México y Colombia comparten problemas graves, principalmente la desigualdad y la pobreza, el narcotráfico y la delincuencia.

Tanto el gobierno de la 4T como el de Gustavo Petro, en Colombia, lograron avances significativos en atenuar pobreza y desigualdad, pero no han tenido éxito semejante —ni podían tenerlo— en lo que toca a la inseguridad pública, ni han conseguido que la percepción social aprecie los avances logrados.

El asunto es relevante, porque a pesar de que el gobierno de Petro daba buenos resultados económicos y sociales, el domingo pasado ganó, en segunda vuelta y por 1 por ciento de diferencia en la votación, el candidato de ultraderecha que armó su campaña en torno a la promesa de orden y seguridad.

El papel que habrán jugado en este resultado electoral las clases medias, seguramente, fue relevante.

Abelardo de la Espriella, probablemente el próximo presidente de ultraderecha en Colombia, le gusta presentarse ante el mundo con lujo, presumir que viaja en avión privado porque, según él, es un mérito ser acaudalado; conforme a esa lógica, los pobres no merecen ni protestar por ser pobres.

“El defensor de la patria” —así hizo su campaña— no ha ocupado un solo cargo público, pero ganó con su discurso de mano dura para acabar con la crisis de inseguridad.

No fue la economía, ni que se detuvieran los avances en bienestar social por lo que perdió el candidato oficialista, sino por el voto de las clases medias que, ante la inseguridad, se inclinan por quien promete restablecer el orden.

Colombia fue objeto de la “ayuda” militar estadounidense en el combate al narcotráfico con el Plan Colombia, que operó entre el año 2000 y 2016.

Hoy por hoy, Colombia es el primer productor mundial de cocaína, según la ONU, y uno de los más violentos de la región.

Según la Fundación Insight Crime, en 2025, murieron en Colombia 25.8 personas por cada 100 mil habitantes a causa de homicidios dolosos; de acuerdo con la misma Fundación, en México, el registro fue ese año de 15.4 víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes.

Washington debe haber contribuido de muchas maneras al triunfo del candidato de la derecha, pero una muy visible y efectiva fueron las constantes referencias de Donald Trump acusando a Gustavo Petro de ser cabeza de grupos de narcotraficantes.

No importa que tales afirmaciones no se sometan a pruebas que las sustenten; lo que interesaba al mandatario estadounidense es el efecto mediático en la conciencia social, particularmente de las clases medias.

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Colombia, Trump repitió acusaciones contra Petro.

La elección colombiana se inscribe en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos 2025, que contiene, en relación con América Latina, su peculiar versión de la doctrina Monroe.

Desde 2023, candidatos de derecha han ganado 12 de 15 elecciones presidenciales, en las que las clases medias han jugado un papel importante.

Las clases medias suelen actuar como un “electorado bisagra”. Cuando perciben oportunidades de ascenso y estabilidad, pueden apoyar proyectos progresistas; son clases que votan por gobiernos conservadores cuando perciben incertidumbre —como la que genera toda transformación progresista—, sea en materia económica, de inseguridad pública o de inestabilidad o incapacidad institucional para mantener el orden.

Por eso es útil considerar la orientación política de las clases medias como uno de los mejores indicadores para anticipar cambios de gobierno en las democracias contemporáneas.

La 4T, con López Obrador al frente del gobierno, no tuvo una narrativa atractiva para las clases medias y sí, en cambio, hostilidad a sectores como los artistas, científicos, médicos, empresarios “en general”, periodistas.

Grupos de las clases medias mexicanas están inquietos por el bajo crecimiento de las inversiones y empleos, por la inseguridad pública, por la percepción de que la corrupción no ha bajado, sino que “está peor que nunca”, y por la sensación de debilidad del gobierno ante gremios que, con independencia de la validez de sus reclamos, como los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o de los transportistas, provocan enormes molestias y pérdidas económicas con sus manifestaciones.

A los problemas internos —con su cauda de desorden real y percibido— les da seguimiento puntual la estrategia de Washington para sumar a México en el estándar de gobiernos de derecha en la siguiente elección presidencial.

Insistir en que México está gobernado por el narcotráfico es poner en duda la capacidad del Estado para hacer frente a los poderes legales e ilegales, y hacerle sentir a la sociedad vulnerable frente a cualquiera de ellos.

Los señalamientos de Trump sobre la presidenta Sheinbaum, “atemorizada y paralizada” por el crimen organizado, tienen un efecto atemorizante en las clases medias, que es el que busca el mandatario estadounidense.

Le urge al gobierno mexicano establecer un vínculo de identidad con las inquietudes de las clases medias, como lo tiene con las clases populares y con los intereses de las grandes empresas, para asegurar que la elección del próximo gobierno sea un asunto soberano y no resultado del injerencismo estadounidense.