Hablar de pacificación en México sin mirar de frente los índices de criminalidad es un ejercicio vacío. La magnitud de la violencia no admite eufemismos ni maquillajes estadísticos.

El país arrastra, desde hace más de una década, niveles de violencia propios de escenarios de conflicto prolongado, con impactos sociales, económicos y políticos que no pueden seguir siendo administrados como si fueran coyunturales.

Los datos son contundentes. México ha registrado en los últimos años más de 30 mil homicidios dolosos anuales, con picos que han superado los 36 mil casos. Aunque ha habido ligeras variaciones a la baja en algunos periodos, la cifra sigue colocándose entre las más altas del mundo fuera de contextos de guerra abierta.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes continúa muy por encima de los estándares internacionales aceptables.

A esta tragedia se suma otra, igual de devastadora: las desapariciones. De acuerdo con registros oficiales, el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas. Es una cifra que por sí sola describe una crisis humanitaria. Detrás de cada número hay una familia que busca, una historia interrumpida y un Estado que, en muchos casos, no ha logrado dar respuestas.

El fenómeno de las masacres —entendidas como eventos con múltiples víctimas en un mismo hecho— también se ha vuelto recurrente. Organizaciones civiles han documentado cientos de episodios en los últimos años, con patrones que revelan control territorial, disputas entre grupos criminales y, en ocasiones, ataques directos contra población civil.

Estas expresiones de violencia no solo generan terror local, sino que envían un mensaje de poder y dominio por parte de los grupos delictivos.

El impacto económico es igualmente profundo. La violencia no solo cuesta vidas; cuesta crecimiento, inversión y oportunidades. Estudios sobre el impacto de la inseguridad estiman que el costo de la violencia en México equivale a varios puntos del Producto Interno Bruto.

Empresas que no invierten, negocios que cierran, regiones enteras que pierden competitividad. La inseguridad se convierte así en un freno estructural al desarrollo.

En paralelo, el control territorial por parte de grupos criminales ha mutado. Ya no se trata únicamente de rutas de trasiego de drogas. Hoy hablamos de economías criminales diversificadas: extorsión, cobro de piso, control de mercados locales, minería ilegal, robo de combustible y tráfico de personas.

En muchas regiones, estas actividades han sustituido funciones del Estado, generando esquemas de “gobernanza criminal” que afectan la vida cotidiana de millones de personas.

Frente a este panorama, la pacificación no puede limitarse a una estrategia de contención. Requiere una intervención integral que atienda tanto la violencia directa como las estructuras que la sostienen. Y aquí es donde la rendición de cuentas vuelve a ser central.

La impunidad sigue siendo uno de los principales problemas. Diversas estimaciones señalan que más del 90 por ciento de los delitos en México no se denuncian o no se investigan adecuadamente. En el caso de los homicidios, aunque el nivel de esclarecimiento es mayor, aún existe una brecha significativa entre los casos registrados y las sentencias obtenidas. En desapariciones, la situación es aún más crítica.

Sin justicia, no hay disuasión. Y sin disuasión, la violencia se reproduce.

El sistema de seguridad y justicia enfrenta, además, problemas estructurales: fiscalías con capacidades limitadas, policías locales con bajos niveles de profesionalización, sistemas periciales saturados y una coordinación interinstitucional que, en muchos casos, es más formal que efectiva.

La presión sobre el sistema de salud también es evidente. La violencia genera una carga adicional en hospitales públicos, tanto por la atención de víctimas directas como por el impacto psicológico en comunidades enteras. Es un costo que rara vez se cuantifica en su totalidad, pero que afecta la calidad y disponibilidad de servicios.

La cooperación internacional puede ser un aliado crucial, especialmente en materia de inteligencia financiera y combate a redes transnacionales. Sin embargo, la solución de fondo es interna: fortalecer las instituciones, recuperar el control territorial y garantizar que la ley se aplique sin excepciones.

La pacificación del país no será resultado de una sola política ni de un solo sexenio. Es un proceso de largo plazo que requiere consistencia, transparencia y voluntad política. Sin embargo, también requiere algo fundamental: reconocer la magnitud del problema sin matices.

Las cifras no son solo estadísticas. Son evidencia de una crisis que exige respuestas a la altura. México no puede normalizar niveles de violencia que, en cualquier otro contexto, serían inaceptables.

La pregunta ya no es si se puede pacificar el país, sino cómo y con qué costo político se está dispuesto a hacerlo. Porque sin decisiones de fondo, las cifras seguirán creciendo, y con ellas, la distancia entre el Estado y la ciudadanía.