El episodio histórico, terrible, que aquí se cuenta, es más o menos conocido en la región de La Laguna, pero prácticamente desconocido en el resto del país. Sucedió en mayo de 1911. Cumple, pues, 115 años.
El día 15 de aquel mes y año, tuvo lugar una cruel matanza de laboriosos y pacíficos colonos chinos en Torreón, ciudad entonces con cerca de 15 mil habitantes, de los que poco más de 600 eran oriundos de la provincia de Cantón.
De acuerdo al minucioso estudio publicado en 1992: Entre el río Perla y el Nazas, por el historiador Juan Puig, el número de asiáticos asesinados, algunos de ellos con saña inaudita, fue de 249, aunque la legación china en nuestro país insistió en que fueron 303. Cifra exacta está que ha confirmado incluso con el nombre de cada uno de ellos el historiador Carlos Castañón en un libro de su autoría titulado: 303, publicado en 2021.
Esa cruel masacre se produjo como reacción inesperada, básicamente del populacho, quizá resentido por la prosperidad que algunos industriosos asiáticos habían alcanzado a pesar de haber llegado en condiciones paupérrimas a la región. Tal reacción tuvo lugar en el marco del ataque a la guarnición federal porfirista que ocupaba la plaza de Torreón, perpetrado por rebeldes de La Laguna al mando de Emilio Madero.
Cuatro investigaciones se llevaron a cabo con relación a estos sangrientos hechos. Una de ellas ordenada por la representación diplomática china a una firma norteamericana de abogados. A partir de sus pesquisas, la legación china planteó al gobierno mexicano su exigencia de indemnización a favor de los deudos de las víctimas y de los propios sobrevivientes, que cuantificó en 3 millones 100 mil pesos oro.
Apenas siete meses después de ocurridos los hechos, el 16 de diciembre de 1911, el gobierno de Francisco I. Madero firmó con el chino un protocolo de indemnización en el que se estipuló el pago de la cantidad señalada. Para el canje de ratificaciones se señaló el 15 de junio de 1912 y para el pago de la indemnización el 1 de julio del mismo año. Hasta aquí parecía que las cosas serían fáciles, pero no fueron así.
Cuando la ratificación del protocolo de indemnización estaba en estudio por parte del Senado mexicano, la revolución china de 1911-1912 produjo una gran desorganización en aquel país, incluido el funcionamiento simultáneo de varios gobiernos provisionales, uno de los cuales pidió a la cancillería mexicana, “por favor”, la suspensión del pago hasta nuevo aviso. Los senadores, cuya legislatura concluía sus funciones, aprovecharon los acontecimientos y se abstuvieron de pronunciarse sobre la ratificación del Protocolo.
Lo anterior produjo una gran conmoción en Pekín, a grado tal que la cancillería mexicana propuso, aun sin la ratificación del protocolo por el Senado, la entrega de un adelanto de 500 mil pesos. El gobierno chino se negó a recibirlos, porque el pago debía ser completo.
El hecho fue que un año después de la firma del primer protocolo, el 13 de diciembre de 1912, se suscribió un segundo para prorrogar la vigencia de aquel. El nuevo Senado se resistió a la ratificación. El gobierno mexicano propuso a su vez que el pago se hiciera en bonos de la deuda pública, lo que a regañadientes estuvo dispuesto a aceptar el gobierno chino.
Conforme al protocolo adicional, quedó el compromiso de canjear las ratificaciones en la embajada de México en Washington el 31 de enero de 1913 y pagar la indemnización el 15 de febrero del mismo año. Solo que la Decena Trágica vino a complicar terriblemente las cosas. Cuando la representación china estuvo en condiciones de reanudar las gestiones ante el nuevo gobierno, ofreció una reducción de 5 por ciento a cambio de cobrar de inmediato y en numerario. Recibió como contrapropuesta que la quita fuera del 10 por ciento.
Luego aceptó que fuera en bonos de la deuda pública, bonos que correspondía aprobar también a los diputados, cuya Cámara disolvió Victoriano Huerta a los pocos días, por lo que resultó imposible materializar el trámite correspondiente.
En 1921, el gobierno chino reanudó sus gestiones ante el gobierno mexicano. Durante los años siguientes se discutieron descuentos, rebajas y facilidades de pago, pero nada se concretó. En 1927, el secretario de Hacienda propuso pagar solo la décima parte de la indemnización. China insistió todavía seis años más, y nada. A principios de 1934 recibió la última respuesta, en la que se le comunicó que “el Gobierno mexicano no puede por ahora cubrir dicha indemnización”.
Desde entonces, el asunto se dio por concluido, lo que significa que la indemnización por los chinos asesinados en Torreón jamás se pagó. Increíble, pero así fue. La deuda económica quedó borrada. Pero no el agravio causado a la comunidad china hace 115 años.