Si fueran hoy las elecciones para gobernador, Morena perdería cinco gubernaturas y estaría enfrentando un proceso con una coalición de gobierno fracturada, una rebelión interna y la posibilidad de que otras tres, al menos, permanezcan en manos de la oposición. El desgaste en el poder, la gestión lamentable de varias de sus gobernadoras y gobernadores, aunado a la falta de liderazgo y capacidad de negociación en Palacio Nacional, son la primera fotografía de las elecciones del próximo año, que se consideran cruciales para la consolidación del proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que quiere concretar su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Este escenario está contemplado en un diagnóstico que le entregaron la semana pasada a la presidenta Sheinbaum y evaluaciones que se han hecho en Morena, donde, desde principios de este año, registran los riesgos que enfrentan no solo en las gubernaturas, sino para mantener la mayoría calificada en el Congreso. El informe a la presidenta, enfocado en las gubernaturas, trascendió, la preocupó principalmente en tres estados: Campeche, Michoacán y San Luis Potosí.

El informe subraya que la gestión de Layda Sansores en Campeche le abrió a la oposición, ante una eventual alianza de Movimiento Ciudadano con el PAN, la posibilidad real de sacar a Morena del poder, al igual que en Michoacán, donde el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla está muy mal calificado y, sin importar qué candidato presente el partido en el poder, el pronóstico es que gane Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del asesinado alcalde Carlos Manzo.

Uno de los puntos delicados en el reporte entregado a la presidenta es San Luis Potosí, donde el hasta ahora gobernador aliado Ricardo Gallardo, del Partido Verde, es intransigente para aceptar una candidatura a sucederlo que no sea su esposa, la senadora Ruth González, que tiene méritos políticos propios. La regla contra el nepotismo que está vigente en los estatutos de Morena no es vinculante con los partidos coaligados, el Verde y el PT, y Gallardo ha dicho privada y públicamente estar dispuesto a romper con Morena para las elecciones del próximo año, confiado –vistos los estudios de opinión– en ganar con holgura.

La postura de Gallardo ha fortalecido una corriente de opinión dentro del Partido Verde de ir a las elecciones sin Morena, particularmente en Quintana Roo, donde consideran que pueden ganar sin su respaldo. Quintana Roo no se encuentra en este momento entre los estados donde Morena pueda perder, pero entra en la ecuación junto con Zacatecas y Baja California Sur, que tampoco están en este momento en la lista de los estados perdedores, donde el PT dice tener la fuerza para ganar las gubernaturas. Los dos partidos han comenzado a plantear una fractura institucional de la coalición gobernante, y sus conversaciones privadas fueron puestas en conocimiento de la presidenta en el informe que le dieron. Una ruptura de la coalición gobernante cancelaría en automático la mayoría calificada.

En el diagnóstico que le entregaron a la presidenta no se anticipa la posibilidad de que le quiten al PAN las gubernaturas de Querétaro y Aguascalientes, como se prevé en Nuevo León, donde el análisis es que el gobernador Samuel García impondrá como sucesora a su esposa, Mariana Rodríguez. Este es un escenario que ha considerado la presidenta desde hace varias semanas, que la llevó a ordenar que recluten al senador Luis Donaldo Colosio como candidato de Morena, como una alternativa de emergencia. No se sabe si ha habido aproximaciones formales con Colosio.

En el informe a la presidenta no aparece Chihuahua, que también tendrá elecciones para la gubernatura el próximo año, que está en poder del PAN, lo que sugiere que Morena se quedará con la gubernatura, aunque, como en el caso de Guerrero, donde también estará en juego, hay variables internas que podrían generar un problema para Sheinbaum, que experimentará en las elecciones de 2027 un referéndum a su gobierno y una evaluación del régimen obradorista.

En Chihuahua se están enfrentando dos fuerzas: la del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, pero que en las últimas semanas, con nuevas alianzas de personas cercanas a la presidenta con el senador Adán Augusto López, se ha fortalecido la posición de la senadora Andrea Chávez, que, pese a la animadversión de la presidenta, no ha podido la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, descarrilarla.

López dejó la coordinación de la bancada en el Senado, pero no el poder. Sheinbaum fracasó para que se fuera a una embajada ante las presiones de Estados Unidos para que iniciara una carpeta de investigación en su contra, y solo le alcanzó para nombrar a Ignacio Mier en su lugar. Sin embargo, Mier es un soldado de López, evidenciado por el cabildeo y la presión que ejerció sobre los senadores de Morena para que viajaran recientemente a Ciudad Juárez al virtual lanzamiento de Chávez como precandidata a la gubernatura.

La presidenta responsabiliza directamente de los fracasos en lograr sus reformas legislativas al senador López y al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a quien en reuniones privadas ha acusado de haberse aliado con la oposición para propinarle una derrota que considera personal, política e histórica, al ser rechazado su plan A y haberle entregado un plan B que es una versión desvirtuada de lo que querían López Obrador y ella.

La presidenta ha dado instrucciones –aunque hasta el momento no hay indicios de que se hayan empezado a cumplir– de cancelar todas las posibilidades de la familia Monreal en política, con una dedicatoria directa al senador Saúl Monreal, quien, contra la regla que impide el nepotismo en las candidaturas, ha mostrado su decisión de contender por la gubernatura de Zacatecas, con el PT o el Verde. No parece estar dispuesto al sacrificio, como es la posición en la que se encuentra el senador Félix Salgado Macedonio, que está dejando entrever que peleará por suceder a su hija en la gubernatura de Guerrero.

Las derrotas en las gubernaturas podrían ser un dominó que dé victorias a la oposición y a los rebeldes de la coalición, con lo cual la mayoría calificada en el Congreso pasaría a la historia. Este escenario que se ha planteado a la presidenta sería duro golpe contra el régimen y el probable principio del fin de su poder, desbarrancado por su propia descomposición interna a tan solo 12 años de haberlo conquistado.