En días pasados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la adjudicación de 37 contratos a 31 desarrolladores privados para construir nueva capacidad de generación eléctrica, principalmente solar y eólica. En conjunto, los proyectos suman 7,411 megawatts —cifra que supera la meta inicial de 6,500 MW— e implican inversiones cercanas a 7,400 millones de dólares. Se trata del primer ejercicio bajo el nuevo esquema de inversión mixta, en el que la empresa del Estado se asocia con el capital privado compartiendo inversión y riesgos. El volumen adjudicado equivale, en capacidad, a todo lo asignado en las subastas eléctricas del sexenio 2012-2018, luego de que durante la administración pasada este tipo de licitaciones se suspendiera.
Es, sin duda, una noticia positiva. La razón de fondo es sencilla: el Gobierno no cuenta con espacio fiscal, y la única forma realista de construir la infraestructura que el país necesita es a través de la inversión privada. El gasto discrecional, aquel sobre el que el Gobierno conserva margen de decisión, representa apenas 8% del PIB; el resto está comprometido. Cuidar las finanzas públicas es hoy particularmente relevante: dos de las tres principales agencias calificadoras ubican ya la deuda soberana a un solo escalón de perder el grado de inversión. En ese contexto, sin un alza en la recaudación, utilizar recursos públicos para financiar infraestructura en la que el sector privado está dispuesto a invertir, sin aumentar, presionaría innecesariamente las finanzas públicas.
La buena noticia es que el país sí cuenta con fuentes de financiamiento suficientes para estos proyectos. La banca opera con niveles de capital muy por encima de los mínimos regulatorios, y los recursos administrados por las Afores crecen a un ritmo acelerado gracias a la reforma de pensiones de 2020, que eleva de manera gradual la aportación a la cuenta individual de 6.5% a 15% del salario. En BBVA México estimamos que esa reforma llevará los activos administrados por las Afores de alrededor de 21% del PIB en la actualidad a cerca de 54% hacia 2040. El reto, entonces, no es la disponibilidad de recursos, sino su canalización hacia inversión productiva.
Aquí el anuncio de la CFE cobra una relevancia que trasciende al sector eléctrico. En las encuestas que hemos realizado en BBVA Research con asociaciones de parques industriales, el principal cuello de botella para atraer mayor inversión extranjera al país es la oferta de electricidad. La falta de capacidad de generación y transmisión se ha convertido en la restricción más citada por quienes buscan instalarse en México para aprovechar la relocalización de cadenas productivas. Al ampliar esa oferta, la adjudicación contribuye directamente a aliviar ese obstáculo. Más aún: el solo anuncio, al enviar una señal de certidumbre sobre la disponibilidad futura de energía, puede detonar inversión adicional, incluso antes de que se concluyan los proyectos.
El foco debe estar ahora en dos frentes. El primero es la pronta ejecución: que los contratos se firmen y los proyectos se construyan en los plazos previstos, sin la incertidumbre regulatoria que paralizó al sector en años recientes. El segundo es extender este tipo de esquemas mixtos a otras categorías de infraestructura prioritaria, en particular la carretera y la ferroviaria de carga, donde los rezagos también encarecen y limitan la actividad productiva.
Resulta igualmente deseable aplicar la misma lógica en Pemex. La única forma realista de revertir la caída en la producción de crudo, y aquí, de nuevo, la falta de espacio fiscal es determinante, es elevar la inversión en exploración y producción. Esa inversión, dada la restricción de las finanzas públicas y la delicada situación financiera de la propia empresa, tendrá que provenir en buena medida de manos privadas. Insistir en financiarla con recursos del erario sólo profundizaría las presiones sobre la deuda soberana que las calificadoras ya señalan.
Este anuncio representa una mejora clara frente a la administración anterior, en la que ni siquiera se contemplaba la posibilidad de inversión privada en infraestructura. Que el gobierno actual reconozca que el capital privado es indispensable constituye un cambio de fondo en la dirección correcta. Lo que sigue es convertir ese reconocimiento en ejecución, y extenderlo a los demás sectores donde el rezago de inversión amenaza con desperdiciar la oportunidad histórica que la relocalización ofrece a México, que debe ser hoy por hoy el país más atractivo para producir y exportar a los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo.