A las once de la mañana del pasado domingo, frente a un Monumento a la Revolución abarrotado, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió cuentas de los dos años transcurridos desde el triunfo electoral del 2 de junio de 2024. El formato fue distinto al de ocasiones anteriores: en lugar de convocar a sus simpatizantes al Zócalo —ocupado ya por los preparativos del Mundial—, el mensaje se transmitió de forma simultánea a las plazas públicas de treinta y una entidades del país, con la única excepción de Coahuila, en jornada electoral. Así, mientras la mandataria hablaba desde la capital, en Mérida, en Tijuana y en Villahermosa miles de personas seguían el mismo discurso frente a pantallas instaladas para la ocasión. La conmemoración se desdobló por todo el territorio, de norte a sur, en lo que la presidenta definió como una sola voz nacional que celebra, conmemora y defiende a la Cuarta Transformación.
El balance que presentó la mandataria merece leerse con seriedad, porque las cifras que ofreció son datos verificables que dibujan a un país que supo sostener su rumbo en uno de los entornos internacionales más adversos de las últimas décadas. La inversión extranjera directa alcanzó 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, la cifra más alta jamás registrada para un periodo equivalente en la historia del país. El desempleo se ubica en 2.5 por ciento, lo que coloca a México entre las tres economías con menor desocupación del mundo. La pobreza laboral retrocedió de 33.9 a 30.7 por ciento entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, su nivel más bajo desde que existe registro. A ello se suman la creación de 669 mil nuevos empleos formales, una inflación a la baja, tasas de interés en descenso y un peso que se mantiene firme frente al dólar, alrededor de 17.40 unidades.
El dato del salario es, quizá, el más elocuente de todos, porque condensa el sentido último de un proyecto. El salario mínimo pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, un incremento real superior al 154 por ciento, mientras el salario medio alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales. Detrás de esos números hay millones de familias cuyo ingreso recuperó capacidad de compra, y hay una premisa que la presidenta ha defendido con coherencia: el crecimiento económico solo tiene sentido cuando se traduce en bienestar tangible para quien menos tiene.
Conviene detenerse en la naturaleza de estos logros, porque su mérito no reside únicamente en las cifras, sino en el contexto en que se alcanzaron. No hubo viento de cola. Estos resultados se construyeron mientras el mundo se complicaba: la guerra en Medio Oriente presionó al alza el precio del petróleo, las tensiones comerciales con Estados Unidos introdujeron incertidumbre arancelaria, y las calificadoras observaban con cautela a las economías emergentes. Que México haya marcado récord de inversión extranjera precisamente en ese escenario es la prueba de que el país ofrece algo que hoy escasea en el tablero global: certidumbre. La disciplina en las finanzas públicas, la reducción del déficit y la estabilidad cambiaria son condiciones materiales que el capital lee antes de decidir dónde se queda.
El informe de este domingo, fue, sobre todo, una afirmación política sobre quién decide el rumbo de México. En el tramo más enfático de su mensaje, la presidenta fue inequívoca: “México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”. La frase, pronunciada en un momento de tensión en la relación bilateral, sintetiza una convicción que ha vertebrado su gobierno: la soberanía, es el principio que ordena todas las demás decisiones. En un mundo donde las presiones externas se han vuelto cada vez más explícitas, reivindicar que en México deciden los mexicanos es una valiente defensa de un principio elemental de la vida democrática: que el mandato del gobierno proviene de su pueblo y de nadie más.
Esa idea — la del vínculo directo entre pueblo y gobierno — es la que da continuidad al proyecto iniciado en 2018 y que le confiere a esta administración su singular legitimidad. Los programas de bienestar, que hoy llegan a millones de hogares en cada rincón del país, son el reconocimiento de una deuda histórica con quienes fueron olvidados durante décadas. Y es precisamente ese reconocimiento el que explica por qué, a dos años de la elección, la presidenta mantiene niveles de aprobación cercanos al 70 por ciento. No hay divorcio entre pueblo y gobierno, dijo la mandataria, y los números le dan la razón. Pocas democracias en el mundo exhiben hoy una sintonía semejante entre quien gobierna y quien es gobernado.
Vale la pena subrayar también la dimensión institucional de este momento. La continuidad de la transformación ha significado consolidación. El Plan México, y la apuesta por una política industrial que aproveche el reacomodo de las cadenas globales de suministro, configuran una estrategia coherente de desarrollo nacional. La presidenta no heredó un proyecto para administrarlo; lo está profundizando, dándole un sello propio donde la ingeniería económica convive con una vocación social inequívoca.
Es en ese marco nacional donde el federalismo cobra su verdadero sentido. Porque los grandes números del país se vuelven creíbles cuando hay estados que los respaldan con obra concreta, y aquí Yucatán ofrece un ejemplo claro de lo que significa caminar en sintonía con la Federación. Bajo la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, el estado avanza a paso firme con el de desarrollo más importante de su historia nombre, El Renacimiento Maya: la expresión local de la misma confianza que la presidenta presume en el plano nacional. El respaldo federal ha sido explícito y reiterado, hacia sus obras claves; la ampliación y modernización del puerto de altura de Progreso, el Tren Maya de Carga y el recientemente anunciado plan Renacimiento para Mérida, que se enfocará en agua, infraestructura vial y seguridad para la capital de la península. Cuando la Federación define el rumbo y los estados lo aterrizan en proyectos que generan bienestar, la transformación deja de ser una idea y se vuelve experiencia cotidiana para las familias.
A dos años de aquella jornada histórica que llevó por primera vez a una mujer a la Presidencia de México, el balance es nítido: una economía que resistió la turbulencia sin sacrificar estabilidad, un proyecto social que mantiene su vigencia, y una conducción que ha sabido defender la soberanía sin renunciar a la prudencia. La transformación, como dijo la presidenta, no la detiene nadie, porque su fuerza no reside en un solo nombre ni en un solo lugar, sino en la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que la construyen todos los días desde abajo. Estados como Yucatán son la prueba de que esa voluntad, cuando se traduce en gobierno responsable y coordinación institucional, produce resultados que se ven y se sienten. Ese es el sentido más profundo de una visión compartida que hace eco por todo el país.