El trumpismo no es un mero populismo de derecha. Bajo el gobierno de Trump se está configurando una nueva estructura de poder, resultado de la unión entre corporaciones de alta tecnología, el ejército y un gobierno volcado en el nacionalismo económico y político que señala diversas amenazas a la seguridad nacional.

Una gran novedad es que la concentración de datos para su análisis y la IA se vuelven el principal instrumento del poder de esa conjunción político-militar con las grandes corporaciones tecnológicas, que, al ser estas las que procesan y analizan los datos, tienen un gran poder en la toma de las decisiones.

Mariana Mazzucatto ha observado que en esa relación entre corporaciones, fuerzas armadas y gobierno, el conocimiento estratégico y las grandes decisiones no se desarrollan en las instituciones de gobierno, sino en las grandes corporaciones y consultorías privadas.

Trump, en efecto, ha favorecido el traslado de funciones clave de gobierno a corporaciones tecnológicas.

Durante el bienio 2025–2026 se consolidó una presencia sin precedentes de líderes tecnológicos en IA, defensa y reorganización administrativa del gobierno federal.

Es visible la influencia de Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen y ejecutivos vinculados a Palantir Technologies, empresa a la que nos referimos aquí la semana pasada.

El predominio de corporaciones privadas sobre la burocracia, contra la que Trump ha estado siempre, tiene como efecto el de disciplinar a las instituciones del Estado y asegurar que las grandes decisiones económico-políticas se sometan a la lógica de la seguridad nacional o del mercado, según las circunstancias.

En este tenor se sigue la discusión en varios ámbitos de EU y otros países, a la que se sumó esta semana el Papa León XIV con su encíclica Magnifica Humanitas: ¿quién debe gobernar el futuro? ¿Los mercados, los Estados, los algoritmos, las corporaciones tecnológicas o los ciudadanos?

La “República Tecnológica”, la declaración de la empresa Palantir Technologies a la que nos referimos la semana pasada, lleva el liderazgo de la discusión ideológica en esa materia. Visualiza el futuro gobierno como una alianza entre élites tecnológicas y un Estado —no democrático, menos social—, sino “estratégico”.

La tecnología no la concibe solo como instrumento para conquistar mercados; la neutralidad tecnológica le parece inadmisible. Toda tecnología es política, dice el manifiesto, para el cual el futuro pertenecerá a las naciones que integren Estado, capital privado y tecnología avanzada como instrumento de la seguridad y la defensa nacional.

Si la tecnología es el corazón del poder ante los imperativos de la seguridad nacional o, dicho de otra manera, los imperativos para tratar de preservar la hegemonía geopolítica frente a China, la alianza estrecha entre Estado, ejército y las grandes corporaciones tecnológicas es la condición central.

En esa alianza, los controles democráticos del ejercicio del poder pierden relevancia y, ante las amenazas externas a la seguridad nacional, la vigilancia social y la eficiencia como condición de toda actividad se hacen necesarias.

¿Qué tan grande es realmente la influencia de esas ideas? Ideológica y estratégicamente, es notable por las sustanciales coincidencias entre la República Tecnológica de Palantir y el gobierno de Trump, y con seguridad irá creciendo porque la competencia con China es real y en EU se le considera de «sobrevivencia»; porque EU está rezagado en IA y necesita alcanzar a su rival, y porque Washington está trasladando funciones clave de gobierno a empresas tecnológicas privadas.

En esta configuración del poder en la economía más poderosa del mundo, el modelo de integración de Norteamérica —cuyo instrumento fue el TLCAN y el T-MEC como sucedáneo— ha perdido vigencia, está obsoleto.

La apuesta de México a integrarse a las economías de Estados Unidos y Canadá fracasó a lo largo de 30 años, pero la estructura del poder que se está configurando en Washington y sus prioridades geopolíticas hacen prácticamente imposible que la revisión del T-MEC resulte en nuevas oportunidades de acompasar el desarrollo de México con el de EU y Canadá.

Eso sin considerar que el gobierno de la presidenta Sheinbaum es blanco de presiones injerencistas del gobierno de Trump, quien no se cansa de repetir que en nuestro país gobiernan los cárteles de la droga; ¿cómo hacer caso omiso de esas ignominiosas acusaciones del “socio” comercial?

Regresando a las consideraciones mercantiles; colateralmente al nacionalismo fincado en la seguridad nacional, Trump intenta conformar una sinergia industrial, forzando la repatriación de inversiones mediante aranceles y subsidios; la necesita como una condición para reanimar la demanda de innovaciones que solo pueden surgir de necesidades objetivas de una actividad industrial intensa y diversa.

En ese juego, el T-MEC hasta se convierte en un estorbo y Trump, que suele anticipar lo que se propone hacer, ha reiterado que podría sacar a su país del tratado.

En parte realidad y en parte argumento de negociación, el desinterés manifiesto por el T-MEC le permitirá a Washington exigir lo inimaginable, si el gobierno de la presidenta Sheinbaum se empeña en que se ratifique a cualquier costo.

Es así que en la revisión del T-MEC, México no se juega únicamente el acceso al mercado de Estados Unidos, sino mucho más: se juega su modelo de desarrollo económico para las próximas décadas.

La disyuntiva es entre seguir apostando al sector exportador —con el paradójico resultado de que las exportaciones crecen y el PIB es cada año más pequeño— o decidirse por el desarrollo de las capacidades productivas internas y de los mercados nacionales, sin T-MEC.

Nos hemos acostumbrado a pensar que, sin el T-MEC y el dinamismo del sector externo de la economía, el desarrollo de México es imposible. En realidad, mucho de nuestros atrasos tiene que ver con el TLCAN y los otros tratados de “libre comercio” firmados.