Conforme se reduce la incertidumbre del conflicto en Irán, los precios de la gasolina deberían corregirse, aunque en muchos países esto no sucederá tan rápido o podría no ocurrir de plano. En aquellos lugares donde el precio es más o menos libre y opera bajo una lógica de libre mercado, los consumidores han enfrentado aumentos dramáticos durante meses. Sin embargo, a medida que el conflicto bélico empieza a disiparse, los precios al consumidor empiezan a bajar, aunque sea poco a poco. En países con fuerte intervención, sin embargo, la lógica de mercado se encuentra distorsionada por intervenciones directas e indirectas del gobierno que, por un lado, han asegurado un menor precio para cierto tipo de hidrocarburos durante la crisis, pero que, por otro, pudieran estar generando conductas extrañas en los agentes de mercado hacia futuro.

Por un lado, está la intervención impositiva, que es normal en este tipo de mercados. En el caso de México, sin embargo, el tema impositivo también es usado como mecanismo de conducta. En este caso, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto federal que forma parte del precio final de cada litro de gasolina, pero lo que lo hace único es que el gobierno lo usa de manera contracíclica: cuando el precio internacional del petróleo sube, el gobierno reduce o elimina el IEPS mediante estímulos fiscales para evitar que el alza se transfiera al consumidor; pero cuando el precio del petróleo baja, el gobierno permite que el IEPS se cobre completo, aumentando su recaudación. Esto genera que en nuestro país a veces paguemos menos y a veces paguemos más de lo que en una situación normal se pagaría. Cuando pagamos de menos, el subsidio no es gratuito, porque lo pagamos todos con nuestros impuestos: esto impacta de manera importante el déficit fiscal.

Adicionalmente, el gobierno ha decidido establecer una serie de pactos “voluntarios” con la gran mayoría de los grupos gasolineros para que la gasolina Magna no rebase los 24 pesos por litro. Este acuerdo fue renovado en marzo de este año, con lo que la Magna no ha subido de precio, pero, por otro lado, la gasolina Premium y el diésel sí han subido de manera muy importante y de manera “libre”, con lo que ya hay estaciones que los venden por arriba de 30 pesos el litro. A estos el gobierno ya los está amenazando por sus “precios exagerados”. Este tipo de acuerdos podría estar generando falta de competencia y distorsiones en los mercados, lo que pudiera ameritar la intervención de la Comisión Nacional Antimonopolio para revisar su funcionamiento y alcance.

El riesgo más grave de estas distorsiones es que, al no funcionar correctamente el mercado, se generan incentivos que afectan la conducta de los agentes actualmente y a futuro. No hay señales reales de precio. Tanto los consumidores como los diferentes participantes en la cadena productiva tienen que tomar decisiones con información que no es real, y puede haber muchos incentivos perversos. Por ejemplo, al subir de manera mucho más dramática la Premium que la Magna, los consumidores probablemente no tengan incentivos para cambiarse a un auto con mejor tecnología, lo que nos llevará a tener una flota de autos viejos que consuman una gasolina de peor calidad y que contaminen más: un efecto ambiental y tecnológico que no se está midiendo. Por otro lado, el riesgo para el erario es un costo fiscal que no se logra dimensionar del todo. Si bien muchos han calificado el sistema como regresivo u opaco, la realidad es que no se sabe bien qué es lo que está generando en términos de recaudación, por el efecto también en IVA e ISR.

Los precios bajos de Magna pudieran ser populares y han beneficiado a ciertos grupos, pero la situación podría revertirse cuando los precios bajen en todo el mundo y esto no suceda en el país. En general, la falta de seguridad jurídica y transparencia en todo el esquema de incentivos y mecanismos de intervención en estos mercados ha generado una conducta errática de las empresas e incluso de los funcionarios gubernamentales, y se prevé un gran reto una vez que la incertidumbre y los conflictos internacionales se reduzcan. El Banco Mundial ha documentado como los subsidios a combustibles han desplazado consistentemente el gasto social en países en desarrollo, afectando el gasto en salud o educación para beneficiar a conductores de vehículos. El uso de los subsidios y manipulación de precios como instrumento de política macroeconómica y social puede ser una zona de riesgos fiscales, económicos, distributivos, ambientales y de competencia. Se debe tener especial cuidado.