La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que son inpreescriptible los delitos culposos o dolosos imputados a Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, por el caso del incendio de la Guardería ABC.
“Cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, la acción penal no debe extinguirse por el paso del tiempo, sin que resulte determinante si la conducta fue dolosa o culposa, por acción u omisión, pues lo relevante es la magnitud de los daños causados y sus repercusiones”, explicó la Corte en un comunicado.
La Corte detalló que el caso se derivó luego de que Salazar Salazar fuera vinculado a proceso en 2020 por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones culposas, ambos previstos en el Código Penal Federal.
“Lo anterior, por las presuntas omisiones en el ejercicio de sus funciones en virtud del cargo que ejercía y la inobservancia de un deber de cuidado”, señaló la Corte.
El exfuncionario, inconforme con esa determinación, promovió un juicio de amparo y después, un recurso de revisión, en donde argumentó que, al tratarse de delitos culposos, estos ya habían prescrito.
“Al resolver, el Máximo Tribunal reconoció que la acción penal ejercida en contra de la persona por dichos delitos, en la modalidad de comisión por omisión, es imprescriptible”, sostuvo máximo tribunal.
La SCJN sigue precedentes de antigua conformación del pleno
La SCJN recordó que el incendio ocurrió 05 de junio de 2009 en una guardería del esquema vecinal comunitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Hermosillo, en el estado de Sonora, donde perdieron la vida 49 niñas y niños, y muchas otras personas resultaron lesionadas.
En su resolución, el pleno recordó que la propia Corte ya había reconocido que los hechos ocurridos en la Guardería ABC constituyen graves violaciones a los derechos humanos, al haber vulnerado los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y emocional de las niñas y niños.
Además, apuntó, esa clasificación ya había sido analizada así por la Facultad de Investigación 1/2009 de la propia Suprema Corte, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (SCJN), quienes concluyeron que el incendio derivó de múltiples omisiones atribuibles a diversas autoridades del Estado, con afectaciones graves a los derechos de las víctimas.