En el tablero legislativo, lo que no se discute también cuenta. Y hoy, el silencio en torno a las reformas para frenar los abusos de las aseguradoras en los seguros de gastos médicos mayores dice más que cualquier discurso.

La decisión de la mayoría oficialista de congelar estas iniciativas —mandarlas a un eventual periodo extraordinario o, en el peor de los casos, hasta noviembre— revela una prioridad incómoda: recaudar más, aunque eso implique dejar desprotegidos a millones de usuarios.

Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Edgar Amador, la lógica es clara, aunque difícil de justificar públicamente.

El mercado de seguros representa una fuente relevante de ingresos fiscales, tanto por el cobro del IVA como por las restricciones a la deducibilidad del ISR en el pago de primas.

Abrir la puerta a una regulación más estricta que limite incrementos desmedidos, prácticas opacas o negativas de cobertura implicaría, en los hechos, tocar ese flujo de recursos.

El problema es que, del otro lado de la ecuación, están los ciudadanos. Usuarios que han visto cómo, en los últimos años, el costo de sus pólizas se ha disparado sin una correlación clara con mejoras en el servicio.

Incrementos anuales de dos dígitos, deducibles más altos, exclusiones más amplias y procesos de reclamación cada vez más complejos forman parte de una realidad que ha erosionado la confianza en el sistema.

En este contexto, la inacción legislativa no es neutra: favorece a un sector en detrimento de otro.

Y aquí es donde entra el papel de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, encabezada por Ricardo Monreal.

Morena ha optado por patear el tema, evitar el desgaste y posponer una discusión que, inevitablemente, implica confrontar intereses económicos poderosos.

La justificación puede encontrarse en la precariedad de las finanzas públicas. El gobierno necesita recursos y cualquier medida que implique reducir la recaudación se enfrenta a resistencias internas.

Pero esa visión, centrada exclusivamente en el corto plazo, omite un efecto colateral de gran calado: el impacto en el sistema de salud pública.

Mantener los seguros de gastos médicos mayores en rangos económicamente accesibles no es solo una cuestión de justicia para quienes los contratan; es también una válvula de escape para un sistema público que se encuentra, en muchos casos, rebasado.

Cada persona que pierde su seguro privado por no poder pagarlo es, potencialmente, un nuevo usuario del sistema público. Y ese sistema ya opera al límite de su capacidad.

La ecuación es sencilla, aunque parezca que no se quiere ver: si se encarecen o se vuelven inaccesibles los seguros privados, aumenta la presión sobre hospitales públicos, clínicas y centros de salud que ya enfrentan carencias de personal, insumos y capacidad instalada.

Es, en términos prácticos, trasladar un problema del ámbito privado al público, con un costo mucho mayor para el Estado.

El gobierno de Claudia Sheinbaum parece no estar calibrando del todo este efecto. O, en su defecto, está privilegiando la urgencia recaudatoria sobre la sostenibilidad del sistema en su conjunto. En ambos casos, el resultado es preocupante.

La relación entre Hacienda y el Congreso en este tema deja ver una alineación que no sorprende, pero sí inquieta. Cuando el interés fiscal se impone sobre la protección al consumidor, el equilibrio institucional se rompe.

El Congreso, que debería fungir como contrapeso y defensor de los ciudadanos, termina actuando como extensión de la política hacendaria.

No se trata de satanizar al sector asegurador ni de desconocer su papel en la economía. Se trata de establecer reglas claras, justas y transparentes que eviten abusos y garanticen condiciones equitativas para los usuarios. La regulación no es un castigo; es una herramienta para ordenar el mercado.

Posponer esta discusión no hará que el problema desaparezca. Por el contrario, lo agravará. Los costos seguirán subiendo, la inconformidad crecerá y la presión sobre el sistema público se intensificará.

En algún momento, la factura política llegará, y entonces ya no será posible esquivar el debate.

Desde San Lázaro, el mensaje que se envía es contradictorio. Por un lado, se habla de justicia social y de poner al ciudadano en el centro de las decisiones.

Por otro, se congelan reformas que buscan precisamente proteger a ese ciudadano frente a prácticas abusivas. La narrativa y la acción no están alineadas.

El dilema es claro: ¿recaudar a toda costa o construir un sistema de salud más equilibrado y sostenible? La respuesta, hasta ahora, parece inclinarse por la primera opción.

Y eso, más allá de cálculos fiscales, tiene implicaciones profundas en la vida cotidiana de millones de mexicanos.