Hay decisiones que parecen administrativas, pero en realidad son estructurales.

La reforma de pensiones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una de ellas.

Porque no trata solo de números, trata de confianza y ella, en sistemas complejos, lo es todo.

Durante años, hemos sido testigos de cómo el personal de la CFE sostiene al país. No es una frase hecha. Es una realidad cotidiana. Ingenieros, técnicos y operadores que mantienen en funcionamiento el sistema eléctrico nacional, incluso en las condiciones más adversas.

Cuando hay huracanes, apagones o fallas mayores, no hay espacio para el debate. Hay que resolver. Y son ellos quienes están, literalmente, al pie del cañón, restableciendo el orden.

Porque sin electricidad, no solo no hay futuro, no hay presente. Por eso, el debate actual exige precisión.

El ajuste planteado es claro: establecer un tope a las pensiones del personal de confianza, incluso para quienes ya se habían jubilado bajo condiciones distintas. Es decir, reducir ingresos previamente definidos y aceptados, aplicando una nueva regla sobre acuerdos ya cumplidos.

Y aquí es donde conviene hacer una distinción fundamental.

No es lo mismo cuestionar pensiones elevadas en algunos casos, que modificar de manera retroactiva las condiciones bajo las cuales miles de profesionales planearon su vida. No es lo mismo corregir excesos, que cambiar reglas al final del camino.

Durante décadas, quienes hicieron carrera en la CFE lo hicieron bajo un conjunto de incentivos claros. No solo salariales, sino de estabilidad, de proyección y de retiro. Tomaron decisiones personales y familiares con base en esas condiciones. Hoy, muchos de ellos están en el otoño —o incluso en el invierno— de su vida profesional. Y las reglas han cambiado.

Más allá del monto, el detrimento es doble: por un lado, una reducción directa en el ingreso esperado; por otro —y más relevante— la pérdida de certeza sobre la validez de los acuerdos en el tiempo. Cuando una regla puede modificarse hacia atrás, deja de ser una referencia confiable hacia adelante.

El argumento de la austeridad es entendible. Siempre lo es. Pero incluso desde una perspectiva estrictamente financiera, el ahorro es marginal frente a la escala de operación de la CFE.

La pregunta entonces no es si se genera un ahorro, es si ese ahorro justifica el riesgo. Porque el verdadero activo del sistema eléctrico no está únicamente en su infraestructura. Está en su gente.

Existe una dimensión de la ingeniería que no se aprende en manuales. Es la experiencia acumulada tras décadas de operar una red compleja, de anticipar fallas y de tomar decisiones bajo presión. Ese “pulso” del sistema no se improvisa. Se construye con tiempo… y también con errores. Porque la experiencia no es la ausencia de fallas, sino la capacidad de haber aprendido de ellas. Quien dice que nunca se ha equivocado, o no está diciendo la verdad… o está a punto de hacerlo por primera vez.

Y justamente por eso, el personal actual de la CFE tiene un valor difícil de reemplazar: ya ha pasado por ahí. Ya ha enfrentado crisis, ha corregido, ha ajustado. Desde Diram, hemos sido testigos directos de ello. Como toda institución, la CFE es perfectible, pero sería un error no reconocer que es una empresa sólida, con personal altamente capacitado y con un conocimiento operativo que sostiene al país todos los días.

Ese conocimiento no se reemplaza fácilmente. Y, sobre todo, no se reconstruye rápido.

Pensar que puede sustituirse con una renovación generacional inmediata es una simplificación peligrosa. El relevo es necesario, sí. Pero el relevo sin transferencia de experiencia es, en el mejor de los casos, ineficiente. En el peor, riesgoso.

Cuando se debilitan los incentivos de largo plazo, la experiencia no se transmite, se pierde y muchas veces, se pierde en silencio.

Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve institucional.

Porque más allá del debate presupuestal, lo que está en juego es un principio básico: que las reglas bajo las cuales se construyen trayectorias profesionales sean respetadas. Toda acción retroactiva, además de cuestionable en su naturaleza, erosiona la confianza en el sistema. Y sin confianza, no hay sistema que funcione bien.

Ese mensaje tiene consecuencias. Se refleja en el talento que decide no entrar. En la experiencia que decide irse. En la pérdida de criterio en momentos donde el margen de error es mínimo.

Por unos cuantos casos cuestionables, y por una decisión que parece más ideológica que técnica, el riesgo es que el costo lo terminemos pagando todos.

Porque todos dependemos, todos los días, de que el sistema eléctrico funcione.

Porque al final la energía de un país no está solo en sus centrales, líneas o subestaciones, está en quienes saben operarlas.