La expansión del sistema eléctrico mexicano es impostergable y se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la agenda de Palacio Nacional.

En este sentido, el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum lanzó una serie de medidas con las que el gabinete energético pretende activar los proyectos estratégicos de generación en los que espera que participen también las empresas privadas.

El plan comprende el lanzamiento de dos convocatorias para la construcción de plantas de generación de energía renovable, así como la creación de una ventanilla única con la que se espera reducir 60 por ciento el tiempo de los trámites, para pasar de 1.3 años a solo seis meses.

En este punto, la estrategia consiste en reducir lo más que se puedan las gestiones con la finalidad de que los proyectos cuenten con la mayor certidumbre de que verán la luz y no se quedarán atrapados en el limbo de la burocracia. Algo que es muy necesario, y que ha sido reiterado por empresarios desde diferentes organizaciones.

Pero este no es un repentino interés del llamado Segundo Piso de la 4T por el sector eléctrico, sino un complemento a los planes que desde el inicio del sexenio se tuvieron para el crecimiento de la generación y la transmisión de energía. Todo esto de la mano del sector privado, en un momento por demás conveniente en las relaciones internacionales de México. Me explico.

Verá, el Gobierno de México está estresado rumbo a la revisión del T-MEC con Estados Unidos, y una de las barreras no arancelarias que el gobierno de Donald Trump ha denunciado es precisamente el trato especial que reciben las empresas estatales del sector energético. Específicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para resolverlo, el gabinete energético de Sheinbaum está empujando dichos proyectos estratégicos, enmarcados en el Plan México, con la finalidad de demostrarle al gobierno de Donald Trum que tienen la capacidad, y por supuesto la disposición y voluntad, de trabajar de manera conjunta con la iniciativa privada en el sensible sector energético mexicano.

Y es que casos como la disfrazada “expulsión” de Iberdrola del país, así como la serie de litigios interminables que se tuvieron con empresas del sector energético durante la administración pasada por los llamados “contratos leoninos”, que llevaron a elaborar la contrarreforma energética e López Obrador, pasaron una factura muy cara al gobierno de Shienbaum, quienes están haciendo lo posible por ganar simpatías con el vecino del norte.

La relación bilateral en materia energética quedó muy sensible desde el sexenio pasado, y la mejor forma para resarcir, sin comprometer la soberanía, es el lanzamiento de las convocatorias. El gobierno entendió que los contratos mixtos, esta figura que permite a las empresas privadas coinvertir en proyectos con el gobierno, necesitaba un empujón, pues la palabra del Estado mexicano estaba algo gastada. Es necesario que esta misma lógica de impulso se aplique también en el sector de hidrocarburos, donde el tema de los contratos mixtos con Pemex marcha lento.

En Palacio saben perfectamente bien que sin energía no hay crecimiento, así que manos a la obra.