La inversión disminuye; la demanda de trabajo se incrementa; los recursos públicos se agotan; la exposición del país frente al mundo se avecina con el Mundial, y los procesos electorales ya tocan a la puerta: la situación que vive el país es angustiante. No ha errado el embajador Ronald Johnson al afirmar que, para que la inversión prospere, se requiere certeza jurídica, seguridad y combate a la corrupción. Desafortunadamente, en nuestro país esos tres factores han colapsado, pues la agenda política avanza en sentido diametralmente opuesto. Se ha desmantelado el andamiaje institucional del que dependían la certidumbre jurídica, la defensa del derecho y la aplicación puntual de la ley. Lo más grave es que la realidad se impone y demuestra que incluso los críticos más benevolentes del sistema no necesitan escarbar demasiado para encontrar ejemplos. Durante una semana han circulado en redes sociales videos que exhiben la desorientación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrapada en un remolino de palabras que no logra articular para expresar su voto: no comprendía la diferencia entre la sustancia de la deliberación judicial y el proyecto en el que ésta se contiene. El problema que ha dejado la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación es de la mayor gravedad. El hecho de que el máximo tribunal del país navegue sin rumbo definido evidencia la precariedad del trabajo que realizan los tribunales de menor jerarquía, a los que han accedido abogados menos calificados. México se posiciona así en el escenario internacional como un país en el que no impera la ley y en el que, sin embargo, comienza a imponerse —aunque no en todos los casos— la justicia de los amigos o de los más corruptos. Por ello debe recibirse con esperanza la iniciativa de reformas a la Constitución presentada por legisladores de Morena la semana pasada. Dicha propuesta aplaza la implementación del golpe al grupo de jueces y magistrados de la vieja escuela que aún ocupan sus plazas, como lo establece la norma vigente, y retoma la necesaria experiencia y capacitación profesional como requisitos esenciales para acceder al cargo. El hecho de que el relevo judicial se postergue hasta 2028 da un respiro a quienes encontramos en la administración de justicia un pilar fundamental del progreso ordenado del país. Hay, sin embargo, un aspecto que debe atenderse con urgencia: la Constitución mantiene una antinomia entre sus artículos 94 y 97, relativos a los mecanismos de designación de la presidencia de la Suprema Corte. Consideramos que, en aras de preservar la autonomía del Poder Judicial de la Federación —ajena a cualquier intervención externa, como podría ser un resultado electoral— y en atención a su función técnica y de alta especialización jurídica, así como a su papel orgánico-constitucional en la resolución de controversias entre poderes, debe prevalecer la interpretación que permita la continuidad de los procedimientos internos de elección de la presidencia de la Suprema Corte, como hasta ahora ha ocurrido. Difícilmente habría algo que garantice mejor la certidumbre jurídica que exige quien entiende que la labor del máximo tribunal consiste en trazar los caminos para la aplicación del derecho. No obstante, subsiste una interpretación posible que favorecería la preeminencia de mecanismos electorales externos para determinar el gobierno del máximo tribunal. Ello dejaría en manos de electores inexpertos, ajenos a las responsabilidades constitucionales de la Suprema Corte, una decisión que podría colocar la conducción del órgano más importante de justicia del país en manos de ministros de partido, capaces de comprender la lógica ideológica, pero no la serenidad que exige el imperio de la Constitución. A esta discusión debe añadirse un elemento práctico que rara vez se explicita: la calidad de la justicia no sólo impacta en la arquitectura institucional, sino en la vida cotidiana de quienes acuden a los tribunales. Cada resolución errática, cada criterio inconsistente, cada nombramiento sin sustento técnico, se traduce en incertidumbre para las personas, en costos para las empresas y en un deterioro progresivo de la confianza pública. La justicia deja entonces de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en un factor adicional de riesgo. Cualquiera que sea el proceso de reforma constitucional en materia judicial, debe retomar a fondo la imprescindible capacidad profesional y experiencia de quienes aspiren a juzgar; reconsiderar la reducción facultativa de los tribunales de disciplina encargados de aplicar correctivos y sanciones; y, en lo relativo a la Suprema Corte, asegurar la funcionalidad de sus mecanismos internos de designación, a fin de preservar ese mismo principio de capacidad como baluarte del máximo órgano de justicia del país. Apenas comienzan las rondas de revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Es previsible la exigencia que en ese ámbito habrá de imponerse. Constituye un interés hemisférico —que a todos conviene— que el país recupere la senda de la legalidad. La presidenta tiene una oportunidad de oro para corregir un error que ya nos relega en materia de inversión productiva frente a otros países latinoamericanos. La disyuntiva es clara: o se restituye la lógica institucional que garantiza la imparcialidad y la competencia técnica de quienes imparten justicia, o se consolida un modelo en el que la incertidumbre jurídica termine por erosionar no sólo la confianza de los inversionistas, sino la de la sociedad en su conjunto. En ese punto, ya no habrá exhortación diplomática que alcance.