaluación, eliminar requisitos poco útiles y separar las elecciones judiciales de las otras elecciones, posponiendo la siguiente elección judicial.

Existe coincidencia entre esta iniciativa y las propuestas planteadas por Yasmín Esquivel Mossa y Claudia Valle Aguilasocho en la presentación del libro, particularmente en mejorar los mecanismos de evaluación, elevar la calidad de los candidatos y separar estos comicios de las otras elecciones.

El desafío no es solo organizar elecciones de jueces, sino construir un sistema que aporte legitimidad, garantice capacidad técnica e independencia. La elección de 2025 ya ocurrió; la tarea ahora es aprender de sus lecciones y hacer los ajustes necesarios para que la reforma judicial cumpla su promesa.

¹ Benjamín Hill, Carolina Muñoz y Xiuh Tenorio, comps. Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México. Ciudad de México: Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, 2026.