El nerviosismo en las altas esferas del poder tiene una explicación. Conforme avanzan las investigaciones que desarrolla el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diversos políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, las miradas comienzan a dirigirse hacia el pasado inmediato y, particularmente, hacia Palenque.

Las revelaciones de testigos colaboradores y de personajes que buscan acuerdos con la justicia norteamericana han abierto una nueva etapa en la relación bilateral. Ya no se trata únicamente de perseguir a capos del narcotráfico o de solicitar extradiciones. El foco ahora parece estar colocado en las redes de protección política que durante años habrían permitido la expansión de organizaciones criminales en distintas regiones del país.

Por ello resulta evidente la inquietud que prevalece tanto en el oficialismo como en el círculo más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La reciente reaparición pública del tabasqueño mediante una carta dirigida a cuestionar la actuación del gobierno estadounidense y a denunciar supuestos intentos de intervención extranjera refleja que el tema ha dejado de ser una disputa diplomática para convertirse en un asunto de supervivencia política.

El problema para la llamada Cuarta Transformación es que los expedientes abiertos en Estados Unidos no parecen agotarse en el caso de Sinaloa. Las acusaciones formuladas contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, han colocado a Morena en una posición defensiva permanente. Las autoridades estadounidenses sostienen que existen elementos para investigar presuntos vínculos entre estructuras gubernamentales y organizaciones criminales, mientras que el gobierno mexicano insiste en que no se han presentado pruebas suficientes.

En ese contexto, cada declaración de un testigo protegido adquiere un peso político enorme. La experiencia demuestra que el sistema de justicia estadounidense suele construir casos complejos apoyándose en testimonios, documentación financiera, comunicaciones y acuerdos de colaboración. El programa federal de protección de testigos ha sido utilizado durante décadas para desmantelar organizaciones criminales y procesar a figuras de alto perfil.

La pregunta que comienza a escucharse en los corrillos políticos es inevitable: ¿hasta dónde llegará la investigación? Nadie puede responderla con certeza. Lo que sí puede afirmarse es que el cerco político se estrecha conforme aparecen nuevos nombres, nuevas declaraciones y nuevas líneas de investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta entonces un dilema de enormes dimensiones. Por un lado, debe defender la soberanía nacional y evitar que las acusaciones provenientes del extranjero sean percibidas como una intromisión. Por otro, corre el riesgo de quedar atrapada en la defensa de personajes cuya situación jurídica podría complicarse en los próximos meses.

La historia reciente de América Latina demuestra que ningún liderazgo político es inmune cuando coinciden investigaciones internacionales, cooperación judicial y testimonios de antiguos aliados. Por eso, más allá de los discursos encendidos y de las cartas cargadas de descalificaciones, lo verdaderamente relevante será conocer qué pruebas logran sostener las autoridades estadounidenses y cuál será la respuesta institucional del Estado mexicano.

Mientras tanto, en Washington continúan armándose expedientes y acumulándose testimonios. En Palacio Nacional intentan contener la tormenta. Y en los pasillos del poder cada vez son más quienes repiten la misma frase: todos los caminos, tarde o temprano, apuntan a Palenque.

El lugar que ocupará Claudia Sheinbaum en la historia contemporánea de nuestro país se define por las decisiones que está tomando en estos momentos y, al parecer, escogió defender a impresentables con el riesgo de ser calificada en el futuro como su protectora.

En cualquiera de los casos, la mandataria camina por una línea muy delgada entre proteger al movimiento que encabeza y evitar que la acción de justicia de los Estados Unidos alcance a funcionarios y exfuncionarios públicos de Morena que traicionaron la confianza de los mexicanos.

Los desafíos que tiene la titular del Poder Ejecutivo Federal son formidables, tanto en su relación con su contraparte norteamericana como con su mentor. A quien debe proteger a toda costa, aunque en ello se juegue su cada vez menor capital político. Además, claro está, debe gobernar un país que está al borde de una recesión económica.

Las revelaciones que hace el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en un libro de sus memorias que aparecerá al público en los próximos meses, validan el rumbo que tomará Washington en la víspera de las elecciones de noviembre. En el libro, apunta que luego de la captura de El Mayo Zambada, observó que el presidente López Obrador “estaría muy preocupado por la información sobre políticos mexicanos que el gobierno de EU pudiera obtener del fundador del Cártel de Sinaloa”.