Más allá de las cifras económicas, los programas sociales y los logros de infraestructura, el discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 31 de mayo será recordado probablemente como la pieza retórica clave que redefinió los términos políticos bajo los cuales México respondió durante el resto de su sexenio a las presiones crecientes de Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico e infiltración criminal de nuestro sistema político.
En su mensaje, la presidenta enunció un nuevo posicionamiento estratégico, en el que convierte las recientes solicitudes estadounidenses de extradición contra políticos y funcionarios mexicanos en un acto de injerencia externa que atenta contra nuestra soberanía. Esta decisión revela un cambio abrupto de la lectura presidencial sobre la presente coyuntura.
Al parecer, para Sheinbaum, el principal riesgo que enfrenta el país ya no es que los grandes conglomerados criminales de México continúen fortaleciéndose, como ha sido la tónica desde 2008. Esto pasa a segundo plano. Ahora la prioridad de la presidenta es impedir que Estados Unidos (mediante sus acusaciones públicas, procesos judiciales e investigaciones criminales a miembros prominentes de su partido) pueda influir sobre la dinámica política interna del país.
El problema de este nuevo posicionamiento no radica en defender la soberanía nacional. El problema del nuevo enfoque es cómo será percibido fuera de nuestras fronteras. En Washington, pocos funcionarios prestarán atención a los detalles del discurso de Sheinbaum. Pero esos pocos que sí escucharán con interés el discurso presidencial son quienes forman parte de las agencias de análisis e inteligencia de la Casa Blanca y del Capitolio, que asesoran a quienes formulan las políticas hacia México.
Y el mensaje que recibirán es preocupante: cuando surjan acusaciones contra figuras políticas relevantes, la discusión en México se desplazará velozmente hacia la necesidad de proteger la soberanía nacional, en lugar de dirigirse hacia la necesidad de investigar los hechos contenidos en tales acusaciones; es decir, la soberanía nacional desplazará a la justicia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas como principios rectores de la actuación del Estado mexicano.
Sería exagerado decir que el mensaje de Sheinbaum provocará una crisis diplomática de largo alcance, pero también sería un error creer que pasará inadvertido.
Los discursos presidenciales funcionan como señales. No transforman la realidad, pero revelan cómo un gobierno interpreta esa realidad. Y lo que el pronunciamiento de Sheinbaum parece indicar es que su administración está dispuesta a asumir mayores niveles de tensión con Washington, si las instancias judiciales de su país consideran indispensable solicitar la extradición de políticos poderosos acusados de colaborar con el crimen organizado.
En México, esa estrategia reforzará la cohesión interna del oficialismo. Además, despertará sentimientos nacionalistas en algunos sectores de nuestra opinión pública, al presentar al gobierno como un campeón de la independencia nacional frente a presiones externas.
Sin embargo, tal estrategia también posee riesgos considerables.
El primero es para la propia presidenta Sheinbaum. Si futuras investigaciones estadounidenses generan evidencia sólida contra políticos mexicanos de alto nivel, entonces el gobierno de Sheinbaum podría estar cavando su propia tumba al defenderlos indirectamente (al cuestionar las motivaciones de los acusadores o al equiparar las acusaciones con conspiraciones o ataques externos de la ultraderecha). Ya le sucedió a Nixon con el caso Watergate o a Alberto Fujimori con el caso de Vladimiro Montesinos. En ambos casos, una vez que se destapó la cloaca y quedaron expuestas las tropelías y corruptelas de los personajes otrora protegidos por el manto presidencial, entonces se abrió la antepuerta del infortunio para ese par de presidentes.
El segundo riesgo, también grave y preocupante, es que este discurso de Sheinbaum termine por reflejar una estrategia de largo aliento en la que las acusaciones sobre corrupción o crimen organizado serán reinterpretadas sistemáticamente por el gobierno mexicano como ataques a la soberanía nacional. Esto erosionará gradualmente la confianza entre los gobiernos de ambas naciones y, con ello, la colaboración y coordinación entre ambos países se volverá más difícil. El problema de fondo no es, entonces, el discurso en sí mismo, sino lo que presagia: una desconfianza creciente entre México y Estados Unidos, pues ya no compartirán el mismo entendimiento del problema común de seguridad que enfrentan.
Decía Henry Kissinger que los líderes políticos suelen sobreestimar los riesgos internos y subestimar los externos, pues la cohesión partidaria puede recuperarse en el corto plazo, pero las relaciones estratégicas con la principal potencia del mundo son más difíciles de reconstruir.