No recuerdo, a lo largo de 35 años de escribir esta columna, un momento en el que en todos los niveles y rincones de nuestra vida social se hablara tanto de propiedad intelectual como esta última semana. La causa, las transmisiones de los partidos de fútbol del mundial en bares y restaurantes.
Esta circunstancia, por sí misma, da cuenta de como los asuntos de Propiedad Intelectual han irrumpido exponencialmente en múltiples foros, incluidas las benditas redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación cotidiana. Un efecto positivo, dar claridad a la fuerza que estos derechos monopólicos tienen en la planeación estratégica de todo tipo de organizaciones.
El músculo que la FIFA ha mostrado en esta edición del mundial 2026, es el más robusto que se haya visto de parte de la entidad. No solo se trata de la fuerza de sus marcas registradas, calificadas ya como “famosas”, sino que deriva hacia reformas legales para evitar prácticas publicitarias engañosas (ambush marketing), y en procedimientos dirigidos a hacer valer el uso exclusivo de su señal televisiva. De esta manera, la FIFA cuenta con el derecho de solicitar órdenes de suspensión del uso de sus señales en establecimientos comerciales que la difundan sin pagar las licencias correspondientes, y en ese contexto, pedir la aplicación de las multas previstas por incurrir en infracciones a la ley.
De entrada, el hecho de que la señal de algunos partidos sea objeto de libre transmisión, hacía suponer que su difusión en pantallas de cualquier tipo estaba exenta de candados. Sin embargo, al darse a esa señal destino comercial, la necesidad de pagar por la licencia encuentra soporte pleno en nuestra legislación. De hecho, los montos de las licencias vendidas a los gobiernos de los estados (por ejemplo), para poder transmitir los partidos en plazas públicas para los denominados “fan fest”, alcanzaron cifras entre los 35 y 70 millones de pesos, en lo que constituye ya un festín de exorbitantes ingresos para la FIFA.
Traducidos estos elementos a “lenguaje amarillista” el escenario puede describirse como la amenaza de que, a cualquier restaurante que transmita los partidos del mundial sin licencia, el IMPI le aplicará una multa de 30 millones de pesos. Esa premisa, no falsa, pero si irrealizable, atrajo no sólo la atención del público sino también el ilegal oportunismo de falsos inspectores que pretendieron aprovechar la amenaza para extorsionar a los eventuales infractores.
Bajo estas condiciones, el comunicado publicado por el IMPI, el pasado 10 de junio, logró de manera pragmática tranquilizar las aguas. En pocas palabras el Instituto informó que, aún siendo ilegal la transmisión no autorizada de los partidos en este tipo de establecimientos, la autoridad no podía actuar sin denuncia previa. Además, para quienes estamos familiarizados con esta clase de asuntos, bien sabemos que la limitación en el número de inspectores del IMPI impedía cubrir de manera simultánea un amplio terreno. De esa manera, las palabras del Instituto se convirtieron en una especie de salvoconducto por el que, al menos los establecimientos de menor dimensión pudiesen servirse de las transmisiones para sentar clientes en sus mesas.
Esta edición mundialista ha permitido atestiguar la conversión de la FIFA en una poderosa empresa, que basa su éxito en la explotación intensiva de derechos de Propiedad Intelectual.