El mensaje que el presidente Donald Trump envió al mundo la semana pasada, durante la cumbre política y económica más importante del planeta, la reunión del G7, resulta política y estratégicamente demoledor: México está controlado por los cárteles de la droga.

El problema que arroja el comentario es aún más complejo si se analiza desde la perspectiva de dos circunstancias que orbitan alrededor de la agenda política nacional: la revisión sexenal del T-MEC y la cercanía del proceso electoral del próximo año, del que afortunadamente acaba de disociarse la contienda por la ocupación del cincuenta por ciento de las plazas del Poder Judicial de la Federación.

El hecho de que se acuse a México de encontrarse capturado por la delincuencia organizada impone al gobierno de la República y a sus negociadores en las mesas de revisión del tratado una carga anímica y política descomunal, pues deslegitima a los interlocutores y los coloca en una posición particularmente vulnerable para defender aquellos aspectos económicos asociados al acuerdo que sí pueden significar una consideración especial para la preservación de la soberanía nacional.

La coyuntura elegida por nuestros socios comerciales es incómoda, pues se relaciona materialmente con la captura de narcotraficantes y personajes políticos a ellos ligados, a través de pruebas que se han administrado con rigor en procesos abiertos ante las cortes de los Estados Unidos de América, de los que el país mismo no debe formar parte.

A la presidenta se le coloca entre la espada y la pared, pues las investigaciones apuntan hacia integrantes del primer círculo de la administración pasada, comprometiendo al movimiento y a su llamada Cuarta Transformación, al mismo tiempo que en el ámbito interno se le exige asumir una postura de respaldo hacia la familia del expresidente y sus allegados, en un contexto donde la figura de la revocación de mandato puede estar siendo utilizada como un mecanismo de presión política.

Todas las alarmas se han encendido al mismo tiempo y demuestran que la aeronave pierde altura.

En este tramo del mandato de la primera presidenta de México, que aún no alcanza siquiera su primer tercio, decirlo no es poca cosa.

Ha llegado el momento de asumir posiciones clave que resultan determinantes para el futuro del país.

La debilidad del gobierno se refleja en la revisión de un tratado que para México resulta vital.

La conservación de cadenas productivas altamente demandantes de mano de obra, íntimamente ligadas al desarrollo económico nacional, así como la protección de la soberanía sobre el subsuelo y sobre la generación de energía, sin dejar de mencionar la preservación de la exportación agropecuaria, están todas en juego.

La posición de las piezas obliga a un enroque que permita proteger, en este caso, a la reina. Muñoz Ledo lo dijo en su momento: los acuerdos no son heredables.

La forma de ganar legitimidad en la mesa de diálogo y revisión del acuerdo internacional es mediante la aplicación de la ley en el terreno nacional.

Ante las evidencias, las investigaciones ya no son suficientes; la situación demanda el ejercicio puntual de la acción.

Es equivocada la idea de que las amenazas propaladas la semana pasada tengan un propósito exclusivamente electoral, conforme al calendario político norteamericano, y que por ello puedan desdeñarse.

La postura del Partido Republicano ha dejado suficientemente claro que espera alinear los intereses de Latinoamérica con los de los Estados Unidos, y en ese cajón estamos nosotros.

Si queremos preservar la riqueza del país —la que generan el subsuelo y los yacimientos de gas y petróleo de la región del Golfo de México— y dar cabida a empresas mexicanas capaces de participar en la generación y comercialización de energía, entre otros sectores estratégicos, es indispensable corregir con firmeza el rumbo y desprenderse de los lastres que atan a México a su pasado reciente.

Ojalá que la recapitulación del rumbo y la persecución efectiva de la criminalidad, con pleno respeto a los derechos humanos, puedan traducirse en ejemplos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la población, del mismo modo en que El Salvador comienza a encontrarlos.

En el momento que atraviesa nuestro país, quizá constituye un ejemplo de lo que, al menos en materia de combate a la criminalidad, debe empezar a hacerse.