Ha transcurrido una cuarta parte del sexenio. Con la evidencia estadística aportada por el INEGI, es posible hacer un diagnóstico sobre el desempeño de la economía en el tema que más impacta al bienestar de la población: el empleo. Veamos tres ángulos.

Primero: menos trabajadores y ocupación congelada. A pesar de que crece la población en edad de trabajar, que se amplió de 101.6 millones a 104 millones de habitantes mayores de 15 años (2.4 millones más) entre el tercer trimestre de 2024, justo antes de que iniciara el actual gobierno, y el cierre del primer trimestre de 2026, la Población Económicamente Activa disminuyó en ese periodo en 257 mil personas.

Mientras tanto, la población no económicamente activa, la que está en edad de trabajar pero no se incorpora al mercado laboral, creció en 2.7 millones de personas. Así, la tasa de participación (la población activa sobre la que está en edad de trabajar) disminuyó de 60.4 por ciento a 58.7 por ciento. Es una mala noticia.

En ese entorno de contracción de la oferta de trabajo —recuérdese que son las familias quienes ofrecen su fuerza de trabajo y las empresas quienes la demandan y pagan por ella—, la ocupación total se mantiene congelada, en la cifra de 59.5 millones de personas: en lo que va del gobierno se obstruyó la creación de empleo. Una noticia aún peor.

El factor más abundante en la economía mexicana, el trabajo, ha frenado su expansión e incluso disminuye en el primer año y medio de gobierno: un desperdicio de recursos disponibles cuando la demografía exige generar empleo de calidad con rapidez.

Segundo: continúa el deterioro de la calidad del trabajo y se destruye empleo formal. El hecho de que se estanque la cantidad de puestos de trabajo podría sugerir que, al menos, mejorase la calidad en la ocupación, mas no es así.

Persisten altos niveles de exclusión en el acceso a servicios de salud para los trabajadores —a lo que tienen derecho de acuerdo con la ley laboral— e incluso se exacerban.

Antes del arranque del gobierno, tenían acceso a las instituciones de salud por su ocupación 39.6 por ciento de los trabajadores y, al concluir el primer trimestre de 2026, sólo 39.1 por ciento.

En términos absolutos, un cuarto de millón de trabajadores perdió la prestación de acceso a la salud, evidencia inequívoca del deterioro de las condiciones en el empleo.

A la vez, la tasa de informalidad laboral, en vez de reducirse como es deseable, llega a repuntar: este gobierno recibió una informalidad de 59.5 por ciento y ahora es de 59.6 por ciento.

Con el empleo total congelado, que crezca la ocupación informal necesariamente implica que se destruyen puestos de trabajo formales.

En el tercer trimestre de 2024 había 32 millones 534 mil personas ocupadas en la informalidad; ahora son 33 millones, y como la ocupación total apenas aumentó en 24 mil trabajadores, el saldo neto es la destrucción de más de 440 mil puestos de trabajo formales.

Por lo anterior, resulta burdo que se presuma de una tasa de desempleo reducida: en México la desocupación es baja porque, al no haber seguro de desempleo, la informalidad es muy elevada. Ser un desempleado formal es un lujo que muy pocos pueden darse.

Tercero: la ocupación no va a los empleos más productivos. Con el nivel agregado de empleo en franco estancamiento, es oportuno ver su composición sectorial.

Las actividades primarias, a pesar de los programas sociales para mantener la ocupación en tareas agrícolas, pierden empleo a ritmo acelerado: 720 mil trabajadores menos (una caída del 12 por ciento).

El empleo en el sector secundario, el de la transformación, donde se suelen ubicar las actividades de mayor valor agregado, no ha crecido un ápice este sexenio.

Si bien en la manufactura se crearon 78 mil empleos, se destruyeron 37 mil en la industria extractiva y de la electricidad y se perdieron 42 mil en la construcción.

Si la deficiente infraestructura y la escasez de oferta eléctrica son dos cuellos de botella para el desarrollo, la caída del empleo en esas ramas evidencia que el retroceso continúa.

El sector terciario absorbió a 700 mil trabajadores: de los que 203 mil se sumaron al comercio al por menor, 260 mil a actividades de transporte, correos y almacenamiento, y 124 mil a alojamiento y preparación de alimentos y bebidas.

Cada vez pesa más el empleo en tienditas, de repartidores y en fondas: esa ocupación es sinónimo de precariedad laboral.

En materia de empleo estamos en un sexenio perdido.