Jennifer Krystel Castillo Madrid fue ratificada este miércoles como nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en sustitución de Armando Ramírez Sánchez.

La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue avalada por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención.

Fiscalistas consultados por este medio, que solicitaron el anonimato, consideraron que el relevo en la Administración General de Grandes Contribuyentes, junto con el traslado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, refleja una intención de mejorar la supervisión del Ejecutivo sobre áreas estratégicas de la autoridad fiscal.

Castillo Madrid forma parte del grupo de funcionarios cercanos a la secretaria de Energía, Luz Elena González, ya que hasta su nombramiento en el SAT, Jennifer se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia.

Durante la gestión de Luz Elena al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Jennifer se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos y llegó a fungir como presidenta suplente de Luz Elena González en el Comité de Transparencia de esa dependencia, cuando González era titular de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.

Castillo Madrid cuenta con 18 años de experiencia en la administración pública. Ha ocupado cargos en las secretarías de Administración y Finanzas y de Educación de la Ciudad de México, así como en la Oficialía Mayor capitalina y en la Secretaría de Energía.

Es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública y formación especializada en derecho tributario, auditoría y finanzas. Actualmente es candidata a doctora en el área de finanzas.

Promete agilizar devoluciones y auditorías del SAT

Durante su comparecencia ante legisladores, Castillo Madrid presentó una agenda orientada a agilizar los procesos de fiscalización y mejorar la atención a los contribuyentes.

Entre sus principales propuestas destacan la reducción de los tiempos de devolución de impuestos, una mayor rapidez en la resolución de auditorías, consultas y autorizaciones, así como la modernización de los mecanismos de control y fiscalización.

La próxima titular de Grandes Contribuyentes aseguró que fortalecerá los criterios de programación de auditorías para concentrar los esfuerzos de revisión en actividades consideradas de alto riesgo fiscal.

“No se pretende realizar auditorías excesivas a contribuyentes ni generar actos de molestia innecesarios”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, planteó evitar auditorías simultáneas a un mismo contribuyente y limitar los requerimientos de información a muestras representativas de la documentación necesaria para las revisiones.

También propuso uniformar los criterios de fiscalización para otorgar mayor certeza jurídica a las empresas y personas sujetas a revisión.

Explicó que se garantizará el respeto a los plazos legales, a los procedimientos establecidos y a los tratados internacionales para evitar la doble tributación.

Asimismo, señaló que se respetarán los plazos de caducidad en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y que se buscará aplicar criterios homogéneos en las auditorías, sin efectos retroactivos de normas o interpretaciones.

La funcionaria consideró que estas medidas contribuirán a dar claridad en temas que frecuentemente generan consultas, como los relacionados con gastos de propaganda y publicidad.

Otro de los ejes de su propuesta es fortalecer la comunicación entre la autoridad fiscal y los pagadores de impuestos.

Para ello, planteó mejorar la claridad de los requerimientos de información y definir con mayor precisión qué documentación se solicita y la forma en que debe presentarse.

De acuerdo con Castillo Madrid, estas acciones permitirán incrementar la eficiencia operativa del SAT y reducir los tiempos de resolución de los procedimientos fiscales.

Entre los compromisos expuestos ante los legisladores destacó la reducción de tiempos en devoluciones, la eliminación de auditorías duplicadas y la aplicación de criterios homogéneos en las revisiones fiscales, medidas con las que busca otorgar mayor certidumbre jurídica a los grandes contribuyentes.