Si bien ya se escribe y comenta bastante sobre el proceso electoral que culminará el 6 de junio del año próximo, para todo efecto práctico casi a la vuelta de la esquina, en realidad no se ha opinado ni discutido lo suficiente, aunque parezca lo contrario.
Al menos no, ni remotamente, sobre aspectos torales del propio proceso electoral y menos todavía en torno a los graves problemas nacionales, algunos de éstos, por cierto, ni siquiera visibles por la opinión pública y por parte de la llamada comentocracia.
Un primer punto que ya debían estar abordando los dirigentes de los partidos políticos, particularmente los de oposición, no necesariamente de manera pública como si se tratara de un pícaro espectáculo de entretenimiento nacional, no, sino con seriedad y alto sentido de responsabilidad, es el tema relativo a las eventuales alianzas, tanto para la elección federal como para los comicios locales concurrentes, que los habrá en la totalidad de las entidades federativas.
Se trata de un asunto delicado y grave, este de las coaliciones electorales. Involucra aspectos tanto meramente técnicos como también políticos. Entre los técnicos, está decidir, en primerísimo lugar, obviamente, si en 2027 una potencial alianza opositora —que en realidad podrá comprender hasta 33— es posible, y luego resolver sobre el tipo de alianzas electorales que es viable diseñar, porque jurídicamente —al menos en el ámbito federal— las puede haber totales, flexibles y parciales.
Multiplíquense tales opciones por 33, número de convenios de coalición que eventualmente será posible suscribir, y se comprenderá que se trata de un ejercicio nada fácil. Mayormente, si la potencial coalición la llegaren a integrar tres partidos políticos nacionales y no sólo dos, más en su caso los partidos con registro estatal que se puedan agregar, para el efecto de las elecciones locales concurrentes, en todo el país.
Las del año próximo serán sendas megaelecciones. Estarán en disputa 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de un millar de diputaciones locales y alrededor de dos mil ayuntamientos. Imagine el lector, sólo para advertir lo complicado de este ejercicio, a fin de tratar de alcanzar siempre equilibrios justos, el enorme caudal de información —electoral y de todo tipo— de que deberán disponer los interlocutores de esta gran negociación (en su sana acepción), para argumentar y tomar decisiones con ponderación, justicia y equilibrio.
Previamente, por supuesto, las dirigencias nacionales de los partidos deberán ventilar al interior de sus respectivas formaciones, en los órganos que estatutariamente corresponda, en los diversos órdenes jerárquicos partidarios, incluidos los de menor escala, pues en materia de coaliciones electorales, en especial cuando se tratan de construir entre partidos con gran rivalidad histórica, no puede haber algo peor que una definición tan importante como ésta, tomada al margen o sin la plena y democrática anuencia de sus bases de militantes. De no ser así, como de hecho ocurrió en 2024, el riesgo de fracasar es alto.
De igual manera y en forma simultánea, los partidos de oposición potencialmente interesados en coaligarse electoralmente de cara al 2027, deben estar preparados para hacer frente a una muy probable y feroz embestida del oficialismo. Ante el desplome de éste en la intención de voto, que continuará en aumento conforme pase el tiempo, y que seguramente ya han detectado sus personeros aunque jamás lo reconocerán, resulta obligado que la oposición diseñe una estrategia que anule el intento de desprestigiar o de hacer inviable un bloque opositor sólido el año próximo. El tiempo apremia.
Quedan en el tintero otras tareas que han de emprenderse. Como la elaboración de un atractivo programa legislativo, de un discurso persuasivo (narrativa le llaman ahora), de un adecuado “siglado” de distritos, de una eficaz organización para la defensa del voto, entre otras igualmente importantes. Hay que estar atentos y urgir, porque el tiempo apremia.