Como quiera que pensemos que debe ser el papel del gobierno y la iniciativa privada en el sector salud, debería haber un consenso en que una sociedad incapaz de garantizar servicios de salud de calidad para la población no está bien organizada.

El problema con el oficialismo es que existe gran evidencia de que en este ramo sus políticas públicas, hasta donde existen, están fallando. Dos asuntos han sido discutidos en los últimos días: los seguros y la garantía de recibir cuidado médico mínimo.

En cuanto a los seguros, el primer trimestre de 2026, los precios de las pólizas subieron entre un 20 por ciento y un 75 por ciento. Los adultos mayores de 65 años son los más afectados, con pólizas que pueden superar los $300,000 pesos anuales. Esto parece excesivo.

Por eso se propuso una reforma que buscaba reducir costos, mejorar los tiempos de respuesta a los clientes, establecer sanciones por abusos y combatir la opacidad en las pólizas.

No obstante, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados congeló la discusión de esta reforma integral destinada a regular y combatir los abusos de las aseguradoras en México, particularmente en el ramo de gastos médicos.

El dictamen fue retirado de la agenda debido a la existencia de dudas sobre su impacto fiscal y la necesidad de un análisis más profundo sobre su viabilidad financiera. Esta revisión de su pertinencia parece una buena idea siempre y cuando el objetivo sea lograr el difícil equilibrio entre el interés de los derechohabientes y la salud financiera y empresarial de las compañías que proveen los servicios.

Por ahora, la discusión se ha pospuesto de manera indefinida.

La reforma fue impulsada como respuesta al alto número de quejas registradas en instituciones como la CONDUSEF, donde empresas como GNP, Quálitas y Chubb suelen concentrar un volumen significativo de reclamaciones. La cuestión es esencial y requiere de una gran discusión.

Si este asunto requiere del concurso de la iniciativa privada y el gobierno, hay otros puntos en que el oficialismo parece estar fallando por sí mismo. La reciente intervención de la Ministra Lenia Batres para defender su voto en contra de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al IMSS a proporcionar una serie de insumos médicos necesarios para tener una vida digna, bajo el argumento de que el instituto no cuenta con la “capacidad financiera y material” para hacerlo de forma generalizada.

Por mayoría de votos, la SCJN declaró inconstitucional el artículo 42 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, el cual excluía explícitamente la entrega de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, prótesis y órtesis.

Con esta resolución, el IMSS estaría obligado a garantizar y costear estos dispositivos médicos, especialmente para menores de edad con discapacidad.

Lenia Batres fue la única ministra en votar en contra, señalando una “lógica presupuestal”. Argumentó que imponer esta obligación sin un análisis técnico previo sobre el presupuesto y la infraestructura del IMSS podría generar un impacto financiero insostenible para la institución.

A pesar del voto disidente de Batres, la sentencia tiene efectos generales, lo que significa que el beneficio no es solo para quien puso el amparo, sino que sienta un precedente para que cualquier derechohabiente pueda exigir estos apoyos.

La postura de Batres parece curiosa pues se aleja del supuesto humanismo que enarbola el oficialismo. La preocupación aumenta debido a que la Ministra podría tener mayor influencia en el futuro cercano. Lo que es cierto es que es hora de poner orden en el sector salud.