En México, cuando una persona desaparece, la familia no solo enfrenta el dolor y la incertidumbre. También enfrenta dos obstáculos: esperar… y pagar.

El caso de Edith Guadalupe lo exhibe con crudeza. Mientras la autoridad pedía esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, exigía dinero para hacer su trabajo. Dos mensajes contradictorios que revelan lo mismo: la ley no se aplica, se negocia.

Porque no, no existe ninguna norma que obligue a esperar 72 horas. Todos los protocolos, incluidos los de la ONU, establecen que la búsqueda debe ser inmediata. Cada minuto cuenta. Pero en la práctica, la espera se usa como excusa y el dinero, como condición.

La corrupción aquí no es menor. Antes, el imputado pagaba para evadir la justicia.

Hoy, la víctima paga para obtenerla. Se invierte la lógica y se profundiza la desigualdad: quien tiene recursos presiona; quien no, se queda esperando.

Esto no es solo una falla administrativa. Es extorsión institucional. Porque cuando la autoridad condiciona su actuación a un pago, deja de cumplir su función y pone en riesgo la vida de las personas.

Pero hay algo aún más grave: esta práctica no solo retrasa la búsqueda, sino que construye impunidad desde el inicio. Cada hora perdida, cada protocolo ignorado, cada decisión condicionada debilita la posibilidad de encontrar la verdad y castigar a los responsables.

Hay otra dimensión que no podemos ignorar: la responsabilidad del Estado. No es solo que no actúe, sino que, cuando falla en las primeras horas, incumple su deber más básico de proteger la vida. Esa omisión también tiene consecuencias.

El problema es estructural: fiscalías que ignoran protocolos, que operan bajo incentivos equivocados y que solo actúan cuando la presión pública las alcanza.

Si la búsqueda depende del dinero y del tiempo que te obligan a perder, entonces la justicia dejó de ser un derecho. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es solo un caso. Es la vida de cualquiera.