S&P Global Ratings, una de las principales agencias calificadoras del mundo, revisó su perspectiva a largo plazo de la economía mexicana, de “estable” a “negativa”, argumentando principalmente el debilitamiento de la flexibilidad fiscal, debido principalmente al bajo crecimiento económico, lo que resulta en un aumento de la deuda pública mayor de lo esperado y una mayor carga de intereses. La decisión representa una advertencia sobre el deterioro de los fundamentos económicos y fiscales del país.
Si bien se mantuvo el grado de inversión, una revisión negativa de la perspectiva no debe interpretarse como una señal de fortaleza económica. Por el contrario, es una advertencia preventiva de que los márgenes de maniobra se están reduciendo. El mensaje central es contundente: el problema ya no es únicamente el nivel de deuda, sino la combinación de bajo crecimiento, fragilidad fiscal y menor capacidad de ajuste.
S&P también advirtió que el apoyo fiscal a Pemex y a la CFE aumentará la rigidez de las finanzas públicas. Esto significa que una parte creciente de los recursos fiscales seguirá destinándose a respaldar empresas públicas con presiones estructurales, reduciendo espacio para inversión productiva, infraestructura, salud, educación y desarrollo económico.
Otro punto relevante de la evaluación de S&P es la referencia explícita al entorno externo y a la relación con Estados Unidos. La calificadora señaló que “un deterioro inesperado de los estrechos vínculos comerciales y económicos de México con Estados Unidos también podría debilitar la sólida posición externa del país”. Esta observación adquiere especial relevancia considerando la próxima revisión del T-MEC y el entorno político y comercial cada vez más complejo en Norteamérica.
La revisión de perspectiva también refleja una preocupación creciente sobre el debilitamiento de la confianza para invertir. La inversión fija bruta ha mostrado un debilitamiento progresivo que impide un crecimiento más acelerado y sostenido. Sin mayores niveles de inversión productiva será difícil elevar la productividad, expandir la capacidad industrial y generar más empleos.
El problema de fondo es que México enfrenta el riesgo de entrar en un círculo de bajo crecimiento y creciente presión fiscal. Cuando una economía crece poco, recauda menos, tiene menor capacidad para absorber costos financieros y dispone de menos margen para sostener deuda pública creciente. Si además persiste la incertidumbre y se debilita la inversión, el deterioro puede acelerarse gradualmente.
México aún conserva fortalezas: una banca relativamente sólida, estabilidad monetaria, un mercado financiero profundo, integración comercial privilegiada y ventajas competitivas para aprovechar el nearshoring. Sin embargo, S&P está advirtiendo que esas fortalezas podrían erosionarse si no se corrigen oportunamente las tendencias actuales.
Por ello, el principal reto del país es recuperar la confianza para la inversión. La confianza no se construye únicamente con discursos o mensajes de optimismo, sino mediante señales claras, consistentes y sostenidas de estabilidad, certidumbre jurídica, seguridad y racionalidad económica.
México necesita crear condiciones para crecer más rápido y de forma sostenida. Ello requiere impulsar inversión privada nacional y extranjera, infraestructura logística, energía suficiente y confiable, simplificación regulatoria, seguridad pública y certeza jurídica. Los mercados necesitan claridad sobre cómo se reducirá el déficit y cómo se estabilizará la trayectoria de deuda pública en los próximos años. Esto implica disciplina en el gasto corriente, mayor eficiencia presupuestal y priorización de inversión productiva.
De igual manera, México necesita manejar con prudencia, objetividad y visión estratégica su relación con Estados Unidos. En el contexto de la revisión del T-MEC, resulta indispensable evitar escenarios de confrontación o incertidumbre que puedan afectar las expectativas de inversión y comercio. Un manejo predominantemente político de la relación bilateral podría incrementar significativamente la percepción de riesgo.
La experiencia internacional demuestra que perder el grado de inversión tiene consecuencias profundas y prolongadas. Brasil perdió el grado de inversión con S&P en 2015 y más de una década después aún no logra recuperarlo plenamente. Las secuelas suelen incluir mayores tasas de interés, menor inversión, depreciación cambiaria y menores márgenes fiscales.
La conclusión es clara: México no pierde el grado de inversión por un trimestre débil o por una coyuntura temporal. Lo pierde si el mercado concluye que el país carece de una estrategia creíble para recuperar el crecimiento, fortalecer sus finanzas públicas y contener sus riesgos estructurales.