El negocio de los seguros de gastos médicos mayores en México ha dejado de ser, para miles de familias, un instrumento de protección de la salud y financiera para convertirse en una fuente constante de frustración y quiebra económica.

En los últimos años, el costo de las pólizas se ha disparado —en muchos casos, duplicándose— sin que ello se traduzca en mejores coberturas o en una atención más eficiente.

Por el contrario, el usuario enfrenta hoy un sistema opaco, plagado de “letra chiquita” y prácticas que, en los hechos, terminan por vaciar de contenido la promesa de respaldo en momentos críticos.

En este contexto, en la Cámara de Diputados comienza a tomar forma una respuesta legislativa. El diputado Jericó Abramo Masso ha impulsado una iniciativa que busca frenar los abusos de las aseguradoras y poner orden en la relación —frecuentemente discrecional— entre estas y los hospitales privados.

Esta misma semana, tal vez hoy, el dictamen podría ser analizado y eventualmente avalado en la Comisión de Hacienda, lo que marcaría el primer paso hacia una regulación más estricta de un sector que ha operado con amplios márgenes de opacidad.

El problema de fondo es evidente: mientras las primas aumentan de manera sostenida, las condiciones para hacer válido el seguro se vuelven cada vez más restrictivas. Exclusiones, deducibles elevados, periodos de espera y cláusulas ambiguas son parte del menú cotidiano que enfrentan los asegurados.

No son pocos los casos en los que, tras años de pagar pólizas costosas, los usuarios descubren —justo en el momento de necesitar el servicio— que su padecimiento no está cubierto o que el monto a desembolsar de su bolsillo resulta prácticamente prohibitivo.

Este fenómeno ha generado un creciente malestar social, particularmente entre sectores de clase media que ven en estos seguros una inversión necesaria para evitar el colapso financiero ante una emergencia médica.

La percepción de abuso no es gratuita: responde a una combinación de incrementos desproporcionados en las primas, entre ellos por traslado del IVA, y a la falta de transparencia en la prestación de los servicios.

A ello se suma un factor clave: la estrecha —y muchas veces poco regulada— relación entre aseguradoras y hospitales privados. En no pocas ocasiones, los costos hospitalarios alcanzan niveles exorbitantes, muy por encima de estándares internacionales comparables.

Habitaciones, insumos, honorarios médicos y procedimientos son facturados a precios que, sin un seguro, resultarían simplemente inaccesibles para la mayoría de la población.

El resultado es un círculo vicioso: hospitales que encarecen sus servicios, aseguradoras que trasladan esos costos a los usuarios mediante primas más altas y asegurados que, pese a pagar más, reciben menos cobertura efectiva. Un modelo que, lejos de proteger, termina por excluir.

Desde una perspectiva de política pública, el tema trasciende el ámbito privado. Fortalecer y hacer más accesible el seguro de gastos médicos mayores no solo beneficia a quienes pueden pagarlo; también tiene un efecto directo sobre el sistema de salud público.

En la medida en que más personas recurran a servicios privados, se reduce la presión sobre hospitales públicos que hoy operan al límite de su capacidad.

Aquí es donde la discusión adquiere una dimensión social y política para el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. Si bien el discurso oficial ha privilegiado el fortalecimiento del sistema público de salud, la realidad muestra que este no es suficiente para atender la demanda creciente.

Ignorar el papel del sector privado —y, en particular, de los seguros médicos— sería cerrar los ojos a una parte fundamental del problema.

La iniciativa que se discute en San Lázaro apunta, precisamente, a corregir distorsiones. Entre los cambios que se contemplan están mayores obligaciones de transparencia para las aseguradoras, la estandarización de contratos para evitar cláusulas abusivas y mecanismos de regulación sobre los costos hospitalarios.

Se trata, en esencia, de equilibrar la relación entre empresas y usuarios en un mercado donde la asimetría de información ha jugado históricamente en contra del consumidor.

En el terreno político, la iniciativa también pondrá a prueba la capacidad de consenso en la Cámara de Diputados. Aunque el tema genera simpatías transversales —pocos legisladores se atreverían a defender abiertamente a las aseguradoras en este contexto—, no faltarán resistencias del oficialismo.

Desde San Lázaro, la señal es clara: el tema ha llegado a la agenda legislativa y difícilmente saldrá de ella sin algún tipo de ajuste. Falta ver si la voluntad política de la presidenta Sheinbaum alcanza para transformar un sistema que, hasta ahora, ha privilegiado el negocio por encima de la protección.

Porque en materia de salud, la letra chiquita puede ocasionar una sangría en el sistema de salud del país.