Al parecer, la simulación, el fraude a la ley, la inequidad y el perdón antes que el acatamiento a la norma serán lo que prive en el proceso electoral que está a menos de tres meses de iniciar.

Y bien dice el viejo refrán: lo que mal empieza… o al menos no son buenas señales.

Durante esta semana seremos testigos de un desfile de personas que irán a registrarse ante la dirigencia de Morena para ser consideradas como “coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional”, así tal cual.

Cualquiera que sea el nombre que se les dé, todos sabemos que serán quienes aparecerán en la boleta el próximo 6 de junio como candidato o candidata de ese partido a alguna de las 17 entidades que renovarán su gubernatura.

La atención se centrará ahí como en los viejos tiempos del priismo, cuando lo importante era ser postulado por el tricolor, ya que eso era garantía de éxito hasta que dejó de serlo.

El priismo imponía las reglas, marcaba los tiempos y el ritmo como corresponde a los regímenes autoritarios, de manera que no es casual el espectáculo morenista que hoy observamos.

Las sucesivas reformas electorales, durante el llamado proceso de transición democrática, tuvieron en la equidad de la contienda un eje articulador, un tema central a resolver.

Se buscaba evitar que fueran el dinero, el abuso del puesto público, los recursos provenientes del erario o la movilización corporativa, entre otros, los factores que determinaran el triunfo de una fuerza política.

Se pretendía hacer efectiva una regla elemental de la democracia: que fuera la ciudadanía quien en elecciones libres y auténticas decidiera quién la representa y gobierna.

En esa búsqueda de equidad y derivado de la cerrada y cuestionada elección del 2006, en la reforma de gran calado del año siguiente —recordemos que en ella se instituyó un nuevo modelo de comunicación política— se delimitaron periodos para la selección de candidaturas y para las campañas, lo que derivó posteriormente hasta en reglas sobre el qué hacer, decir, ante quién y cuándo… como si la política conociera de esas reglas.

Lo que se quería evitar eran desventajas entre los contendientes, creando un sistema que propiciara lo que después se denominó coloquialmente “cancha pareja”, de manera tal que hasta los tiempos políticos de inicio y cierre de etapas fueran los mismos para todos; de no ser así, la sanción podría consistir en el retiro de una candidatura.

Se definieron tiempos para precampañas, “intercampañas” (SIC) y campañas, los mismos que varían dependiendo del cargo sujeto a la competencia y, además, los congresos estatales ajustaron algunos de ellos a sus propias condiciones siguiendo el patrón federal, pero algo sí les puedo asegurar: ninguno de estos plazos inicia en junio del año previo a la elección como hoy lo estamos viendo; en el mejor de los casos, este montaje tendría que estar sucediendo a fines de este año.

Y, como era de esperarse, para no quedarse atrás, los otros partidos han también soltado las amarras y, bajo la denominación de “coordinador del cambio y defensa de la familia”, el PAN y “defensores de México”, el PRI, han iniciado anticipadamente la selección de sus candidaturas.

Por si fuera poco, quien tiene la responsabilidad de definir el calendario electoral es el INE y eso ocurrirá después de septiembre, ya que formalmente hasta entonces iniciará el proceso electoral; para cuando eso ocurra, la realidad se le habrá adelantado.

Una vez más, los “sujetos regulados” habrán definido las reglas si la autoridad no dice algo.

Hacer cumplir esas normas siempre fue complejo, pero el primero que las rompió ostensiblemente fue López Obrador durante el proceso electoral 2023-2024, cuando detonó el trámite para decidir su relevo a la presidencia de la República con aquello de las “corcholatas”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral desestimó las quejas que denunciaban actos anticipados y otras fueron desechadas, ya que al calificarse la elección presidencial aún no habían sido resueltas.

Desde el primer momento me pareció que iba a ser muy difícil hacer cumplir las condiciones para regular el ritmo de la política; la razón es muy sencilla, es “contra natura” pedirle a un actor político que se silencie y que su exhibición pública solamente quede delimitada a determinados actos y en determinados momentos.

Pero, independientemente de mi parecer, era la regla que los propios contendientes, en su momento investidos de legisladores, se dieron y había que hacerla respetar.

Lo mismo sigo pensando ahora, hasta que la regla cambie. Como dije, lo que mal empieza...