Las declaraciones de Donald Trump durante la cumbre del G7 en Francia no fueron una ocurrencia aislada ni un exabrupto de campaña. Fue un mensaje político, diplomático y comercial dirigido directamente al gobierno mexicano.

Por enésima ocasión, el presidente estadounidense afirmó que los cárteles controlan México, que el país ha perdido el control de partes de su territorio y que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta esa realidad con temor. Incluso llegó a señalar que “los cárteles controlan totalmente México” y que la mandataria mexicana es una mujer “muy buena”, pero “muy asustada”.

El problema para Palacio Nacional no es únicamente el agravio diplomático. Lo verdaderamente preocupante es que dichas afirmaciones ocurren en medio de la revisión del T-MEC, en momentos en que Trump también cuestionó abiertamente la utilidad del acuerdo comercial y llegó a afirmar que Estados Unidos estaría mejor sin él.

Desde luego, es un exceso esta declaración porque si alguien se ha beneficiado del tratado comercial, son las empresas y consumidores de Estados Unidos. La combinación es explosiva: narcotráfico, seguridad nacional y comercio aparecen cada vez más entrelazados en la narrativa de Washington.

Mientras el gobierno mexicano responde con comunicados, cifras optimistas y campañas propagandísticas sobre supuestas reducciones en los índices delictivos, la percepción en Estados Unidos es radicalmente distinta. La Casa Blanca mantiene la presión sobre México desde varios frentes: inteligencia, cooperación militar, combate al tráfico de drogas, migración y combate a la corrupción política vinculada al crimen organizado.

Desde principios de año, funcionarios de la administración Trump han sostenido que el avance mexicano es insuficiente y que los cárteles representan una amenaza equiparable a organizaciones terroristas.

Los números duros muestran una realidad compleja. México cerró 2025 con decenas de miles de homicidios dolosos, amplias regiones bajo disputa criminal y una creciente influencia de organizaciones delictivas en actividades económicas, políticas y sociales.

A ello se suma la presión derivada de la clasificación de varios grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Washington, una medida que amplía las herramientas legales y financieras para perseguir a quienes colaboren con ellas.

Por si fuera poco, el propio Trump ha reiterado en diversas ocasiones que su gobierno analiza acciones más agresivas contra los cárteles. Ya en enero había declarado que los grupos criminales “dirigen México” y que Estados Unidos pasaría de operaciones marítimas a acciones enfocadas en rutas terrestres del narcotráfico.

La narrativa de Washington se enfoca cada vez más en la presunta protección institucional que durante años permitió la expansión territorial y financiera de los grupos criminales. Ahí es donde aparece el verdadero riesgo para el régimen.

Las investigaciones abiertas en cortes estadounidenses, los testimonios protegidos, los expedientes de agencias de inteligencia y las indagatorias del Departamento de Justicia apuntan cada vez más hacia personajes de la vida pública mexicana. La presión no está concentrada únicamente en los líderes criminales, sino también en quienes habrían facilitado operaciones, brindado protección política o permitido el control territorial de regiones completas.

Por eso las declaraciones de Trump deben interpretarse más allá de la retórica. Forman parte de una estrategia de presión permanente que busca obligar a México a profundizar acciones contra estructuras criminales y sus presuntas redes de protección política.

La presidenta Sheinbaum enfrenta así uno de los dilemas más complejos de su administración. Por un lado, necesita preservar la soberanía nacional y evitar cualquier percepción de subordinación frente a Washington.

Por otro, requiere demostrar resultados contundentes para impedir que el tema de la narcopolítica se convierta en el eje dominante de la relación bilateral y marque la agenda política en México. La revisión del T-MEC camina por el tema comercial, pero se atora en el escritorio de Trump.

Mientras en México se insiste en la narrativa de que todo marcha bien y de que la estrategia de seguridad está dando resultados históricos, en Estados Unidos el discurso oficial apunta en dirección contraria: consideran que los cárteles siguen siendo una amenaza estratégica y que detrás de ellos existe una red de protección política que tarde o temprano deberá enfrentar consecuencias.

Por ello, la pregunta que comienza a escucharse en los corrillos políticos de ambos países ya no es si vendrán nuevas acusaciones o listas de presuntos narcopolíticos. La verdadera interrogante es cuándo ocurrirá el siguiente movimiento de Washington y hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para convertir sus amenazas en hechos concretos.

Porque después del G7 quedó claro que el presidente estadounidense no piensa retirar el dedo del renglón. Al contrario: acaba de elevar la presión política, diplomática y comercial sobre México a un nivel que no se veía desde hace décadas.